El 19 de julio de 2015, Rosa Pérez Pérez ganó la elección para alcaldesa en Chenalhó, Chiapas, bajo las siglas del PVEM.
A lo largo de su historia Chenalhó –ubicado a unos 30 kilómetros de San Cristóbal de las Casas-, no había conocido la alternancia hasta que llegó Pérez Pérez.
Durante la contienda del año pasado, la mujer indígena logró el triunfo con 2 mil 600 votos a su más cercano contrincante priista.
Pero conforme pasaron los días, semanas y meses, las cosas se le complicaron a la alcaldesa.
Ella misma denunció que por ser mujer los grupos caciquiles que durante 86 años detentaron el poder en el municipio, buscaban quitarla del cargo.
Miguel Sántiz Álvarez, síndico del ayuntamiento, fue quien le puso las primeras piedras en el camino.
Sántiz, deseaba percibir un salario de 130 mil pesos mensuales y administrar todo el presupuesto del municipio consistente en 57 millones de pesos.
Pero como Rosa no cedió, éste encabezó un movimiento en su contra con el argumento de que no había cumplido sus promesas de campaña.
Detrás de Sántiz están empresarios de Santiago El Pinar, el ex alcalde de Chenalhó, Martín Cruz Aguilar y la hondureña Carolina Vanesa Martínez.
Las protestas llegaron a tal grado que la semana pasada, un grupo de habitantes secuestró al presidente del Congreso estatal, Eduardo Ramírez Aguilar.
Esto con el fin de obligarlo a firmar la licencia de Rosa Pérez, para que su lugar fuera ocupado por el citado síndico, lo cual finalmente sucedió.
Así, el gobierno de Manuel Velasco, cedió a las presiones y el chantaje de un grupo caciquil, al permitir que prevaleciera la ilegalidad.
Rosa Pérez, fue echada como si no hubiese ganado la elección y por no ceder a las ambiciosas pretensiones de quien ya gobierna desde el 26 de mayo.
¿En dónde queda entonces el derecho al voto libre? ¿Cualquiera puede pisotear la ley y convertirse en alcalde?
Por lo visto, eso es real. Son los usos y costumbres. Ahí está el nuevo gobierno para servicio de unos cuantos.
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