*Fue destituido por el Congreso de Perú por “incapacidad moral”

Lima. La Fiscalía ha detenido este miércoles al destituido presidente de Perú Pedro Castillo en la sede de la Prefectura de Lima, a donde se ha dirigido junto a su familia y el exprimer ministro Aníbal Torres tras anunciar que disolvía el Congreso, decretaba un gobierno de excepción y convocaba nuevas elecciones legislativas.

El Congreso de Perú destituyó este miércoles al presidente izquierdista Pedro Castillo por “incapacidad moral”, ignorando la decisión del mandatario de disolver el Parlamento y reorganizar el sistema de justicia.

La destitución de Castillo fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas, en su tercer intento por sacarlo del poder desde que asumió la presidencia hace 16 meses.

La vicepresidenta Dina Boluarte, que denunció un “golpe de Estado”, debe asumir la presidencia de la República a las 20h00 GMT.

En un esfuerzo de último minuto por salvarse de la destitución, Castillo anunció la disolución del Congreso pocas horas antes de que el Parlamento se reuniera para debatir su salida.

“Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional; convocar en el más breve plazo a un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”, dijo Castillo en un mensaje a la nación leído desde el palacio de gobierno, transmitido por televisión.

“A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy (…) desde las 22H00 (03H00 GMT del jueves) hasta las 04H00 (09H00 GMT del jueves)”, indicó el mandatario, de traje azul y con la banda presidencial puesta.

“Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional”, señaló.

“Golpe de Estado”

“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, indicó en Twitter la vicepresidenta de Perú.

“Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico”, dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Costitucional, Francisco Morales.

La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su “rechazo de manera enfática” a “todo quebrantamiento del orden constitucional”, y exhortó al mandatario a “respetar la Constitución, el Estado de Derecho y la democracia que tanto nos ha costado”.

“El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe”, dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.

Decenas de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraban frente al Parlamento desde antes del anuncio, a la espera del debate sobre su destitución.

Ola de renuncias

Tras el anuncio varios ministros del gobierno y funcionarios de organismos internacionales anunciaron sus renuncias al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.

El embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, anunció en Washington su dimisión debido a “la ruptura (…) del orden constitucional”.

“A partir de hoy Castillo esta en la triste fila de los dictadores”, dijo a la misma radio el ex presidente peruano Ollanta Humala ((2011-2016).

El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.

El Congreso de Perú, dominado por la derecha, tenía programado debatir el miércoles una moción de destitución contra Castillo por “permanente incapacidad moral”, una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos exmandatarios desde 2018.