* Emite Defensoría medidas cautelares ante posibles abusos de poder
* Pide organismo que autoridades se abstengan de presionar a agentes policíacas para que renuncien

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca investiga posibles violaciones a la seguridad jurídica y la legalidad cometidas en perjuicio de las servidoras públicas J. S. G. y G. B. M., atribuidas al regidor de Hacienda, al director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad y a la policía primera encargada de vialidad del municipio de Santa Lucia del Camino.

El organismo defensor inició el expediente DDHPO/943/(01)OAX/2016, tras recibir la queja de J. S. G. y G. B. M., quienes manifestaron ser policías viales y refirieron que servidores públicos del municipio de Santa Lucia del Camino vulneraron sus derechos humanos mientras se encontraban participando la madrugada del 16 de abril último en el operativo de alcoholimetría realizado en dicha demarcación municipal.

La quejosa J. S. G. manifestó al personal del organismo defensor que, durante dicho operativo, le marcó el alto a un vehículo modelo Atos. Agregó que, al acercarse a esta unidad, percibió aliento alcohólico en su conductor, por lo que le solicitó presentar sus documentos, a lo que dicha persona se negó, identificándose de manera agresiva como chofer del regidor de Hacienda de Santa Lucía del Camino, quien ocupaba el asiento del copiloto. La reclamante añadió que el conductor le ofreció dinero, a lo que ella se negó.

Ambas quejosas comentaron que sus jefes les han dado la instrucción de que, cuando los interceptados en el alcoholímetro trabajen en el municipio de Santa Lucía del Camino y presenten aliento alcohólico o cometan infracciones, únicamente les hagan “recomendaciones”.

La quejosa J. S. G. agregó que su compañera le advirtió con una seña que esas personas son “influyentes”, y por ello permitió que el conductor y el pasajero del vehículo pasaran el filtro sin mostrar sus documentos. Las quejosas añadieron que el regidor de Hacienda y su chofer acudieron a la sede policíaca de Santa Lucía del Camino para quejarse de las agentes viales, argumentando que les habían quitado dinero, por lo que enseguida el director de Seguridad Pública municipal dio la instrucción de detener y revisar a las dos agentes viales.

Señalaron que policías encargados de vialidad las detuvieron en el mismo sitio del filtro, las pusieron contra una pared, las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo, y las obligaron a quitarse las botas, calcetines, suéter y billeteras, sin encontrar el dinero que buscaban.

Ambas agentes refirieron que, después, las trasladaron en una patrulla a las oficinas del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. Una vez allí, les ordenaron desvestirse completamente, y ya desnudas, les ordenaron hacer sentadillas. Posteriormente las regresaron a donde se encontraban realizando el alcoholímetro.

La quejosa G. B. M. refirió que en esa ubicación el comandante P. F. C. les pidió entregar el dinero, argumentando que aún podía hacer algo para que no las corrieran o, si no, que solicitaran su baja voluntaria antes de que procedieran contra ellas, “porque se iban a manchar sus documentos”. A esto las quejosas respondieron que no habían tomado dinero alguno. Aun así, en la corporación las obligaron a firmar dos hojas que sólo contenían sus nombres completos, por lo que temen que usen en su contra esas hojas firmadas.

Las peticionarias solicitaron la intervención del organismo defensor a fin de que investigue el actuar de los citados funcionarios. La Defensoría, en consecuencia, solicitó al encargado de la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Carlos Girón Navarrete, instruir a los servidores públicos involucrados en los hechos para que en un plazo de cinco días hábiles emitan un informe detallado, a fin de que el organismo defensor de seguimiento al caso.

En su actuación, la Defensoría también pidió al encargado de dicha presidencia municipal la adopción de una medida cautelar consistente en instruir a las y los servidores públicos involucrados para que se abstengan de causar a las agraviadas actos de molestia que carezcan del debido fundamento y motivos; y que, específicamente, se abstengan de coaccionar a las peticionarias para que renuncien a su empleo.

En la misma medida cautelar, la Defensoría solicitó que, de no existir impedimento legal, se permita el ingreso de las peticionarias a su centro de trabajo, ya que de lo contrario los funcionarios municipales podrían incurrir en responsabilidad administrativa o incluso penal, según lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.

La Defensoría advirtió al encargado de la presidencia municipal de Santa Lucía que la falta de rendición de informes que solventen la medida cautelar, o el retraso injustificado en su presentación, tendrá el efecto de que se tengan por ciertos los hechos reclamados, salvo prueba en contrario.