Salvador Flores Durán
Oaxaca.- El presidente del ProOax, José Márquez Pérez, señaló que el gobierno del estado debe aclarar porqué finiquitó de manera tan apresurada y a unos meses de que termine la gestión de Gabino Cué Monteagudo, la deuda por la construcción de la Ciudad Administrativa, contraída con la empresa que encabeza Neftalí García Arango, propietario de la empresa tubos y Conexiones de Oaxaca, mientras que se adeudan a cientos de proveedores.
Acusó que nadie conoce quiénes son los socios de la empresa constituida en el sexenio de Ulises Ruiz exprofeso para la construcción de la Ciudad Administrativa y cuya deuda se pactó para pagarse a 15 años.
“Seguramente los socios de la empresa son los amigos e incondicionales de Ulises Ruiz, porque nadie sabe quiénes son y sólo Neftalí aparece como presidente”, señaló el presidente del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca, (ProOax), creado por el artista Francisco Toledo.
En entrevista, señaló que “no sabemos cómo se hizo esa operación, pero la empresa fue inventada y pusieron al frente a Neftalí de Tubos y Conexiones, quien era el presidente del Consejo de Administración, y el gobierno nunca dio a conocer ni informó sobre esa deuda”, recalcó.
Dijo que la construcción financiada mediante los Proyectos de Participación en Sociedad se deben hacer con empresas a las que se les exige amplia solvencia económica y moral y con años de demostrar su capacidad, pero “eso se hizo a un lado y se inventó una empresa, seguramente con los allegados al gobernador Ulises, ellos fueron los socios seguramente”.
La deuda estaba programada para pagarse a 15 años, y prácticamente se está liquidando a menor tiempo “no sé qué operación harían, ahora hay que ver en qué condiciones se hace la entrega de esos inmuebles”.
Consideró que el proceso para la liquidación de la deuda “es muy raro, deben dar una explicación sobre esta operación que estaba a través de una financiera de Banorte”.
Dijo que también comuneros de Tlalixtac de Cabrera ganaron una demanda porque una parte del terreno donde se edificó el complejo burocrático era propiedad comunal, “no sabemos cómo se hizo, seguramente con dinero, y les deben haber cobrado carísimo el terreno”.
Recalcó que el gobierno estatal debe explicar porque adelantan pagos que se supone estaba programados, y acusó que la operación inicialmente era por 358 millones de pesos, pero se infló para beneficiar a algunos amigos del exgobernador y terminó en 580 millones de pesos.
La construcción de la Ciudad Administrativa se convirtió en uno de los saqueos más notables al erario público en Oaxaca, de acuerdo con lo documentado por Tiempo de Oaxaca.
El proyecto original comprendía la edificación completa de la obra con un costo de alrededor de 355 millones de pesos y sería financiada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), y garantizada con las participaciones federales del estado.
Originalmente, sería la constructora canadiense Canam quien edificara por que ofrecía altos estándares de calidad, precio y garantía de entrega en tiempo, y contaba con la capacidad técnica para encabezar el proyecto.
A pesar de que el financiamiento ofrecido por la banca federal era casi tres veces más barato que los de la banca múltiple, en cuanto a las tasas de interés y las facilidades de pago, pero el entonces secretario de Finanzas en el gobierno de Ruiz Ortiz, Miguel Ángel Ortega Habib, detemrinó que la obra se realizara mediante el sistema de Proyectos de Participación en Sociedad (PPS).
Así, determinó que el financiamiento y la construcción de la obra con una empresa privada que edificaría con recursos propios, se haría a cambio de pagar una contraprestación, por un lapso no menor a 15 años.
Para ello los amigos de Ruiz Ortiz constituyeron una empresa constructora encabezada por Alberto Neftalí García Arango, propietario de “Tubos y Conexiones”, operación en la que se presume participó Bulmaro Rito Salinas, titular del Coplade en ese entonces, la cual serviría, ex profeso, para la construcción de la Ciudad Administrativa.
Para ello el Congreso del estado al servicio de Ruiz Ortiz, reformó la Constitución local, la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Enajenaciones y Servicios del Poder Ejecutivo, la Ley de Presupuesto, Gasto Corriente y Contabilidad, y la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal para adecuar el marco jurídico local para la contratación formal de la obra citada.
El decreto de autorización para la obra comprendía que los pagos se realizarían con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, para cada uno de los ejercicios fiscales, durante la vigencia del contrato y, en su caso, de la prórroga.
La empresa encabezada por Neftalí García Arango, amigo cercano de Rito Salinas, firmó un contrato con el Gobierno del estado que contemplaba el financiamiento privado de la construcción de la Ciudad Administrativa y su administración durante 15 años, a cambio de que la administración estatal pagará una suma global, superior a los mil 300 millones de pesos.
A su vez, la constructora de García Arango contrató un crédito con el Grupo Financiero Banorte por 355 millones de pesos para realizar la obra, y aún pagando a Banorte el doble del monto por concepto de intereses, al finalizar el contrato por 15 años, de todos modos habría ganado, libres de todo compromiso, unos 600 millones de pesos, de acuerdo con la investigación publicada en Tiempo de Oaxaca por el periodista Adrián Ortiz Romero Cuevas.
La Ciudad Administrativa todavía carece de espacios de estacionamiento, guardería, escuelas primaria y secundaria, sistema de tratamiento de aguas residuales y al menos una clínica capaz de brindar los primeros auxilios en una emergencia médica.
Lo más grave, es que hasta el momento ninguna instancia fiscalizadora del Poder Ejecutivo del Estado, ni del Congreso del Estado, o la Auditoría Superior de la Federación, ha volteado los ojos para indagar las no pocas irregularidades jurídicas, financieras y técnicas de la construcción de la Ciudad Administrativa.
Este lunes, el gobierno del estado informó que “como resultado de la política de austeridad implementada por la administración del Gobernador Gabino Cué Monteagudo, así como del manejo responsable y eficiente de los recursos públicos, el Gobierno de Oaxaca -a través de la Secretaría de Finanzas- suscribió este lunes la Firma del Finiquito con la empresa Sociedad de Objeto Específico (SOE), que ampara el pago total del complejo de Ciudad Administrativa “Benemérito de las Américas”, ubicado en el municipio de Tlalixtac de Cabrera.
Señala que el Gobernador Gabino Cué fue informado por el Secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, respecto a la liquidación del adeudo que el Gobierno del Estado mantenía desde el ejercicio fiscal 2005 con la empresa SOE, fecha en que se firmó un contrato por la construcción de Ciudad Administrativa, por un monto total de 1,116.4 millones de pesos.
“Sin embargo, aun cuando el plazo estipulado con la empresa constructora se fijó a un plazo de 15 años, el Gobierno del Estado de Oaxaca realizó prepagos anticipados a través de mensualidades de poco más de 9 millones de pesos, con la finalidad de reducir intereses y cubrir la deuda total en casi seis años, generando un ahorro para las finanzas estatales por casi 800 millones de pesos”, señala el comunicado oficial.
Con ello, señala que el complejo de Ciudad Administrativa –inaugurado el 4 de abril de 2008- “forma parte de los bienes patrimoniales del Gobierno del Estado de Oaxaca, sin que se mantenga ningún endeudamiento por la contratación de servicios de este importante inmueble, donde laboran poco más de 4,500 trabajadores”.
Cué Monteagudo celebró este logro que –dijo- es resultado del manejo responsable y transparente de los recursos públicos, así como de la adecuada política en materia de transparencia y rendición de cuentas.
“Sostuvo que para su administración, uno de los mayores compromisos es la rendición de cuentas y transparencia gubernamental para hacer un uso honesto de los recursos del pueblo de Oaxaca; por lo que desde el inicio de su gobierno, se planteó como objetivo implementar una política multianual de racionalidad, austeridad, disciplina financiera y presupuestal”, detalló.
Ciudad Administrativa cuenta con 43,532.454 m2 de construcción sobre un terreno irregular de 30,292.89 m2 ubicado en la Carretera Internacional Oaxaca – Tehuantepec Km 11.5, San Miguel, Segunda Sección, Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca.
“La inversión de esta magna obra supera los mil millones de pesos y consta de modernos equipos que hacen más eficiente la labor de los trabajadores del gobierno estatal para ofrecer servicios de calidad a los oaxaqueños”, indicó.