*”No queremos la renuncia de Ortega, queremos una junta de transición que llame a elecciones adelantadas”
*Nicaragua vive una severa crisis política y algunos integrantes de su comunidad en México aseguran que su situación es semejante a lo que viven, hoy en día, los venezolanos.
Ciudad de México 12 de junio de 2018.-Por ello, diferentes sectores de la población buscan una salida constitucional y elecciones anticipadas, pero con justicia y sin Daniel Ortega Saavedra en el poder: “Todos los días somos víctimas de asesinatos y de violaciones a nuestros derechos humanos. Queremos que Daniel Ortega y Rosario Murillo se vayan”, declaran en entrevista para UNAM Global cuatros nicaragüenses radicados en nuestro país, y que por miedo a represalias piden el anonimato.
A decir de los jóvenes, a sus connacionales no les interesa que Daniel Ortega renuncie a la presidencia, de ser así, nada cambiaría.
“Lo que queremos es que se cree una junta de transición que llame a elecciones adelantadas con un proceso electoral bajo la supervisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), o de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que nos garantice una transformación. Si renuncia Ortega, por ley, su esposa, que es la vicepresidenta, asumiría la presidencia, y si ella renuncia, quien la asumiría sería el presidente de la Asamblea Nacional, que también es del Estado”.
El 17 de abril de este año, Daniel Ortega ratificó la reciente reforma al sistema de seguridad social, considerada por los sectores afectados como un “agravio a sus derechos”. Entre otras modificaciones, la reforma supone un aumento en las cotizaciones al seguro social de los empleadores y trabajadores, y una contribución adicional al cinco por ciento de las personas pensionadas.
Ignorados en la negociación de las modificaciones, el 18 de abril el pueblo nicaragüense se volcó a las calles. Ciudadanos de Managua, Bluefields, León, Masaya y Ciudad Sandino manifestaron su descontento, que fue reprimido de manera inmediata por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos de choque.
A partir de esa fecha, la violencia ejercida contra la sociedad civil, denunciada a través de redes sociales, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, provocó que el 21 de abril el presidente Ortega anunciara la revocación de las reformas al sistema de seguridad, la cual no fue acompañada de ningún pronunciamiento sobre la muerte de algunos manifestantes.
La noche del 19 de mayo, después de haberse anunciado una “Tregua de 72 horas”, el presidente Ortega atacó a estudiantes de la Universidad Agraria, con lo que violó el acuerdo pactado en la agenda consensuada en la Mesa Plenaria del Diálogo Nacional, atestiguado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Demandas
La agenda de justicia y democracia contempla reformas constitucionales y electorales, un cambio total del Consejo Supremo Electoral, elecciones anticipadas y la reducción del mandato de todas las autoridades, así como una profunda reforma policial, refrendada a través de una Ley Marco. Pero la represión que Ortega ejerce sobre la población demuestra que no está dispuesto a ceder. De ahí, la convocatoria promovida por el Movimiento Campesino a llevar a cabo un paro nacional.
“Ortega dice que no se va, que Nicaragua no es propiedad privada de nadie, que es de todos, y que la mayoría está a su favor. Pero lo único con lo que cuenta es con el Ejército y los cuatro Poderes del Estado”, apuntaron los cuatro jóvenes nicaragüenses.
1978, la experiencia de los paros nacionales
Debido al asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, principal opositor de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, Nicaragua vivió dos paros nacionales convocados por la alianza de organizaciones conformada por empresarios, sindicatos y partidos políticos. Pero el éxito del derrocamiento del somocismo se vivió un año después, el 4 de junio de 1979, cuando la lucha armada de los movimientos de izquierda revolucionaria como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrotó militarmente a la Guardia Nacional en medio de un tercer paro nacional.
Si bien, el paro nacional es un instrumento de lucha social y política en contra de la dictadura, es preciso informar a la gente de los verdaderos alcances y consecuencias. La historia ha sido testigo de las malas condiciones políticas y económicas en las que el fracaso de éstas ha dejado a naciones enteras.
De acuerdo con los jóvenes centroamericanos, existe mucha desinformación en torno al paro nacional. “Aunque muchos dicen que puede ser la opción pacífica, hay muchos que no se quieren sumar por temor a que el paro nos quiebre más económicamente o que fracase dejando al pobre más pobre y con la misma dictadura, por eso queremos que un experto externo nos dé su opinión respecto a los mitos y realidades que conlleva un paro de esa magnitud”.
Un traje diseñado a su medida
Cuando Daniel Ortega se encontraba a la cabeza del FSLN, en una entrevista periodística reivindicó el derecho a la lucha civil como el medio más eficaz para cambiar a un gobierno y a un presidente impopular.
Hoy, a un año de su cuarto periodo presidencial -el primero de 1985 a 1990- Daniel Ortega Saavedra sumaría en 2022, 15 años consecutivos derivados de tres periodos, es decir, 20 años al frente del segundo país más pobre del hemisferio occidental, algo que ni Somoza logró.
Los jóvenes nicaragüenses quieren a los Ortega-Murillo fuera del poder. “Hay muchos artículos de la Constitución que ha modificado para su propia conveniencia. Hizo posible que sus hijos funjan como asesores y que su esposa aparezca como la vicepresidenta. Está dejando a todo el pueblo con las manos atadas para no revocarlo”.
Las consecuencias económicas
Los cierres de calles y las manifestaciones han interrumpido el comercio del corredor centroamericano. De acuerdo con la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), la crisis política que sufre Nicaragua desde hace más de 50 días provocaría pérdidas económicas superiores a los 600 millones de dólares, además de la pérdida de hasta 150,000 empleos.
Este 7 de junio, después de su reunión con los obispos, Daniel Ortega pidió dos días para “reflexionar” en torno a la agenda de la democratización, pero la escalada de represión y violencia continúa, tanto que, según cálculos del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la dictadura familiar ha dejado, hasta el día de hoy, 134 muertos y miles de heridos.
En este contexto, la directora ejecutiva del CENIDH, Marlin Sierra, demandó a los organismos internacionales su intervención para exigirle a Ortega Saavedra el cese del uso irracional de la fuerza a fin de evitar una guerra civil.
En entrevista telefónica, Francisca Ramírez Torres, líder campesina del movimiento anticanal, aseguró que el pueblo centroamericano sabe que Daniel Ortega es incapaz de gobernar. “De 1980 a 1990 hubieron 50 mil muertos, y hoy -con 6.3 millones de habitantes- nos está matando públicamente, por lo que si continúa en el poder, todas las personas seremos asesinadas una a una”.
Por ello, Ramírez Torres llamó a fortalecer los bloqueos de carreteras y el “paro ciudadano” en todo el país, el cual está siendo testigo de la peor matanza de su historia en “tiempos de paz”.
Los ciudadanos nicaragüenses radicados en México se han plantado en el Ángel de la Independencia y en la embajada de Nicaragua con el objetivo de captar la atención de los mexicanos, a quienes piden su solidaridad con la lucha de aquellos que están en contra del régimen de Daniel Ortega.
“El pueblo de Nicaragua ya no está dispuesto a ceder, ya no reconoce al presidente. Por eso estamos desde México y desde varios países tratando de llegar a todos los espacios que sean posibles para que sepan cuál es nuestra realidad, y evidenciar ante la comunidad internacional que Nicaragua quiere lograr la democratización del país, pero sobre todo, que respiremos un ambiente de paz”, concluyeron los cuatro nicaragüenses.
