*Jurídicamente es ilegal la supuesta huelga estallada en la UABJO, pero el Gobierno del Estado le apuesta al diálogo para alcanzar un acuerdo que permita conjurar el paro indefinido en las próximas horas
AGENCIA JM
Oaxaca.- La Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), confirmó que jurídicamente es ilegal la supuesta huelga estallada en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, (UABJO), sin embargo precisó que el Gobierno del Estado le apuesta al diálogo para alcanzar un acuerdo que permita conjurar el paro indefinido en las próximas horas.
El Subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político de la SEGEGO, Javier Jiménez Herrera, dio a conocer que las negociaciones continúan este martes.
El funcionario, dijo que para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, (JLCyA), el estallamiento de la huelga es ilegal, ya que la facción disidente del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UABJO (STAUO), que encabeza Taurino Amílcar Sosa Velasco, carece de personalidad jurídica para promover una demanda laboral a nombre de la dirigencia sindical.
Sin embargo el Gobierno del Estado, preocupado por la educación de los miles de universitarios que durante dos semanas se han visto afectados por las movilizaciones promovidas por el STAUO, trata este caso con el mayor interés, con respeto absoluto a la autonomía universitaria y a la libertad sindical.
Con ello, aclaró, se busca alcanzar soluciones que mejoren las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores académicos y coadyuven también a elevar la calidad educativa en la universidad.
Jiménez Herrera, sostuvo que independientemente de los acuerdos que se logren ante la JLCyA, en nombre del Gobierno del Estado los exhortó a reconsiderar sus acciones iniciadas éste lunes por la mañana y permitan continuar el desahogo de todas las posibilidades de llegar a acuerdos conciliatorios con la máxima casa de estudios.
Las negociaciones conjuntas continúan éste martes por la noche entre la autoridad universitaria y el grupo disidente del STAUO, con la mediación del Gobierno del Estado para abordar las demandas pendientes sobre prestaciones sociales.
