Silvina Nayssa Arce Avilés, ex directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, Guerrero -durante los gobiernos de los ex alcaldes Omar Jalil Flores Majul (2015 al 2018) y Marcos Efrén Parra Gómez (2018 al 2021)-, así como su esposo Alberto Sánchez -quienes administran el medio digital Redsiete-, fueron privados ilegalmente de la libertad por un grupo de sujetos armados, en dicho municipio, de donde también fue secuestrado el periodista Marco Antonio Toledo Jaimes, de 59 años de edad, junto a su esposa e hijo.

La presunta privación ilegal de la libertad de los dos primeros fue denunciada por la activista y escritora, Julissa Natzely Arce Raya, hermana de Silvina Nayssa, a través de su cuenta de la red social Facebook, en la cual también detalló que sus sobrinos 3, 5 y 13 años de edad, fueron abandonados en la vía pública por los mismos sujetos armados.

Según testimonios citados por medios locales, la pareja fue secuestrada por un grupo de sujetos armados, cerca de la Plaza Taxco, en la colonia Centro de dicho municipio, donde se encuentran sus oficinas. Tras recibir amenazas por parte de la delincuencia organizada, Arce Avilés cerró su medio digital de noticias La Pulga Biónica.

Por otra parte, Toledo Jaimes -director del semanario Espectador de Taxco- fue privado de la libertad junto con su esposa Guadalupe Denova Flores y su hijo Alberto Toledo Denova, por un grupo de hombres armados, el domingo 19 de noviembre de 2023, al interior de su domicilio particular ubicado en la localidad de Huixteco, en el municipio de la región Norte de Guerrero, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

La esposa del periodista, de 56 años de edad, es directora de un jardín de niños, mientras que el hijo de la pareja, de 28 años de edad, labora en el Hospital General Adolfo Prieto, ambos en Taxco de Alarcón.

El periódico local La Crónica que se edita en Chilpancingo reveló que Toledo Jaimes fue plagiado tras realizar una publicación en la que denunció la aprobación de un acuerdo del Gobierno municipal encabezado por Mario Figueroa Mundo -militante de Morena-, para la inversión de 13 millones de pesos en la pavimentación de una calle donde únicamente vive el ex presidente municipal Manuel Saidi Pratt, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Dicho diario local exigió al Gobierno encabezado por Evelyn Cecia Salgado Pineda, la inmediata libertad y presentación con vida de Toledo Jaimes, y afirmó que el periodista recibió amenazas del crimen organizado, para no publicar información respecto al desplazamiento forzado de los “peregrinos” que participan en la Semana Santa en Taxco de Alarcón.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) activó ahora tres fichas de búsqueda para Toledo Jaimes, su esposa e hijo, en las que sólo indicó que los vieron por última vez en Taxco de Alarcón, el 19 de noviembre de 2023, así como la fecha de denuncia, del día 22 del mismo mes y año.

Después, en un comunicado, la institución de procuración de justicia guerrerense agregó que investigaba la desaparición y realiza la búsqueda de cinco personas, entre ellas tres periodistas, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos; así como la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Asimismo, la FGE inició la carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en contra de quién o quienes resulten responsables en agravio de Marco Antonio “N”, Guadalupe “N” y Alberto “N”.

“Derivado de una noticia criminal se investiga el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de Nayssa ‘N’ y Alberto ‘N’; por lo que está institución se encuentra en espera de que los familiares otorguen entrevistas que aporten más datos que permitan establecer nuevas líneas de investigación”, dijo la Fiscalía estatal.

“Desde que se tuvo conocimiento de estos hechos, Agentes de la Policía Investigadora Ministerial realizaron los primeros actos de investigación para recabar datos de prueba que permitan dar con el paradero de los probables responsables”, finalizó la FGE.

Por otra parte, de manera conjunta, las organizaciones no gubernamentales Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), llamaron a la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y a la institución de procuración de justicia guerrerense, a abrir la investigación de oficio, “aplicando el Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión”. Las ONG’s también pidieron al Gobierno de Guerrero, coordinar las acciones necesarias para encontrar a las personas privadas ilegalmente de la libertad.