* El respaldo de grupos de presión… que después serán contraproducentes

Adrián Ortiz Romero Cuevas
Oaxaca.- La alianza que hubo entre el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 del SNTE de 1992 a mediados de julio pasado, debe dejarnos a todos —gobierno y sociedad— una enorme lección relacionada con la gobernabilidad: que ninguna “sociedad”, por muy provechosa que pueda ser en el corto plazo para el régimen, puede y debe realizarse con grupos organizados y gremios para obtener un respaldo social, pues esto termina con el sometimiento del gobierno y de la gobernabilidad. Esta es una lección importante ahora que el gobierno ha recibido el respaldo de varios sindicatos y organizaciones, para la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO).

En efecto, si Oaxaca es famoso por su intrincada forma de abordar y resolver sus problemas políticos, y hasta se dice que somos tan enredados que hasta el queso hacemos bolas, todo lo relacionado con el CCCO no es la excepción. Desde hace un año el gobierno deslizó una propuesta para construir un centro de convenciones en la capital oaxaqueña, y por medio de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, dedicó meses a realizar una campaña de “socialización” selectiva, representativa y meramente testimonial, con la que intentó cubrir el requisito del legitimidad y respaldo social que se supone que debe tener cada obra que incida en la vida y bienestar de la ciudadanía oaxaqueña.

Las adversidades no se hicieron esperar. La propuesta fue fuertemente rechazada por al menos tres razones: primera, porque se “socializaba” sin que la dependencia ejecutora tuviera cubiertos todos los elementos técnicos y administrativos del proyecto; segunda, porque la ubicación de la obra era polémica por su cercanía con una zona natural protegida, y había dudas de que el proyecto pudiera incluir espacios incluidos dentro del polígono declarado como reserva ecológica; y tercera, por el evidente conflicto de interés que existe entre el impulso del proyecto de infraestructura más importante para la capital oaxaqueña en los últimos tiempos, y el Hotel Victoria —como único “vecino”, que tendría el CCCO—, que es propiedad del funcionario que encabeza los trabajos de planeación, ejecución y “socialización” del proyecto.

Como si eso no fuera suficiente, resulta que fue el pintor Francisco Toledo quien tomó la batuta de la oposición no al proyecto, sino a la zona en que se pretende construir, y eso generó una situación más compleja para el gobierno. Éste se vio urgido de respaldo social, frente al aluvión de cuestionamientos y críticas al proyecto —en Oaxaca, y en el país—, que la sola presencia del maestro Toledo trajo aparejados.

En esta situación, no es cuestionable que el gobierno estatal haya buscado apoyos, más bien, lo cuestionable es con quién se está aliando para demostrar respaldo social a su insistencia de construir el Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín.

ALIANZAS PERVERSAS

Por eso justamente vale la pena revisar lo que hicieron administraciones anteriores en el gobierno estatal, para según obtener legitimidad frente a las organizaciones sociales. El caso más evidente es el del gobernador Heladio Ramírez, que para garantizar la paz en el último tramo de su gobierno, entregó la educación a la Sección 22 del SNTE.

¿Qué ocurrió? Que sí, la paz prevaleció en Oaxaca mientras el gobierno fue generoso con el magisterio; pero fue irremediable que éste último, como gremio, comenzó a exigir más. Así, la concordia se convirtió en chantaje, y entonces el gobierno terminó sometido a las presiones del magisterio para evitar el estallido social.

Por eso, al menos en los últimos tres lustros, la relación entre el gobierno y la Sección 22 ya no fue de concordia o de entendimiento, sino más bien de condicionamientos, de amagues y de sacrificios sociales y económicos a cambio de que éstos no pusieran de cabeza la gobernabilidad, y lastimaran los derechos de la ciudadanía. Lo más grave, es que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el gobierno y la sociedad oaxaqueña, de todos modos ocurrió el conflicto de 2006, y el magisterio engulló multimillonarios recursos económicos en privilegios, en una entidad que por décadas dejó de invertir en muchos rubros para tener en paz al magisterio.

Eso es lo que debieran pensar los que hoy desde el gobierno estatal alimentan las alianzas con algunas organizaciones para demostrar respaldo al CCCO. ¿Qué organizaciones son? Básicamente son tres: las de taxistas de la capital oaxaqueña; las de concesionarios que se dedican al acarreo de materiales; y las de integrantes de varios mercados públicos de la capital.

Al margen de los mercaderes, todos los oaxaqueños tenemos amplias referencias de la virulencia que han demostrado, tanto los taxistas como los materialistas, cuando pretenden presionar al gobierno para que les cumpla sus demandas. Unos y otros han colapsado la capital como medio de presión; ambos gremios han sido necios, radicales y voraces cuando se trata de cuidar sus intereses. En esos momentos, han demostrado no tener respeto alguno por la ciudadanía y por la gobernabilidad del Estado. Y nada le garantiza al gobierno que episodios como esos no se repitan cuando éstos decidan cobrar el respaldo que hoy están manifestando a las obras del CCCO.

¿Habrá reparado el gobierno en eso? ¿Están pensando en el mediano plazo, y no sólo en lo que pase en Oaxaca hasta el 30 de noviembre de 2016, cuando termina la actual administración? ¿Están pensando el problema que le van a heredar al siguiente gobierno, con estas alianzas que están construyendo en aras de sostener su proyecto del Centro de Convenciones? Es algo muy parecido a la herencia venenosa que le dejó el gobierno de Heladio Ramírez a Oaxaca, por su insistencia en aliarse con la Sección 22 y regalarles algo (la rectoría educativa y de la gobernabilidad) que no se terminaba con su periodo de gobierno.

CERRO DE BLOQUEOS

¿Cómo cobrarán esos gremios, su apoyo en el mediano o largo plazo? El taxismo de la capital va a asumir que ellos tendrán el monopolio del servicio en los alrededores del CCCO. Quizá hasta “bases” exigirán que el gobierno les permita instalar. ¿Los materialistas? Seguirían en su chantaje permanente para que en las obras que ejecute el gobierno, se les contrate en exclusiva a ellos (so pena de bloquear el CCCO si no se les cumple). ¿Y los mercaderes? Nomás faltaría que quisieran extender sus puestos a aquella zona. ¿Ya pensaron en todo eso?