*En Nochixtlán fueron asesinadas 10 personas durante un violento desalojo policial el pasado 19 de junio
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició este martes las labores de investigación sobre el desalojo policial violento que dejó 10 muertos en Asunción Nochixtlán.
Se inició recabando evidencias, testimonios e indicios de tipo balístico por parte de la CNDH, que ha actuado en calidad de observadora en las necropsias de seis cadáveres.
En ese municipio la policía federal se enfrentó con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantenían un bloqueo a la carretera federal.
Hasta ahora suman 10 muertos y decenas de heridos. Del total de los fallecimientos, 7 ocurrieron en Nochixtlan, uno en Hacienda Blanca y dos en Istmo de Tehuantepec, uno de los ellos periodista.
La CNDH también ha entrevistado a 24 personas que manifestaron haber sido detenidas de forma arbitraria. Se les realizó una valoración médica y tres mujeres fueron liberadas.
El organismo nacional informó haber obtenido copias de los certificados médicos de 11 policías que estaban retenidos y que fueron liberados la madrugada de este martes en el municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula.
La CNDH destacó que solo con el diálogo se encontrará la solución a los problemas, debido a la complejidad de los hechos registrados el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca.
En un comunicado, el organismo informó que conversaron con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y habitantes de Nochixtlán sobre la violencia de ese día.
El Gobierno de México indicó este martes que está dispuesto a dialogar con los integrantes de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los organismos entrevistan a testigos y familiares de las víctimas del enfrentamiento registrado entre simpatizantes de la CNTE y policías.
A la CNDH se sumaron organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que reúnen testimonios y pruebas sobre los hechos violentos ocurridos el domingo en Asunción Nochixtlan, que dejaron al menos seis muertos en esa localidad.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) visitaron y recabaron testimonios en el sitio donde se registró el violento enfrentamiento entre simpatizantes de la CNTE y policías federales.
Los relatores del organismo entrevistaron a personas de la comunidad, así como a familiares de las víctimas y realizaron recorridos por las zonas en donde se registró la presunta agresión armada de los efectivos policiales.
Uno de los sitios que visitaron fue los alrededores de la vulcanizadora “Reyes”, fachada en la que fotógrafos de agencias capturaron imágenes de policías federales realizando disparos contra la población.
Los integrantes de la misión realizaron dichas visitas y entrevistas mientras se realizaba el sepelio de Jesús Cadena Sánchez, un joven de 19 años quien fue asesinado por un impacto de bala durante el enfrentamiento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abundó informó en un comunicado aparte que durante la madrugada del 20 de junio, un equipo de visitadores adjuntos, peritos en medicina forense, criminalística y en psicología llegó a Nochixtlán para reforzar la presencia de ese organismo en Oaxaca.
El personal, encabezado por el segundo visitador general, participó en la observación en las diligencias de las necropsias de seis cadáveres y proporcionó atención psicológica a familiares de cuatro personas fallecidas.
Además realizó una inspección del lugar de los hechos, donde se recabaron evidencias, testimonios e indicios de tipo balístico, los cuales se fotografiaron y se georreferenciaron.
También se hicieron entrevistas a 24 personas puestas a disposición de la autoridad ministerial, quienes manifestaron haber sido detenidos arbitrariamente. Este martes, tres de ellas fueron liberadas.
Mientras que Amnistía internacional exigió este lunes que las investigaciones de los hechos de violencia sean independientes, oportunas y transparentes y, en su caso, se traduzcan en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas que se encuentren involucradas.
“Las declaraciones realizadas por las autoridades estatales y federales deslindándose de los hechos no deben utilizarse para socavar o distraer la investigación”, sostuvo la organización en un boletín.
