Cuando, en enero, 12 personas que trabajaban en la revista satírica Charlie Hedbo fueron abatidas a tiros en sus oficinas del centro de París, el mundo despertó a la sombría realidad de las amenazas a las que miles de profesionales de los medios de comunicación se enfrentan a diario.
Pablo Andrés Alegría y equipo de ESDIR
Las campañas globales de apoyo al trabajo de la revista transmitieron el mensaje inequívoco de que nadie debe pagar con su vida el precio de ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, detrás de aquel único suceso que acaparó los titulares internacionales, hay miles de profesionales de los medios de comunicación que, en todos los rincones del mundo, sufren acoso, intimidación, amenazas, tortura y encarcelamientos injustos por parte de gobiernos y grupos armados en un vil intento de impedirles colocar un espejo frente a la sociedad.

En países como México y Pakistán, el poseer un carné de prensa es tan peligroso que muchos profesionales de los medios de comunicación terminan por abandonar su trabajo, movidos por el miedo.

Según Reporteros sin Fronteras, 22 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido víctimas de homicidio y más de 160 han sido encarcelados únicamente en 2015. En 2014, casi un centenar de profesionales de los medios de comunicación murieron a causa de su trabajo.

Los responsables de los ataques y homicidios contra periodistas rara vez comparecen ante la justicia.

“En el mundo, donde quiera que mires, encuentras el caso de un periodista que ha sufrido acoso, amenazas, encarcelamiento injusto, e incluso ha muerto, a manos de un gobierno o un grupo armado que querían impedirle informar sobre cuestiones que consideraban controvertidas”, ha manifestado Susanna Flood, directora del Programa de Medios de Comunicación de Amnistía Internacional.

“Los gobiernos se muestran cada vez menos dispuestos a tolerar la disidencia, y más decididos a hacer lo que sea para impedir que los periodistas hablen e informen a la opinión pública. El mensaje parece ser: ‘si te atreves a informar sobre cuestiones de derechos humanos, prepárate a pasar un tiempo en prisión, o incluso a morir’.”

Matar al mensajero
En Pakistán, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, los profesionales de los medios de comunicación sufren habitualmente acoso, intimidación, secuestro, tortura y homicidio a manos del ejército y los servicios de inteligencia, los partidos políticos y los grupos armados.

Desde 2008, se calcula que 40 periodistas han muerto violentamente a consecuencia directa de su trabajo para informar sobre cuestiones como la seguridad nacional o las violaciones de derechos humanos.

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, los tribunales paquistaníes sólo dictaron condenas en los casos del periodista del Wall Street Journal Daniel Pearl, muerto en 2002, y del reportero de GEO News Wali Khan Babar, muerto en 2014.

Los ataques contra otros, como Hamid Mir, periodista que trabajaba para GEO TV y escapó por poco a un intento de asesinato en Karachi el año pasado, han quedado impunes, con las investigaciones paralizadas.
Cargos falsos
Para miles de personas más que trabajan en medios de comunicación, el castigo llega en forma de largas penas de prisión por cargos falsos.

Mahmoud Abu Zeid, reportero gráfico egipcio conocido como “Shawkan”, ha permanecido detenido durante más de 600 días como castigo por tomar fotografías de la violenta dispersión de la sentada de Rabaa al Adawiya en agosto de 2013. Aún no ha sido acusado formalmente de ningún delito, y permanece recluido en una pequeña celda de la tristemente famosa prisión de Tora, en El Cairo.

“Comparto con 12 presos políticos una celda que mide tres metros por cuatro. Pasamos días o semanas sin tener acceso al sol o al aire libre. Soy un reportero gráfico, no un delincuente. Mi detención indefinida es psicológicamente insoportable. Ni siquiera los animales sobrevivirían en estas condiciones”, dijo recientemente en una carta publicada por Amnistía Internacional.

La historia de Shawkan no es ni mucho menos insólita. Desde el derrocamiento del presidente Morsi en julio de 2013, decenas de periodistas han sido detenidos o condenados en todo Egipto en castigo por su trabajo. Dieciocho de ellos continúan aún entre rejas, sin apenas esperanzas de ser puestos en libertad.

Al igual que en Egipto, muchos gobiernos de todo el mundo utilizan indebidamente los tribunales para impedir a los periodistas informar sobre cuestiones de derechos humanos o para castigar a los que lo hacen.

El periodista maya Pedro Canché Herrera permanece encarcelado desde que, el 30 de agosto de 2014, fue detenido por un presunto delito de sabotaje en el estado de Quintana Roo, México. Su detención se produjo unos días después de que publicara imágenes de una protesta por el incremento de las tarifas del servicio de agua celebrada por residentes del municipio de Felipe Carrillo Puerto ante la oficina de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.

Registros, intimidación y acoso
Los gobiernos también recurren a los registros, la intimidación y el acoso contra periodistas para impedirles informar sobre cuestiones que las autoridades prefieren mantener fuera de la agenda pública.

A finales de diciembre de 2014, las autoridades bosnias llevaron a cabo un registro en las oficinas del popular portal de noticias klix.ba, y presionaron a los periodistas para que revelaran sus fuentes en relación con una grabación de audio filtrada que presuntamente desvelaba sobornos a alto nivel.

La policía confiscó ordenadores portátiles, 19 discos duros y teléfonos móviles particulares en una operación que duró varias horas y en la que se destruyó parte del equipo técnico. Un redactor y un periodista fueron detenidos para interrogatorio, y más tarde quedaron en libertad sin cargos. Una revisión judicial posterior concluyó que el registro había sido ilegal, ya que había violado los derechos constitucionales de los periodistas.

Testigos del conflicto armado
Desde Irak hasta la República Centroafricana, pasando por Colombia, Nigeria y Siria, los periodistas se han enfrentado a amenazas y violencia cuando trataban de arrojar luz sobre los abusos sufridos por millones de hombres, mujeres, niños y niñas atrapados en algunos de los conflictos más violentos del mundo.

El periodista Hamza Idris ha sufrido intimidación a manos de las fuerzas de seguridad nigerianas a causa de su labor informativa. En 2014, después de publicar un artículo en el que criticaba la falta de protección adecuada a la población civil por parte del ejército, ocho soldados irrumpieron en su oficina.

“Llevaron al director de la oficina y a otro miembro del personal a la Comandancia de la 7ª División, en el Cuartel de Maimalari. Aunque finalmente los dejaron en libertad, fue todo aterrador. Los periodistas somos el blanco de todos.”

A muchos kilómetros de Nigeria, en Colombia, los periodistas siguen sufriendo amenazas e incluso homicidio por sacar a la luz abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en el contexto del largo conflicto armado del país, y por exponer los vínculos de corrupción que algunos funcionarios del Estado mantienen con grupos armados ilegales y la delincuencia organizada.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, 26 periodistas han sido amenazados y al menos uno ha muerto en lo que va de año.

El 21 de enero, cinco periodistas, y numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos que acompañan a víctimas de desplazamiento forzoso y a personas a las que les han arrebatado sus tierras, aparecieron citados en una amenaza de muerte por escrito firmada por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Las personas cuyo nombre se incluía en la amenaza eran calificadas de colaboradores de la guerrilla.

Irak es también un lugar sumamente peligroso para los periodistas. El jefe de la oficina de Reuters en Bagdad, Ned Parker, tuvo que dejar el país en abril después de recibir amenazas en las redes sociales y en un canal de televisión propiedad de una milicia chií. Esta intimidación se produjo después de que Parker informara sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas gubernamentales y las milicias chiíes durante la liberación de Tikrit, hasta entonces en manos de ISIS.

“El periodismo no es un delito. Los profesionales de los medios de comunicación son los ojos y los oídos de la sociedad. Los gobiernos tienen el deber de garantizar que los periodistas pueden informar libremente sobre cuestiones de derechos humanos sin temor a ser atacados o morir mientras realizan su labor legítima. Las autoridades tienen el deber de llevar ante la justicia a los responsables de los abusos. Ya es hora de que los Estados se tomen sus deberes en serio”, ha manifestado Susanna Flood.