*La política debe dejar de hacer rehén a sociedad y Constitución

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Oaxaca.- Es probable que dentro de poco tiempo se retome la discusión relacionada con el posible establecimiento del Mando Único Policial en el país. Esa fue una propuesta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014, luego de la crisis generada por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, dos meses antes. Cuando se anunció la propuesta, los legisladores decidieron que esa sería una propuesta que no discutirían al calor del momento, y por eso la dejaron prácticamente al último en la atención del llamado “decálogo” presidencial. Sólo que en ese reposo se atravesó Morelos.

En efecto, ayer dábamos cuenta de cómo en la entidad morelense hay una crisis enorme generada por las brutales demostraciones de inseguridad que existen en sus municipios por la incapacidad de las autoridades de cumplir con su misión, pero que esa crisis también tiene otras facetas más bien relacionadas con las reyertas entre funcionarios, que impactan en la seguridad pública.

Incluso apuntábamos que lo ocurrido en Morelos abonará a la idea de que las corporaciones de seguridad pública municipales en el país, deben desaparecer porque no cumplen con las funciones y las finalidades para las que fueron creadas, y que en su lugar deben integrarse sólo treinta y dos corporaciones policiacas estatales (y que de hecho, en ese contexto, podría también comenzar a hablarse de una sola Policía Nacional). Es decir, cumplirle su propuesta al Presidente, aunque ello implique pisotear el ya de por sí maltrecho federalismo que ejercemos en el país, y sobre todo seguir mermando la figura del municipio.

El daño a la figura del municipio, es evidente. Lo que está ocurriendo —y lo ocurrido recientemente en Morelos sólo lo confirma— es que a nadie parece preocuparle el franco deterioro en que se encuentra la figura del municipio libre en el país, y no necesariamente por lo que pudiera implicar respecto a sus potestades constitucionales sino a su capacidad operativa para cumplir con su propósito de proteger y servir a la ciudadanía en un tema tan sensible como el de la seguridad pública. Parece, pues, que en cualquiera de sus escenarios posibles, pierde. ¿Por qué?

Porque en sus condiciones actuales, el municipio es quien tiene la mayor carga relacionada con la seguridad, pero es también quien menos margen de acción tiene para responder a las necesidades que le impone su propio contexto. El municipio es, de hecho, el ámbito de gobierno más cercano a la ciudadanía; es el que tiene la mayor proximidad social, y es sobre quien recaen las primeras peticiones y exigencias de seguridad cuando ocurre un hecho relevante, o cuando la ciudadanía toma conciencia de a quién puede pedirle primero (porque es el que está más cerca) que atienda un problema de inseguridad a su alrededor.

Si todo eso no es suficiente, resulta que además los municipios del país son los que tienen mayores estreches presupuestales, y por ende son quienes menos posibilidad tienen de atender las exigencias de seguridad de sus ciudadanos. El caso de Cuernavaca revela que sus supuestas potestades constitucionales en materia de seguridad están en los hechos supeditadas no sólo a lo que establecen los modelos policiales estatales o el federal, sino también a los caprichos, los chantajes y los intereses de esos ámbitos de gobierno que, dicen, son “superiores” jerárquicamente al municipio.

El otro camino que pueden tomar los municipios del país, evidentemente, es el planteado por el presidente Peña Nieto. Es decir, que los municipios sean relevados en las tareas de seguridad por las policías estatales, y que así se constituya un mando único pero no como un esquema de coordinación, sino básicamente como la absorción y la unificación de todas las policías municipales de una entidad federativa, en una sola corporación estatal que ejerza el mando policial.

¿Y SI DESAPARECE EL MUNICIPIO?

Pareciera que, en ese contexto, la intención de los gobiernos estatales y el federal se centra en que el municipio desaparezca como figura política, y sea relevada por una figura meramente administrativa que —ésta sí— esté supeditada al mandato de cualquiera de los otros dos ámbitos de gobierno. Cada vez eso parece algo más evidente, aunque sería una verdadera tragedia para el federalismo mexicano, que en buena medida se materializa en la existencia de la figura municipal.

¿Por qué? Porque la figura del municipio está planteada básicamente bajo la lógica de que éste es el ámbito de gobierno que tiene más cercanía con la ciudadanía, que entiende mejor sus problemas, y que por ende es quien puede atenderlos de mejor manera, para luego buscar la coordinación con el gobierno estatal, y el federal, para que atienda los asuntos que escapan de su capacidad de respuesta.

En el caso de la seguridad pública, por ejemplo, no se trata sólo de entender al municipio sólo como el ámbito de gobierno más débil sino como el que debería ser el protagonista principal de la atención a ese rubro. Pues quizá si hablamos de los municipios urbanos o de las grandes ciudades, sería algo engañoso hablar de una verdadera proximidad social. Pero si hablamos de que la gran mayoría de los más de dos mil quinientos municipios del país son pequeñas demarcaciones, en las que se supone que debiera existir contacto y conocimiento permanente entre la ciudadanía y las personas que tienen como encargo su protección de la delincuencia, entonces se podría tomar conciencia de la necesidad de tomar un camino que no fuera necesariamente encaminado a la desaparición de la figura municipal, sino a su fortalecimiento.

Lamentablemente, los hechos recientes no abonan a esa idea y más bien parecen justificar la intención de centralizar la seguridad pública y sacarla del ámbito municipal. Esto, finalmente, podría ser sólo la punta de lanza para que después se hagan “demostraciones” similares respecto a temas fiscales, de atención de servicios públicos y demás… todas encaminadas a la constatación de que el municipio no puede cumplir con sus atribuciones y entonces pensar, “justificadamente”, en su desaparición.

LA TRAICIÓN

Ulises Ruiz prepara la traición a su propio “tiburón”. Es el principal impulsor de la idea de que debe haber un “tercero en discordia” en la contienda interna del PRI para la definición de la candidatura a Gobernador. Una intención sin derrotero ni éxito visible, igual que las últimas batallas en las que se ha enfrascado el cuestionado ex Mandatario.