*El propósito es evitar la contaminación del medio ambiente
El Gobierno del Estado de Oaxaca, a través del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable (IEEDS), implementa el Programa de Administración de Justicia Ambiental en la entidad, con la finalidad de evitar la contaminación del medio ambiente y contribuir al derecho de toda persona a un ambiente sano, dio a conocer la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA).
Al respecto, la directora general del Instituto, Helena Iturribarría Rojas, afirmó que durante su administración se han realizado 672 visitas de inspección ambiental y se han atendido 477 quejas ciudadanas. Aunado a ello, en este año, se ejecutaron 83 visitas de inspección de obras, así como actividades que afectan directamente el entorno ambiental, derivándose de ellas 20 resoluciones administrativas en las que se aplicaron multas por más de 6 millones de pesos; así como la imposición de 11 clausuras de obras que afectaron al medio ambiente.
“En este año se han recibido 90 denuncias ambientales, entre las que destacan bancos de materiales pétreos, funcionamientos de tiraderos clandestinos, así como construcciones de gasolineras y fraccionamientos”, sostuvo Iturribarría Rojas.
De acuerdo con el IEEDS, durante las visitas y en caso de constatar afectaciones al medio ambiente, la dependencia determina medidas correctivas de urgente aplicación con el propósito de resarcir los impactos ocasionados tales como la sofocación de incendios, recolección de residuos sólidos, saneamiento de sitios, así como la colocación de dispositivos para reducir las emisiones a la atmósfera, entre otras más.
En ese sentido, Helena Iturribarría, aclaró que tras recabar diversas denuncias y llevar a cabo recorridos ambientales, se detectaron diversas obras y actividades que no son competencia del Estado, entre ellas: la extracción de arena y grava dentro de ríos y arroyos, descargas de aguas residuales, así como la inadecuada disposición de residuos peligrosos y generación de polvos y ruido. Éstos son turnados a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) o Municipios del Estado a fin de que se brinde la atención correspondiente.
