Joel Saucedo
En medio de las discrepancias, desencuentros y disensos, la Asamblea Constituyente trabaja a marchas forzadas.
Constitucionalmente, las labores de este órgano son del 15 de septiembre de 2016 al 31 de enero de 2017.
Le restan 20 días para aprobar 59 artículos de los 76 que contiene el proyecto de la primera Constitución Política de la Ciudad de México.
A la fecha, los 100 legisladores –nueve han renunciado- sólo han aprobado 17 artículos, que incluye temas por demás polémicos.
En consecuencia, a partir de ahora, se deberán aprobar en promedio tres artículos cada 24 horas, con el fin de alcanzar la meta de los 76 previstos.
Lo anterior, difícilmente se cumplirá pues el abuso de la práctica parlamentaria es recurrente, sobre todo entre quienes carecen de experiencia.
A ello hay que sumarle la falta de consensos, incluso al interior de las bancadas en lo particular como sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario.
El presidente del constituyente, Alejandro Encinas aseguró que a pesar de los retrasos no habrá prórroga al mandato para aprobar la Carta Magna.
Irónico, dijo a los medios de comunicación que el Plan A es terminar con muy buena calidad la Constitución y el Plan B, también.
Una práctica parlamentaria que Encinas conoce muy bien cuando los tiempos apremian los trabajos, es la detención del reloj legislativo.
Es decir, que si en un momento dado se agota el tiempo, bien podrían declararse en sesión permanente y alargar el plazo el tiempo necesario.
Pero lo anterior, no hablaría bien de los constituyentes que han sido objeto de sistemáticas críticas.
Se trata de un legaloide truco al que podría recurrir el experimentado político de izquierda.
Este modo de legislar, sólo puede llevar a emprender reformas de inmediato una vez promulgada la Constitución.
Una vez instalado el Congreso local, los entrantes legisladores del 2018, iniciarán la anquilosada práctica que afecta a todo representante popular: la reformitis.
Es algo que con toda seguridad ocurrirá, pues los errores de estos días deberán ser enmendados de inmediato empezando así la voracidad reformadora.
PROSPECCIÓN… El coordinador de los diputados federales del Partido Encuentro Social (PES), Alejandro González Murillo, exhortó a todas las fuerzas políticas del país, a responder ante el incremento de los precios de las gasolinas, con una reforma constitucional que elimine el financiamiento público a los partidos políticos. Dijo que de la misma forma en que se exige al sector privado, social y al propio gobierno federal emprender acciones que protejan la economía nacional y de las familias, ahora las fuerzas políticas “debemos pregonar con el ejemplo” y “ajustarnos el cinturón”.
Twitter: @JoelSaucedo
saucedosj@yahoo.com.mx
