La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca condenó el homicidio del defensor comunitario e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Fidel Heras, ocurrido este 23 de enero en la localidad Paso de la Reina, y solicitó medidas cautelares.

Luego que el organismo autónomo tuviera conocimiento del hecho que privó de la vida al defensor del Río Verde, en la región de la Costa de Oaxaca, inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021, y pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.

Asimismo, requirió a la Secretaría de Seguridad Pública la implementación de rondines de vigilancia en el tramo correspondiente de la agencia municipal Paso de La Reina a la cabecera de Santiago Jamiltepec, Oaxaca y el paraje la Esperanza, sitio donde ocurrió el ataque.

La institución señaló que entre 2015 y 2020, ha iniciado 232 indagatorias relacionadas con violaciones a derechos humanos, cometidas contra personas defensoras de derechos humanos.

La Defensoría reiteró que las y los defensores de derechos humanos son esenciales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, pues le dan voz a grupos históricamente invisibilizados, por ello, las agresiones en su contra afectan a toda la población y dejan en la indefensión a las personas que apoyan.

Asimismo, la institución sostuvo que es indispensable garantizar el acceso a la justicia a personas defensoras o colectivos víctimas de agresiones, lo cual implica conocer la verdad de los hechos, sanción a los responsables, atención a las víctimas directas e indirectas, así como garantías de no repetición.

La DDHPO reiteró que respetar y garantizar la labor de quienes se dedican a defender derechos de tierra y territorio, comunitarios, así como económicos, sociales, culturales y ambientales es prioritario, pues con sus acciones de defensa de tierras, aguas, bosques, se enfrentan a una situación de riesgo agravado por los intereses políticos y económicos que enfrentan, sobre todo, cuando se trata de la implementación de proyectos de infraestructura y desarrollo a gran escala.

La DDHPO exigió a las autoridades estatales crear una política integral de protección a personas defensoras que parta del reconocimiento de la obligación institucional de garantizar condiciones para que puedan ejercer en forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos, así como sancionar de manera efectiva a las personas responsables de las agresiones en su contra.