Salvador Flores Durán
Oaxaca.- El diputado federal perredista Francisco Martínez Neri, acusó que la construcción de las ciudades Administrativa y Judicial, son monumentos a la corrupción y totalmente opacas, por lo que demandó al gobierno del estado informar si adelantó pagos para finiquitar la deuda contraída en el gobierno de Ulises Ruiz para la construcción de ambos centros burocráticos, y señaló que se deben realizar auditorías para aclarar el uso de recursos públicos en esos casos.
En entrevista, señaló que los oaxaqueños desconocen incluso los nombres de los propietarios de las empresas constructoras que fueron beneficiados en la construcción de las obras.
Para realizar esas obras, en el gobierno de Ruiz Ortiz se operaron los Proyectos de Prestación de Servicios con los que se hipotecaron participaciones federales del Estado y el cobro de impuestos por tenencia vehicular.
“Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial son monumentos a la corrupción, opacos totalmente, no se conocen ni los propietarios (de las constructoras) porque es una información reservada, entonces desde ese momento el hecho de que tenemos información reservada ya encontramos que hay cosas negras”, destacó.
Cuestionó que el gobierno del estado haya realizado pagos anticipados para finiquitar la deuda contraída por la construcción de ambas ciudades.
“Si se adelantaron partidas me parece que no necesariamente es lo correcto. Un gobierno necesita del efectivo, del recurso, del numerario para poder afrontar problemas. Si se adelantaron pagos, cosa que a mí no me consta, parece que no son decisiones adecuadas, salvo que se justifiquen a lo mejor por una quita muy importante, bueno se puede justificar,pero creo que sobre el particular debieran informar para saber si fue benéfica la decisión o no”, señaló.
Martínez Neri señaló que en todo caso, en Oaxaca “no creo que haya condiciones para pagar por adelantado, en las condiciones económicas que se pactaron esas cifras se habló de 30 años para poder pagar o una cosa así. No creo que haya condiciones para poder adelantar, habría que revisar si efectivamente se adelantó y en qué condiciones se hizo para conocer si resultó una acción positiva o una acción negativa”.
El exsecretario de Cultura del gobierno de Gabino Cué y contador fiscalistas, dijo que se debe hacer una auditoría a este proceso, hoy “más que nunca, en todo el país, hemos visto cómo se ha reaccionado por parte del propio Presidente con el asunto de las Fiscalías anticorrupción nombradas en Quintana Roo y en Veracruz”.
El también exrector de la UABJO dijo que “esto no puede ser, no podemos continuar en un estado de cosas como el que hemos vivido y la auditoría debe ser una actividad permanente y debe haber un reforzamiento de esas instituciones dotándolas de mayores recursos, de tecnología para que el servidor público que no haga bien las cosas tenga las consecuencias que la ley prevé”.
Lamentó también que en un gobierno emanado de una coalición de partidos de izquierda no se haya aplicado la ley a funcionarios de la administración de Ruiz Ortiz, aunque consideró que “creo que fueron errores iniciales. La verdad creo que desde el principio esperábamos con mucha esperanza como ha ocurrido en otros estados, que fueran llamados a cuentas aquellos funcionarios que hicieron mal uso del recurso”.
El legislador federal deploró que en este gobierno no se haya castigado a colaboradores de Ruiz Ortiz, “pero no tuvimos más que un solo caso, que por cierto, prácticamente ya se resolvió.¿Pero dónde quedó el dinero, dónde quedaron los recursos?Y si en este sexenio hubo desvíos, lo ideal es que se revisen y cuantifiquen y se finquen responsabilidades a los responsables de esos manejos dolosos”.
