Salvador Flores Durán
Oaxaca.- El presidente del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca (ProOax), José Márquez Pérez, denunció que la cimentación usada en Ciudad Administrativa (CA) se realizó de manera fraudulenta, por lo que puede representar serios riesgos para los usuarios y trabajadores.
Expuso que para construir la CA utilizaron el diseño de la cimentación usada en el Ciudad Judicial, que corresponde a un terreno ubicado en un cerro, por lo que el grosor y tamaño de la cimentación es mucho menor, mientras que el terreno donde se construyó la CA es fangoso y requería de un grosor mucho mayor.
El arquitecto que encabeza el organismo fundado por el pintor Francisco Toledo, explica que él fue director del proyecto del complejo burocrático durante la gestión de Celestino Gómez, quien fuera le primer secretario de Obras Públicas en el sexenio de Ruiz Ortiz, y acusó que la obra representó otro negocio del exgobernador y sus amigos.
El gobierno del estado anunció desde el año pasado que en octubre de 2016se terminará de pagar la deuda por la construcción de Ciudad Administrativa, justo un mes antes de que termine la gestión del gobernador Gabino Cué Monteagudo.
Ciudad Administrativaalberga a la mayoría de las oficinas del Poder Ejecutivo en ocho edificios y tuvo un costo de aproximadamente mil 800 millones de pesos, con una deuda que sería pagadera en 15 años en la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios, sin embargo, la actual administración decidió adelantar pagos y liquidar el adeudo en 10 años.
Márquez Pérez explicó que la modalidad de PPS nació en Inglaterra y la adoptó el gobierno mexicano con reglas muy estrictas vigiladas por la SHCP, “era manejo federal y entonces se exigía que las empresas que las hicieran demostraran solvencia económica y tuvieran muchos años de experiencia en la ejecución de obra”.
Dijo que por ello salían ganando empresas como ICA, que tenían una gran infraestructura y podían garantizar el interés del estado, “pero lo que hizo Ulises Ruiz fue modificar la Constitución local y la Ley de Obra Pública, hizo todo para que realizara la obra una empresa que inventaron, con el amigo Neftalí Arango, propietario de Tubos y Conexiones, quien resultó ser el presidente del Consejo de Administración”.
El arquitecto señaló que los socios“deben haber sido los amigos del entonces gobernador.El chiste es que se modificó todo y la obra se la pasa por asignación a la empresa, se quitó del ámbito de la Secretaría de Obras Públicas y la empieza a ejecutar con contratistas que ellos escogieron”.
Explicó que el presupuesto original del proyecto era de 352 millones, pero luego creció hasta los 580 millones de pesos.
“Eso lo conozco porque me tocó estar con el arquitecto Gómez Soto. Hicimos el proyecto, fui el director de ese proyecto y costaba 352 millones, cuando lo quitaron del área de la Secretaría ya se vio que eso era un negocio más, fue cuando se retiró el arquitecto Gómez, nos salimos de plano porque eso ya pintaba de otra forma”, explicó.
Dijo que aumentaron “los costos y conocí el proyecto ejecutivo perfectamente, lo dirigí. Mandamos a hacer el diseño del proyecto con una empresa franco canadiense norteamericana con sede en Monterrey”.
La empresa, dijo tenía patentados sus procedimientos poreso fue posible contratarla por su eficiencia y profesionalismo.
Cuando las cimentaciones se tenían que diseñar se contrató a una de las empresas más prestigiadas a nivel nacional, Colinas de Buen, la que realizó el diseño de la estructura del estadio Azteca y del Museo de Antropología, entre otras, “se contrató porque era una obra pública y había que tener un aval con el 100 por ciento de seguridad, el proyecto podíamos hacerlo nosotros para ahorrarnos unos cuantos pesos pero se decidió eso”.
Dijo que Colinas de Buen hizo el diseño de las cimentaciones porque toda la estructura metálica ya estaba diseñada por otra empresa, sin embargo, le comunicaron que la Secretaría de Obras con EvielPérez Magaña como titular, pedíanaclarar el proyecto porque “mandaron a verificarlo con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y decían que la cimentación no pasa”.
Explicó que la dependencia presentó planos que ya no eran los originales, que estaban firmados por la empresa y la Secretaría de Obras, “era unos planos que aparecen hechos por la constructora Marnos”.
Dijo que la cimentación que presentaron correspondía a Ciudad Judicial, “eso está sobre un cerro, CiudadAdministrativa ubicada en Tlalixtac, está sobre un terreno fangoso, con mucha agua. Había una cimentación de cuatro metros de ancho y en Ciudad Judicial eran de 1.20 metros. Entonces cuando presentaron los planos les dijeron que no eran los planos originales, y no los avalaron”.
Marquéz Pérez dijo que se trató de un negocio porque “el proyecto ejecutivo de todo ya estaba y no costó gran cosa porque todo lo hizo personal de la Secretaría. Sí se contrató personal externo pero a un costo muy bajo para completar el proyecto”.
Dijo que Banorte, banco que financió el proyecto “ya arreglado con la Secretaría de Finanzas habían metido de supervisora a constructora Marlos que es su filial, y resulta que hasta cobraron un proyecto con los planos ejecutivos y le pusieron el membrete para volver a cobrarlo. Por eso nos enteramos, unas porquerías, que bueno que nosotros nos zafamos, porque no nos metimos en tanta componenda”.Banorte aportó una línea de crédito para que 10 constructores locales ejecutaran los PPS.
El gobierno estatal informó el año pasado que el costo la Ciudad Judicial fue de un mil 300 millones de pesos y a inicios de 2015 la administración de Cué abonó 52 millones de pesos.
Sobre el gobierno del estado informó en esa ocasión que la Ciudad Administrativa, inaugurada en noviembre de 2006, representaba una deuda por 560 millones de pesos la cual terminaría de pagarse en octubre de 2016, al solventar alrededor de 150 millones de pesos.
En el gobierno de Ulises Ruiz el argumento para la construcción de las ciudades burocráticas fue que se buscaba despresurizar de movilizaciones y plantones el centro histórico de Oaxaca al descentralizar las oficinas gubernamentales por las que el gobierno del estado pagaba por rentas unos 80 millones de pesos anuales.
El proyecto realizado por la Secretaría de Obras Públicas en la que participó Márquez Pérez contemplaba que el costo del complejo burocrático costaría alrededor de 355 millones de pesos y que fuera financiada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos(Banobras), garantizada con los recursos federales que anualmente recibe el estado.
Otras fuentes señalan que el financiamiento ofrecido por Banobras era casi tres veces más barato que dos proyectos más ofrecidos por dos instituciones bancarias a la Secretaría de Finanzas entonces a cargo de Miguel Ángel Ortega Habib, quien finalmente decidió por el proyecto de PPS, el más caro y oneroso para los oaxaqueños.
En enero de este año, el gobernador Gabino Cué informó a medios que Ortega Habib, era todavía buscado por las autoridades y que había cinco ordenes de aprehensión en su contra.
En mayor de 2011, la Procuraduría General de la República determinó que Miguel Ángel Ortega Habib trianguló con sus familiares más de 800 millones de pesos del erario entre los años 2007 y 2009, pero la decisión de consignar o no a Ortega Habib, uno de los amigos más cercanos a Ulises Ruiz Ortiz, depende de la Fiscalía Estatal.
De acuerdo con información de Tiempo, el fiscal General del Estado, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, informó que continúan pendientes cinco órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del exgobernador, entre ellos Ortega Habib, quien es buscado por las procuradurías del país, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Interpol.
El funcionario dijo que la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) es la que tiene el trabajo primordial para la detención de esta persona, que de acuerdo con los informes no ha estado en Oaxaca.
Al inicio de su gestión, el gobernador Gabino Cué aseguróque revisaría la viabilidad de continuar con el pago de los contratos de deuda de las dos ciudades, pero finalmente, decidió asumir la deuda y continuar pagando, incluso por adelantado, el adeudo de Ruiz Ortiz.
