* El Gobernador Alejandro Murat tomó protesta a las y los funcionarios que integran esta instancia que tiene como objetivo primordial garantizar el ejercicio del derecho a la defensa y de acceso a la justicia de la ciudadanía.
* El Gobernador instruyó a las y los 189 defensores de oficio con los que cuenta el Estado para ejercer su labor con responsabilidad en favor de las mujeres e indígenas del Estado principalmente.
Oaxaca.- Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador del Estado de Oaxaca, presidió este viernes la Sesión de Instalación de la Junta de Gobierno de la Defensoría Pública del Estado para coordinar, dirigir y controlar los servicios de asesoría, patrocinio y defensa técnica a las y los ciudadanos.
Ésta institución tiene como objetivo primordial garantizar el ejercicio del derecho a la defensa y de acceso a la justicia a la ciudadanía, basado en el artículo 10 y 11 de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca y 16 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca.
En la sesión de instalación realizada en el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal tomó protesta a las y los funcionarios que integran este órgano, el cual estará presidido por el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Ángel Alejo Torres, así como demás integrantes de este órgano jurídico.
Alejandro Murat Hinojosa señaló que esta institución encargada de garantizar el ejercicio del derecho a la defensa y de acceso a la justicia a la ciudadanía tiene como atribuciones primordiales las de asesorar en materia civil, familiar, mercantil, agraria y administrativa.
Así también, instruyó a los 189 defensores de oficio con los que cuenta el Estado para defender jurídicamente a personas que intervengan en un proceso o procedimiento penal y establecer y coordinar relaciones con entidades, dependencias y organismos públicos de los tres órdenes de Gobierno para el cumplimiento de su objeto.
“El éxito está en los detalles y en este tema en donde hay ciudadanos que requieren la tutela del Estado en un tema tan importante como es en lo penal la libertad, por ello hoy en un nuevo sistema de procedimiento penal debemos valorar la parte fundamental de la justicia cotidiana para hacerlo en favor de los indefensos”, puntualizó el Gobernador de Oaxaca.
Murat Hinojosa hizo énfasis en que los sectores vulnerables, como lo son las mujeres e indígenas, son quienes necesitan de ese doble empeño por parte de los defensores de oficio, ya que el 55% de los casos jurídicos son basados en temas relacionados a éstos.
“Hagan un esfuerzo para ser exitosos, que seamos más exitosos que los abogados del sector privado, los invito a que trabajemos; seré un Gobernador aliado con ustedes señores y señoras defensoras, porque si nosotros somos un aliado, lo seremos de la ciudadanía, de aquellos que requieren de la tutela del Estado para poder enfrentar las situaciones jurídicas”, enfatizó el Gobernador.
En su oportunidad, el Director de la Defensoría Pública del Estado y Secretario Técnico de la Junta de Gobierno de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, Jesús Gerardo Herrera Pérez, indicó que como instancia garante de la aplicación de la justicia, le apostarán a la capacitación constante de los Defensores de oficio o de Derechos Humanos, a fin de que cuenten con las herramientas necesarias para ejercer su trabajo con el más alto grado de responsabilidad.
Herrera Pérez señaló que continuarán brindando su servicio a las personas de escasos recursos como lo ha instruido el Gobernador Alejandro Murat, también brindando asesoría en los Juicios Orales, en el Programa de Fianzas y Liberación de Presos Indígenas, y ahora brindando atención jurídica en el programa de Unidades Móviles -puesta en marcha al inicio de esta administración-.
Finalmente, el Consejero Jurídico y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno, Ángel Alejo Torres, informó a los presentes que implementará un esquema para evaluar el desempeño de cada uno de los Defensores de los Derechos Humanos, y para darle voz a las y los ciudadanos, se instalarán unidades de quejas, vigilancia y visitaduría en las cárceles a fin de evitar actos de corrupción o bien que trasgredan el ejercicio de su deber principal de los defensores.
