*Secretaría de Salud no ha respondido a la alerta temprana; servicios de salud son deficientes en toda la entidad

*Paro de servicios podría causar graves daños a la salud o pérdidas de vidas

Oaxaca, 26 de mayo.- Arturo Peimbert Calvo, Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca señaló que la suspensión de servicios de salud desde hace un mes en el estado por el paro de labores que mantiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios de Salud número 35, sumado a la falta de atención oportuna por parte de las autoridades, es una violación a los derechos humanos de toda la población oaxaqueña.

El ombudsman y los integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría coincidieron en condenar el paro de actividades de los diferentes centros de salud, hospitales y clínicas en el estado por ser una crisis de salud que puede ocasionar daños de difícil o imposible reparación a la integridad de la población, incluyendo pérdida de vidas humanas.

Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría realizada el 26 de mayo, Peimbert Calvo recordó que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca emitió hace una semana una alerta temprana en materia de salud pública, además de que casi desde el inicio del paro de labores en las regiones de la Costa y la Mixteca dictó medidas de protección a fin de que la autoridad garantice a la población el acceso a los servicios de salud.

Peimbert Calvo puntualizó que la autoridad no respondió a la alerta temprana emitida, ni a la recomendación que la Defensoría le dirigió el año pasado por las malas condiciones del Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso, que ameritan la construcción de un nuevo sanatorio.

El consejero ciudadano Bernardo Rodríguez Alamilla consideró perversa la actuación sindical en este conflicto: “Bajo el argumento exigir mejoras que podemos aceptar como justificables, se está violando una serie de derechos, sobre todo el derecho a la salud de la población oaxaqueña; ahí se pervierte esto, porque no se puede exigir un derecho violentando otro”.

Agregó que cuando un sindicato está violentando derechos humanos, pese a no ser una autoridad, desde la perspectiva de derechos humanos está lesionando el derecho de la ciudadanía. Por ello, recalcó, “la Defensoría debe intervenir para cuestionar a la autoridad qué está haciendo a fin de revertir el problema”.

El consejero ciudadano Pedro Matías  Arrazola expuso que luego de una alerta temprana, medidas cautelares y una recomendación de la Defensoría que sólo recibieron desatención por parte de las autoridades gubernamentales, es preciso un informe especial que haga una radiografía de la crisis que padece el sistema de salud, a fin de evidenciar todas las deficiencias en que ha incurrido la dependencia oficial.

Coincidiendo con el consejero Rodríguez Alamilla en que es una perversión impedir que la ciudadanía reciba atención sanitaria, llamó al sindicato de salud a que, aunque sus demandas son justas, no dejen a la población sin atención, pues lo que está en riesgo son vidas.

Por su parte, la consejera ciudadana Sara Méndez Morales reclamó que la falta de servicios de salud expone a la población a riesgos, como la epidemia de la enfermedad de Chinkungunya, y la desinformación promueve la expansión de este mal. “Hay lugares como la región del Istmo en que ni siquiera saben que se transmite por un mosquito”, alertó.

El Defensor Peimbert Calvo recapituló que la atención en la Secretaria de Salud es lenta, de mala calidad, sin calidez, con deficiencias, y asimismo ha sido lenta para responder a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría, pues hasta la fecha la dependencia estatal no ha tenido contacto con la institución autónoma. “Esto preocupa mucho a la Defensoría, que lo toma como elemento constitutivo para su expediente”, recalcó.

Peimbert Calvo insistió en que bajo ninguna circunstancia es viable, conducente o legal que un sindicato como el de salud, aunque sea aduciendo con razón la falta de elementos para realizar su trabajo, prive a tantas personas del derecho a la salud.

“En algunos casos podría ser un elemento constitutivo de delitos penales, pues se lastima la integridad física de quienes usan los servicios; también puede considerarse como un caso de negligencia al no brindar la atención adecuada y oportuna”, advirtió.

El ombdusman expresó que se deben generar los mecanismos de investigación para deslindar la responsabilidad de los funcionarios de salud, y que se traduzcan en un legajo de investigación que defina cuál es la responsabilidad legal de cada uno de ellos.

Puntualizó que tampoco debe olvidarse que hay una crisis en el sector salud y “no vemos hacia donde pueda salir positivamente, pues en todos los servicios que brinda la Secretaría de Salud aparece alguna deficiencia”.

Peimbert Calvo detalló que los medicamentos que está administrando el sistema de salud estatal no son los adecuados, hay rezagos en los tiempos de entrega, falta de insumos para dar una correcta atención en términos de calidad y calidez, una serie de negligencias, “todo el catálogo del que ya hemos informado sobre la falta de condiciones en los hospitales de Oaxaca”.

El titular de la Defensoría puso como ejemplo el hospital de San Agustín Loxicha, “un elefante blanco que no tiene nada, construido en el terreno de un familiar de un ex presidente municipal… Hay una crisis en el sector salud que es urgente que se atienda y resuelva”.

El Defensor de los Derechos Humanos instó al Secretario de Salud para que de manera expedita informe cuál será el proceder de la dependencia estatal para responder a la alerta temprana emitida la semana pasada por la Defensoría.