CDMX.- Los hechos ocurridos en Monterrey demuestran los vacíos que existen para que las autoridades se coordinen y atiendan de forma integral a niñas, niños y adolescentes.
Las Procuradurías de Protección de niñas, niños y adolescentes federal, estatales y municipales tienen la obligación de atender estas problemáticas y brindar apoyo a las familias a través de las instituciones vinculadas a infancia.

 
Llamamos a las autoridades competentes a investigar y sancionar a quienes hicieron públicos los nombres, imágenes y el vídeo del ataque.

 
Un adolescente de 15 años de edad disparó en diversas ocasiones en contra de alumnas y alumnos en el Colegio Americano del Noreste en el Estado de Monterrey, Nuevo León. Cuatro alumnos (incluido el agresor) y la profesora resultaron heridos. Frente a este lamentable hecho nos solidarizamos con las familias víctimas y llamamos a las autoridades a realizar las investigaciones adecuadas, garantizar el acceso a la justicia a las familias, la reparación del daño y evitar respuestas criminalizantes en contra de las y los adolescentes.

 
Si bien, este es un hecho grave no es generalizado y lo que hace posible actuar de forma urgente para prevenir nuevos casos. Para ello es prioritario atender a las y los alumnos del Colegio, así como al personal docente frente al impacto de lo ocurrido. Asimismo es necesario avanzar con la comunidad estudiantil en la construcción de entornos seguros y comunidades resilientes y desarrollar espacios de participación y escucha donde a través de metodologías apropiadas con las que niñas, niños y adolescentes puedan reelaborar positivamente lo que sucede en su entorno. Recordamos las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño (CRC-ONU) en 2015, que señala que el Estado Parte debe:
“(e) Realizar un estudio que analice el alcance de la violencia contra niñas y niños a través de Internet, y fortalecer los esfuerzos para prevenir y atender este fenómeno, y que se dirija tanto a niñas y niños que asisten a la escuela como a aquellos que no asisten;
(f) Desarrollar programas de juego, esparcimiento, recreación, cultura, artes y deportes, a la par de infraestructura y espacios públicos seguros como medios para contrarrestar los efectos negativos de la violencia, para aprender habilidades de comunicación no violenta, y para asegurar el adecuado desarrollo de niñas y niños;”[1]

 
En este sentido reiteramos que el operativo “mochila segura” no es una solución para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar, enraizados en problemas complejos como la violencia, la ruptura del tejido social, la impunidad y la inseguridad. Por otra parte, la recomendación No. 21/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha observado que dicho operativo, violenta el derecho a la intimidad, seguridad jurídica, no discriminación e interés superior.[2]

 
Desde #REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México consideramos que este lamentable caso, también es el resultado de la ausencia de políticas públicas de prevención, atención y contención de la violencia y nula promoción de la cultura de paz y derechos humanos en los espacios de convivencia. De acuerdo con datos oficiales desde 2007, se ha presentado un aumento en el total de muertes de personas de entre 0 y 17 años que se clasifican como homicidios con arma de fuego, pasando de 266 en el año 2007 a 533 en el año 2015.

 
Recordamos que en marzo de 2011 el CRC-ONU emitió recomendaciones al Estado mexicano que permitirían a niñas y niños reelaborar psicológicamente los delitos que les son cercanos como la violencia extrema y la creciente presencia del crimen organizado, señalando que el Estado:
“Asegure que los recursos sean destinados para consolidar la reintegración social y medidas físicas y psicosociales de la recuperación, de acuerdo con el artículo 9, el párrafo 3, del Protocolo Facultativo, particularmente proporcionando la ayuda interdisciplinaria para las víctimas”[3]

 
Frente a este contexto, el caso debe ser un llamado de atención al Estado mexicano para realice una fuerte inversión (no militar, ni policiaca) en aplicar medidas urgentes de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes en escenarios de crimen organizado donde la violencia extrema es cotidiana.

 
Finalmente, REDIM invita a las y los ciudadanos, autoridades y medios de comunicación a tener un manejo ético del caso, proteger la identidad de las víctimas y familiares. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a investigar y sancionar a quienes hicieron públicos los nombres, imágenes y el vídeo del ataque para garantizar el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes.