*Se constata Legislatura como costosa, improductiva e ineficaz
Adrián Ortiz Romero Cuevas
Oaxaca.- Ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional prácticamente toda la reforma político-electoral aprobada en junio por el Congreso del Estado, y promulgada por el Ejecutivo local. Esta decisión judicial tendría que ser parte aguas, primero para que los poderes locales a los que les invalidaron la norma respondan a la sociedad por este yerro; y segundo, para que esos mismos poderes asuman la responsabilidad que han evadido, al pactar normas por intereses políticos y no considerando que Oaxaca es parte de una federación en la que existe una jerarquía normativa —federal e internacional— que deben considerar al emitir normas.

En efecto, ayer el pleno de la Corte concluyó la discusión de las acciones de inconstitucionalidad que varios partidos políticos presentaron en contra de la reforma político electoral aprobada de última hora por el Congreso local. Los integrantes de la Corte no únicamente criticaron y reprobaron el hecho de que el procedimiento legislativo en este caso haya sido deficiente, sino que también invalidaron preceptos que son claramente contrarios a la norma constitucional federal. En todo eso, los ministros dejaron ver que la actitud de los legisladores locales fue inadecuada por pretender sobrepasar su marco de actuación, y por querer involucrarse en temas y situaciones para las que ellos no tienen facultades.

En ese sentido, uno de los argumentos fundamentales utilizados por los ministros al exponer los razonamientos en los que fundaron la decisión de optar por la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas, fue el relacionado a que el procedimiento legislativo no se llevó a cabo correctamente, debido a que no existen indicios de que la convocatoria a los legisladores para la sesión en la que se aprobó la reforma constitucional, hubiera sido entregada en tiempo y forma a cada legislador para estar en condiciones de participar en el acto legislativo.

Otro fue el relacionado a que la mayoría de diputados que aprobó el dictamen, no permitió que se desarrollara una sesión en la que las minorías pudieran participar y exponer sus consideraciones. Empero, los argumentos más sólidos de los ministros tuvieron que ver con la clara intención de los legisladores locales por entrometerse en asuntos que no se encuentran en el ámbito de lo “decidible” a nivel local.

Así, los ministros hicieron una larga exposición de los aspectos que declararon inconstitucionales de la reforma político electoral, aunque técnicamente nunca surgió polémica alguna entre ellos, lo que significa que la unanimidad con la que se votó cada uno de los puntos alegados por los partidos promoventes era directamente proporcional a la invasión de competencias que nunca consideró la mayoría que aprobó esas normas.

¿Cuál es el problema? Que la LXII Legislatura ya no está en condiciones de enmendar sus yerros y aprobar una reforma que sea acorde con lo que marca la Constitución, y útil para ser utilizada en el proceso electoral que se avecina. Resulta que las normas electorales no pueden ser modificadas sino antes de 90 días antes de que inicie el proceso electoral siguiente. Por eso al finalizar el mes de junio, los diputados locales tenían una urgencia enorme de aprobar la reforma constitucional, y ya sobre el tiempo emitieron las normas reglamentarias de las nuevas disposiciones federales.

Tomando como base esta misma disposición, aunque los diputados llegaran a emitir una nueva legislación durante todo el año siguiente, ésta no sería eficaz porque no podría regir el proceso electoral que inicia dentro de unos días. Y si se supone que el mandato de armonización tenía como finalidad normar los procesos electorales venideros, entonces resulta que tenemos un Congreso que no sólo no hace su trabajo, sino que deja a la entidad que representa en un completo estado de incertidumbre jurídica y política, y a merced de las situaciones que regulan las normas federales.

RESPONSABILIDAD

Sabemos que México es el país de “no pasa nada” y por eso ante pifias como la que ayer terminó de exhibir la Suprema Corte del Congreso de Oaxaca, no habrá un solo responsable y mucho menos rodará cabeza alguna. Es así porque los legisladores finalmente vieron este trabajo de armonización de las normas electorales locales a las federales, como una oportunidad de obtener ganancias políticas en la intervención en diversos temas que no estaban bajo su potestad, y como un espacio para el “a ver si pega”.

No pegó. Y ahora resultará que en la LXII Legislatura local no habrá ni un solo responsable, porque como la iniciativa fue una entreveración de intereses, entonces todos son corresponsables, aunque eso signifique que en los hechos nadie responda en concreto.

Ya podemos prever el hecho de que el PRI diga que ellos no son responsables porque fueron parte de la “minoría” a la que supuestamente no dejaron participar. PAN y PRD van a argumentar que ellos sometieron a consideración del supuesto pleno, un dictamen que previamente habían confeccionado y consensado con la fracción priista; y finalmente los diputados que no tienen partidos se sentirán “orgullosos” de la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas locales, aunque eso no signifique ninguna mejoría para la salud política de la entidad, salvo la posibilidad de enmendar todo lo que se hizo mal en una reforma futura, que ya no harían ellos.

De facto, la Legislatura actual terminará casi en el mismo tiempo que el proceso electoral llegue a su fase final. Y en la vorágine del cambio de gobierno y de Legislatura —todo esto va a ocurrir en los siguientes 13 meses—, nadie tendrá ánimos ni capacidad política para impulsar una reforma como ésta que sí es urgente para Oaxaca. Así que la “armonía” político-electoral seguirá esperando, igual que el deber de al menos saber quién fue el o los responsables de esta pifia, y por qué razones todos en Oaxaca permitieron que esto ocurriera.

EL PRIISMO CANÍBAL

Ayer una parte del priismo festejaba porque, según ellos, la Corte había sacado de la jugada sucesoria a uno de los prospectos de su propio partido. No alcanzaron a ver que tumbando la nueva redacción del 68 constitucional, quedaba el precepto como se encontraba inicialmente, el cual tiene aún más espacios para la participación política de la ciudadanía en los procesos democráticos. Al final, el juego de espejos sirvió para exhibir el canibalismo, no para sacar a alguien de la ruta sucesoria.