Oaxaca 7 de julio.- El Gobierno de Oaxaca a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), firmó este martes un Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), para el acceso y uso del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.

Lo anterior, permitirá a la PGJE utilizar esta importante herramienta, para que las y los hablantes de lenguas indígenas sujetos a proceso, tengan en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes en el conocimiento de su lengua y cultura.

Durante la firma de este convenio, el Procurador General de Justicia del Estado, Maestro Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, refrendó su convicción al titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Javier López Sánchez, de dar cumplimiento a los deberes irrenunciables del Estado Mexicano de procurar justicia y garantizar los derechos humanos, y de manera particular, salvaguardar los derechos lingüísticos de la población indígena.

Dijo que históricamente, los pueblos indígenas han sido víctimas de procesos en los que no se consideran sus lenguas, su condición de marginación y exclusión social, lo que en la mayoría de ocasiones redunda en condenas injustas o excesivas.

Indicó que el cambio por el que transita el sistema jurídico con la Reforma Constitucional, exige a todas las autoridades respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas conforme a los principios de universalidad. De ahí la obligación de implementar acciones que garanticen la vigencia de los derechos humanos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

Carrillo Ruiz precisó que este convenio constituye un elemento esencial del derecho al debido proceso, ya que sólo al contar con un traductor o interprete podrá́ comprender plenamente en su idioma todo cuanto acontece en las diferentes actuaciones procesales.

En su oportunidad, el titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas señaló que Oaxaca es considerada como una de las entidades con mayor diversidad lingüística del país, al contar con 15 lenguas originarias que son habladas por más de 1.2 millones de habitantes. Por ello –dijo- es indispensable que en todo proceso que se vea involucrada una persona indígena, tenga garantizado el derecho a tener un traductor o interprete si no comprende o no habla el idioma que utiliza el Ministerio Público, el Juez o el Tribunal de Justicia.

Dentro de los objetivos del Programa Institucional que comprende el convenio, destaca el promover el ejercicio, respeto y defensa de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y, dentro de ellos, el derecho al intérprete.

El INALI tiene la competencia específica para profesionalizar intérpretes y traductores en lenguas indígenas, y de ahí implementar acciones específicas para formarlos, actualizarlos, especializarlos y certificarlos. Dichos profesionales se encuentran inscritos dentro del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, herramienta de apoyo especializado en línea, el cual se mantiene permanentemente actualizado.

Dicho convenio tiene por objeto además la realización de proyectos y actividades conjuntas para el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, la difusión de materiales en sus lenguas originarias, así como la promoción del fortalecimiento y desarrollo de sus lenguas maternas.