Sergio Sarmiento/
Ciudad de México 13 de marzo de 2018.- Acusaciones no han faltado. A Ricardo Anaya se le acusa de haberse beneficiado de una operación de lavado de dinero del empresario queretano Manuel Barreiro. De José Antonio Meade se dice que ordenó o aprovechó operaciones ilícitas en la Sedesol. A Andrés Manuel López Obrador, en cambio, se le cuestiona por haber incorporado a su lista de candidatos al Senado a Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero radicado en Canadá a quien se acusa de haberse apropiado de 55 millones de dólares de los mineros de Cananea.
Son tiempos electorales y no debe sorprendernos. Desde hace mucho tiempo sabemos que las campañas negras son exitosas para noquear a un rival mientras que las de propuestas difícilmente llaman la atención a los ciudadanos. Y en una campaña electoral el triunfo es lo más importante, mucho más que las iniciativas de políticas públicas que se aplicarán una vez que el candidato alcance el cargo de que está buscando.
Hay que reconocerle a López Obrador que es el único candidato presidencial que ha dado a conocer propuestas concretas sobre lo que haría en caso de llegar a la Presidencia de la República. Su proyecto de nación, dado a conocer el pasado mes de septiembre, contiene propuestas en una amplia serie de temas. Quizá son propuestas demasiado vagas, pero cuando menos nos permiten una idea de lo que puede significar un gobierno de López Obrador.
Las otras campañas han estado notoriamente vacías de propuestas concretas. José Antonio Meade ha propuesto solamente hacer un Registro Nacional de Necesidades de cada Persona, lo cual ha generado más críticas que aplausos, mientras que Ricardo Anaya no ha ofrecido hasta el momento nada concreto. La única gran propuesta del candidato del PAN y del PRD es “sacar al PRI corrupto” de Los Pinos. Supongo que todos los males del país se arreglarían una vez que esto ocurriera. Propuestas anteriores, como la de aumentar el salario mínimo de manera importante o la de crear un ingreso universal para todos los mexicanos, no han sido ya mencionadas en los últimos meses.
La culpa no recae enteramente en los candidatos. La misma legislación está hecha para acallar las propuestas. La legislación electoral vigente establece absurdamente que no ha habido campañas políticas en nuestro país hasta este momento. Pasamos de un largo período en el que supuestamente no había ninguna actividad de los candidatos a las precampañas para llegar ahora a las intercampañas. En todo este tiempo la ley amenaza con sancionar los actos anticipados de campaña. Esto no ha impedido que los candidatos se promuevan en lo personal. Pero desde un punto de vista estricto, hasta este momento los candidatos no pueden ni pedir el voto para sí mismos ni discutir sus plataformas políticas. Tenemos una ley hecha para amordazar antes que para promover la discusión de los temas fundamentales del país.
Las cosas deberían ser radicalmente distintas. En lugar de estar aplicando censuras y mordazas, la ley electoral debería estar hecha para impulsar una discusión activa sobre los temas fundamentales. No será fácil, porque la gente responde mejor a las campañas negativas que a las propositivas. El lema “Un peligro para México” tuvo más impacto en los esfuerzos para derrotar a López Obrador en 2006 que las propuestas de gobierno de Felipe Calderón. Pero es absolutamente irracional que la ley y las autoridades agraven la situación al prohibir o inhibir la discusión de temas de fondo. Necesitamos una ley electoral que premie las propuestas de políticas públicas y no una, como ahora, que las castigue.
Twitter: @SergioSarmiento
