Salvador Flores Durán
Oaxaca.- En Oaxaca persiste la grave crisis en materia de justicia, con fallas que persisten aún con el nuevo sistema acusatorio, y mientras líderes de la Sección 22 fueron beneficiados con acuerdos políticos y reducción de las fianzas para que obtuvieran su libertad, hay cientos de indígenas que continúan presos, como en el caso de seis zapotecos de San Agustín Loxicha, acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario, quienes llevan 20 años presos y enfrentan condenas de 25 a 30 años de cárcel, acusó el abogado Israel Ochoa Lara.
En entrevista, el abogado señaló que los problemas del sistema de justicia en México son añejos y no han cambiado con el nuevo sistema oral, “la figura del Ministerio Público se ha usado en muchas ocasiones para crear culpables partiendo de acusaciones falsas y con testigos falsos o inventados”, recalcó.
Explicó que en los casos de los maestros de la Sección 22 que recientemente salieron libres con el pago de una fianza “no es algo irregular, pero sí parece que hubo un acuerdo político” con la Secretaría de Gobernación para facilitarles la libertad”.
Ochoa Lara, quien fue abogado de más de 150 indígenas zapotecos de la región de los Loxicha acusados de pertenecer al EPR, indicó que “se entiende es que hubo una rebaja bastante importantes del monto de las fianzas” para que los maestros pudieran pagarlas. Porque se decía que eran varios millones de pesos los que importaban por los presuntos daños, y finalmente depositaron algo así como 60 mil pesos”.
Indicó que “entonces sí hubo algún manejo para disminuir el monto de la probable reparación del daño y poderles facilitar el pago de la fianza, porque aunque tenían derecho a la fianza era muy difícil que la pudieran cubrir”, aunque recalcó que en el caso de los delitos que se les imputaban la ley permite les permitía el beneficio de la libertad bajo caución.
Ochoa Lara explicó que en Oaxaca hay varios presos políticos, “por lo menos los seis de Loxicha, por el viejo asunto de 1996, cuando hubo el enfrentamiento entre el EPR y la policía en Huatulco, que generó una cantidad importante de presos y procesados”.
Explicó que luego del ataque armado en Huatulco y Tlaxiaco, la persecución que realizó el entonces gobernador Diódoro Carrasco Altamirano en contra de los indígenas de Loxicha, provocó más de 150 procesados y se generó el desplazamiento de la población, “hubo un éxodo de la población a otras regiones del estado y del país, y que derivó en el procesamiento de más de 150 personas”.
De esas personas aún quedan seis detenidos “que sí son presos de carácter político, acusados de pertenecer al EPR, que se planteaba derrocar al gobierno, y que fueron procesados por hechos con motivaciones políticas. Finalmente la condena es por homicidio o lesiones, pero el proceso se siguió y en la sentencia que derivó en una condena por homicidio finalmente tuvo que ver un acto en el que fueron implicados en un acto de rebelión”, señaló.
Ocho Lara dijo que hay otros presos políticos de algunas organizaciones, del propio magisterio, de sindicatos que han estado participando en conflictos sociales.
Dijo que hasta ahora los seis detenidos por el caso EPR no lograron su libertad porque sus condenas quedaron firmes y tienen condenas que van desde 25 años y seis meses hasta 30 años de prisión.
“El que tiene la condena menor es Fortino Enríquez Hernández, con 21 años y 6 meses, es el que según nuestra apreciación está próximo a salir en un año y medio porque acaba de cumplir 20 años de prisión. Fue detenido el 25 de septiembre junto con Agustín Luna Valencia, y por tanto le falta un año y medio después de haber compurgado toda la condena”, explicó.
Recalcó que en esos casos se agotaron todos los recursos legales para lograr su libertad y lo único que quedó es que cumplan su condena, aunque a algunos se les aplicó la ley de amnistía estatal promulgada en el años 2000 por el entonces gobernador José Murat, pero “sólo fue procedente para los delitos del fuero común y los que están por el fuero federal se quedaron en prisión”.
Recordó que en el 2000 salieron libres 60 por la ley de amnistía y se cancelaron más de 150 órdenes de aprehensión, seles cancelaron los proceso penales a 152 que eran acusados por delitos del fuero común y algunos del fuero federal, “nosotros habíamos liberado a 62 por esas fechas por diversos mecanismos legales y después el gobernador Murat aplica la amnistía y beneficia a otra cantidad igual de procesados por el fuero común”.
