Moisés MOLINA
Oaxaca.- No se equivocó quien dijo que la política es una guerra sin sangre. Indudablemente, la elección que más pasiones despierta en Oaxaca es la de gobernador del estado. Oaxaca es un estado donde se politiza la ley y se judicializa la política. Hoy lo estamos viviendo.
La decisión de la Suprema Corte, de anular la reforma político electoral de “gran calado” que nuestros legisladores habían aprobado, ha sido una excelente ocasión para que las filias y las fobias salgan a la luz.
Entre tanta confusión sobre los alcances de la decisión de la Corte, una cosa queda clara: el miedo que muchos aspirantes a gobernador le tienen a Alejandro Murat.
Dijeron que la sentencia de la Corte iba con dedicatoria, y de hecho lo fue, pero no hacia Alejandro, sino hacia los integrantes del Poder Legislativo de Oaxaca, hacia nuestras y nuestros diputados. Un claro mensaje a quienes creen que el legislativo es una institución donde solo la política debe caber y las leyes pueden quedar para después.
Oaxaca tiene que asumir la vergüenza de un congreso “desaseado” (utilizo la palabra que los ministros plasmaron en su resolución) que hizo que Oaxaca fuese otra vez nota nacional, y no para bien.
Y es que los ministros dejaron sin efectos la reforma político electoral en su conjunto, no uno o dos artículos en especial. A los aspirantes de todos los partidos no debía preocuparles que Alejandro Murat sea gobernador, sino que iremos a la elección de 2016 con las viejas reglas y los consejeros electorales tendrán que decirnos cómo armonizarla en la práctica con la legislación federal en materia electoral.
El tema de Murat está superado. Alejandro es Oaxaqueño. Lo dice el artículo 23 de la constitución local:
“Son ciudadanos del estado los hombres y mujeres que hayan nacido en su territorio, quienes sean hijos de padre o madre oaxaqueños… que sean mayores de 18 años y que tengan un modo honesto de vivir”
Lo demás son tecnicismos.
Está por demás decir que Alejandro acreditó en 2012 su calidad de Oaxaqueño. Fue candidato a diputado federal por la circunscripción que incluye Oaxaca; su nombre apareció en el reverso de la boleta y fue votado.
¿Cuál es el miedo a que Alejandro sea candidato?
¿No para eso están los ciudadanos, para decidir con su voto quién quiere que los gobierne?
Alejandro debe estar contento. Es publicidad gratuita para él y su aspiración, si es que la tuviera.
Además de su lado juega el principio Pro Persona incorporado a nuestro sistema constitucional en 2011.
¿Qué es este principio? Según palabras del juez Rodolfo Piza Escalante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
“… es un criterio fundamental que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que consagran o amplían y restrictivamente las que los limitan o restringen. De esta forma, el principio pro persona conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos humanos es la regla y su condicionamiento la excepción.”
Este principio lo consagra nuestra Constitución Federal en su primer artículo, así como el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; quinto del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros ordenamientos internacionales.
Y ¿Es el derecho a ser votado un derecho humano? Desde luego!
El artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos humanos dice:
“Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, DIRECTAMENTE o por medio de representantes libremente escogidos. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público”;
El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cuán México es parte, establece:
“Todos los ciudadanos gozarán… sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades: participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser elegidos en elecciones… que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores”: y
El artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de san José, estipula:
“Todos los CIUDADANOS deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos DIRECTAMENTE…”.
De todos estos instrumentos internacionales que tienen el mismo rango que nuestra Constitución, México forma parte.
Así que Alejandro Murat, ténganlo por seguro, duerme tranquilo.