Enrique Pérez Quintana

28 de febrero de 2022

En la agenda de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según dice, todos los días está el tema de la seguridad y por ello asisten a temprana hora los encargados de garantizar certidumbre y paz a la ciudadanía. Seguramente ahí se abordan diversos problemas y plantean múltiples estrategias para que disminuya la violencia, comentada todos los días en los medios, que dan cuenta de los múltiples homicidios, secuestros, y extorsiones, cometidos en diversas entidades del país.

Una vez más Michoacán es el escenario en el que, con impunidad y retando al Estado, actúa la delincuencia organizada. En horas recientes, se divulgó en las redes sociales el fusilamiento de más de una docena personas, cometido por un grupo armado que las obligó a colocarse frente a la pared de una casa para ejecutarlos. Los asesinados asistían a un velorio en la localidad de San José de Gracia, en el municipio Marcos Castellanos, Michoacán.

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Autoridades de la fiscalía estatal, apoyada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar y encontraron evidencias de la masacre, cartuchos percutidos de armas de fuego calibres .9mm, 7.72, 5.56 y 45 mm, una bolsa con artículos de limpieza, que supuestamente sirvieron para lavar el sitio de la ejecución y, lo más destacado, no encontraron cuerpos de las personas asesinadas o heridas en ese lugar.

Es de llamar la atención la percepción del presidente López Obrador sobre el caso, al manifestar que “todavía no hay información y ya lo dan como un hecho”. En respuesta a una pregunta, en su conferencia mañanera, “pidió esperar las investigaciones de un supuesto fusilamiento de 17 personas en San José de Gracia, porque hasta el momento se tienen evidencias de un enfrentamiento, pero no los cuerpos. “Primero esperar a que tengamos la información. El reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán es que no han encontrado cuerpos”.

La expresión de López Obrador deja el asesinato documentado en un video de 41 segundos, grabado por un ciudadano, difundido y visto por miles en redes sociales, como un suceso que podría no haber sucedido y por tanto tratarse de un “montaje”, lo que nos estaría hablando de la tendencia presidencial de considerarse a sí mismo como el único portador de la verdad, a pesar de la evidencia.

Destaca la manera en la que los delincuentes “limpiaron” la escena del crimen, como si fuera una película de Hollywood, al lavar el lugar de la masacre y llevarse los cuerpos de los ejecutados, indicaría que saben que sin pruebas no los podrán responsabilizar, lo que hace altamente probable que a los fusilados de Michoacán podría pasarles algo similar a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que no aparecen desde el 26 de septiembre de 2014, sería un indicador sobre las escasas posibilidades de que los cuerpos de los fusilados sean encontrados. Si los delincuentes se los llevaron fue para desaparecer lo que podría culparlos.

La delincuencia organizada y la multiplicación de los grupos armados que se confrontan entre sí por el control de territorios, para el desarrollo de sus actividades ilícitas, tiene en Michoacán el ejemplo del fracaso de la política de “abrazos no balazos” y la filosofía de López Obrador de “no combatir la violencia con violencia”, que solo ha permitido, en el tercer año de su gobierno, la percepción de vacío de poder en amplias regiones país, en donde quien manda es la delincuencia y sus armas.

En Michoacán, para no lanzar la memoria muy lejos, recordemos dos hechos recientes. Primero el “secuestro” del Municipio de Aguilillas, en donde por meses los delincuentes impidieron el paso de todas las autoridades, incluyendo al Ejército y la Guardia Nacional, al destruir los caminos de acceso y colocar barricadas con hombres armados que operaban como “aduanas” para los que pretendían entrar o deseaban salir. Esa experiencia sirvió a la delincuencia para despojar a la población de sus bienes, sus tierras y sus cosechas.

Lo que nos lleva al segundo caso, que se internacionalizó, cuando los delincuentes amenazaron a los inspectores del aguacate que los agricultores exportan a los Estados Unidos y que en diferentes casos fueron despojados de sus tierras y sus cosechas.

Los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa todavía gritan “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, en su reclamo al Estado. Fue un reclamo al gobierno de Peña Nieto. Ahora es un reclamo al gobierno de López Obrador.

Según el presidente López Obrador debemos esperar a que la fiscalía de Michoacán encuentre los cuerpos de los 17 fusilados, para que demos como un hecho real la masacre. ¿Cuál sería el grito de reclamo para el Estado? En este caso “Muertos se los llevaron, muertos los queremos ver”.

Estamos en el tercer año de gobierno de la 4T y el peligro nos acecha en muchas partes del país. El vacío de poder tiene consecuencias.