Xalapa, Veracruz 14 de junio de 2018.- Corría el mes de abril de 2016 cuando por una falla en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrió el derrame de crudo que abastecía la refinería Lázaro Cárdenas, cerca de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, a la altura de El Roblar. Este desastre ambiental —así considerado por la población— afectó un poco más de 900 metros cuadrados de pantano. Para algunos ambientalistas, el suceso significó un incremento en la mortandad de especies como tortugas, serpientes y lagartos, principalmente.

Este accidente implicó también un deterioro en la economía del sector pesquero, pues muchos animales acuáticos murieron a causa de la falta de oxígeno ocasionada por las sustancias esparcidas en el lugar. Gran parte de la población de estas zonas dañadas tiene como principal fuente de ingresos la actividad de la pesca y, en otros casos, la relacionada con la agricultura.

Justo ese mismo año, pero unos meses después —el 24 de septiembre de 2016—, cerca de la costa de Boca del Río, ocurría un caso más pero de mayor trascendencia mediática por tratarse de una de las costas principales a nivel nacional: la explosión provocada por el incendio del buque Burgos (con 30 tripulantes que fueron evacuados pocos minutos después), el cual trasladaba 80 mil barriles de diesel, 16 mil de gasolina desulfurada y 71 mil de gasolina magna.

A pesar del panorama que se esperaba en torno a las posibles consecuencias ecológicas de este accidente industrial, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) negó, luego de una examinación en ese sector marítimo, que existiera un impacto ambiental digno de preocupación o de gran magnitud. Estos son solo dos de tantos casos que se han registrado en el estado.

Los derrames de hidrocarburos —gasolina, petróleo, entre otros— que han ocurrido en el estado de Veracruz tienen como consecuencia social y política el surgimiento de distintos grupos de activistas y organizaciones civiles que consideran desfavorables para el medio ambiente, la salud y la economía muchas de las actividades de exploración, extracción y explotación de hidrocarburos, y sus exigencias a las autoridades para que se resuelvan estos problemas se robustecen año con año.

Para la doctora Beatriz Torres Beristain, de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana (UV) y especialista en problemáticas socioambientales, el conocimiento sobre el impacto ecológico y las medidas de acción para salvaguardar las zonas afectadas tiene que ver con el tipo de derrame de hidrocarburos del que se esté tratando. El impacto es variable si se enfoca el análisis en áreas marítimas o terrestres, por lo que el diagnóstico no puede ser homogéneo en este tipo de problemáticas.

“Los problemas de los derrames son muchos. Depende de dónde sea, pueden ser en mar (zonas costeras o mar abierto) o en tierra. Su entendimiento y solución se complican si no tenemos esas distinciones claras. Generalmente, cuando se trata de derrames ocurridos en mar abierto, la noticia es grande pero después se olvida, porque no tenemos contacto con ellos, no conocemos sus consecuencias a ciencia cierta. En el golfo de México se han dado muchos derrames que no se han remediado, porque prácticamente son imposibles de remediar”.

A pesar de que los grandes derrames —como el ocasionado por el buque Burgos en Boca del Río— han sido un problema ecológico que han tenido amplia repercusión mediática, la también integrante del Laboratorio y Gestión Ambiental de la UV sostiene que hay un asunto aún más grave en el estado de Veracruz: los pequeños derrames. Es decir, aquellos que no son noticia, por lo que pasan, con regularidad, inadvertidos para las autoridades, el gremio científico y la población en general. Esto tiene como consecuencia que no se tomen las medidas necesarias para su efectiva atención y pronta solución.

“A mí me tocó ir con el relator de Derecho Humano al Agua a la zona de Papantla y visitamos una comunidad. Observamos cómo había derrames en una fuente de agua. La gente decía que ya tenía más de dos años y nadie hacía nada, porque no encontraban por qué se derramaban las sustancias, no daban con la fuente del problema. Las compañías decían que era un derrame natural. Es decir, sostenían que se les estaba saliendo a ellos de un pozo”.

Sin embargo, luego de la explicación otorgada por los responsables, la investigadora junto con su equipo llegaron a la conclusión de que aparentemente al hacer la explotación por el método de la fractura hidráulica (fracking) se les estaba saliendo de control, pero no lo tenían muy ubicado, no sabían cómo taparlo. Eso estaba contaminando la fuente de agua potable que usaba la comunidad diariamente, ocasionando afectaciones a la salud de los habitantes.

“Esos pequeños derrames que no son noticia son muchos. Si tú te das una vuelta y visitas los pozos, están en muy malas condiciones y muchas veces están filtrando. Hace seis meses hicieron una toma infrarroja y pudieron detectar la fuga de gases en los pozos. Creo que lo primero que hay que hacer es aceptar los riesgos de la explotación e ir remediándolos y así prepararnos para los grandes derrames, los grandes retos socioambientales del estado”.

Para la especialista, si esto sigue como va planeado, con todas las rondas autorizadas para la explotación de hidrocarburos, sí existe un riesgo muy alto, dado que lo que ya se tiene es un incremento de estas prácticas en zonas contaminadas. Además, comenta, no hay mucha investigación científica al respecto de estos daños porque el análisis de muestra cuesta mucho y resulta difícil una intervención académica por parte de la universidad.

“El estado de Veracruz es el lugar con más sitios contaminados, principalmente por hidrocarburos. Existe una afectación fuerte. Pero esos solo son los que están registrados, los oficiales. Un riachuelo o la parcela de algún campesino no se registra. Es un problema porque esta información solo la tiene la empresa y el dueño, nadie más. Muchas veces, cuando hay una zona afectada —la de un habitante— y por ahí pasa un manantial, termina afectando a todos los que viven por ahí. Ese es el verdadero problema de salud”.

El caso de la contaminación del Arroyo del Dinero

La situación abarca las diferentes regiones del estado de Veracruz. La zona norte, una de las más activas en procesos de exploración y explotación de yacimientos, ha tenido varios casos de derramamiento de estas sustancias. Por esta razón, en el ámbito académico se han buscado estrategias de intervención para dar cuenta del nivel de contaminación que estos eventos provocan.

Con un estudio realizado en 2013, Determinación de fenoles totales, grasas y aceites en el agua del Arroyo del Dinero de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, científicos de la Facultad de Ciencias Químicas de la UV, región Poza Rica-Tuxpan, buscaron medir el grado de contaminación acuática derivado de estas actividades industriales.

El equipo de investigación, encabezado por Beatriz Tronco Díaz, integrante de esta entidad académica, resaltó que con los resultados de un análisis de fenoles, grasas y aceites de agua superficial (con una muestra colectada durante tres meses), se llegó a la conclusión de que los parámetros físicos ubicados se encuentran en los límites permisibles establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); en cuanto a las grasas, estas sobrepasan las restricciones.

Los científicos fijaron cinco estaciones a las que denominaron M1, M2, M3, M4 y M5 y que fueron georreferenciadas con un equipo GPS. Ahí tomaron 15 muestras del lugar donde se concentraron los hidrocarburos. En el caso de las muestras de agua, analizaron los factores químicos: oxígeno disuelto, temperatura, presión, conductividad, salinidad y alcalinidad.

En lo que respecta al caso de los fenoles, grasas y aceites, el proceso de análisis consistió en aquel establecido por la normatividad y que permite determinar la cantidad de fenoles en aguas naturales, potables y residuales. Estos procesos hicieron posible llegar a los resultados: la idea según la cual existe un incremento considerable de la contaminación del agua, sobre todo en algunos lugares de la zona norte del estado, a causa del derrame de los hidrocarburos.

El contexto que llevó al grupo de ingenieros químicos a analizar y estudiar este fenómeno fue el derrame de hidrocarburos por la construcción de una red de drenaje sanitario en la comunidad de Escolín de Olarte, la cual está situada en el municipio de Coatzintla que colinda con Poza Rica, cuya actividad petrolera entre ambos municipios es equiparable.

Emergencia ambiental en Veracruz, estrategias de solución

Luego del derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos, el 22 de diciembre de 2004, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) resaltó que entre los años 1997 y 2001, de dos mil 592 emergencias ecológicas con materiales peligrosos a nivel federal, Pemex provocó 57 por ciento. En aquellos años uno de los estados que destacaba por tener mayor emergencia ambiental era Veracruz y 80 por ciento de esos eventos tenía como responsable a esta paraestatal.

De acuerdo con el Cemda, las principales emergencias se presentaron en ductos, lo que provocó el derrame de sustancias, como petróleo, diesel, gasolina, turbosina, gas natural y amoniaco. Estos derrames se debieron —como hoy en día— a tomas clandestinas (robo de combustibles), averías causadas por terceros y fallas del material. De esta manera, en 70 por ciento de estos eventos en los que está involucrado Pemex se tuvo afectación al suelo; 30 por ciento, al agua y 10 por ciento, al aire.

El pasado 22 de mayo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció que los campos terrestres descubiertos en México son tres veces más grandes que los encontrados en Colombia y cuatro veces mayores que en Brasil. De esta manera, los hallazgos terrestres en México promedian —a decir de la CNH— 59 millones de barriles de petróleo crudo. En Colombia, 23 y en Brasil, 16.

La mediana de los campos terrestres en México excede en 22 por ciento la de campos en Colombia y en 92 por ciento el caso de Brasil. Entre los campos terrestres mexicanos destacan en tamaño: Samaria, Poza Rica y Jujo-Tecominoacán, los cuales —señala la CNH— presentan reservas recuperables superiores a los campos terrestres más grandes en Colombia, Caño Limón y Brasil, Carmópolis.

Actualmente, según datos de la Semarnat, de 2008 a 2015 se detectaron cuatro mil 78 sitios contaminados debido a emergencias ambientales. De esta cantidad, Pemex fue responsable en dos mil 743 sitios, lo que equivale a 67.3 por ciento; los transportistas lo fueron en mil 41 lugares, esto es, 25.5 por ciento. Otros tipos de industrias ocasionaron esta situación de alerta en 266 territorios, lo que se estima en 6.5 por ciento. Los ferrocarriles, por último, generaron 0.7 por ciento de la cifra general.

Además, entre 2010 y 2014, enfatiza Semarnat, se localizaron tres mil 82 emergencias ambientales. Por esta razón, Veracruz tuvo 391 emergencias y Guanajuato 237, lo que implica un registro de 12.7 por ciento y 11.7 por ciento del total nacional, respectivamente. Esto los convierte en los estados más afectados ecológicamente. Los lugares con menor número de emergencias ambientales fueron: Colima y Quintana Roo, con 14; Aguascalientes y Nayarit percibieron 16.

Al respecto de los tipos de contaminantes que intervinieron para esta repercusión ambiental, en el periodo 2008-2015 fueron los hidrocarburos, que ocasionaron mil 175 emergencias, es decir, 29.8 por ciento del total; la gasolina con mil 57, esto es, 26.8 por ciento; el diesel con 554, aproximadamente 14.1 por ciento; el petróleo crudo logró 461 emergencias, 11.7 por ciento; el gas L. P. 375 emergencias o 9.5 por ciento; el gas natural 162, resultando 4.1 por ciento y el combustóleo en 159 casos, cuatro por ciento.

Con este panorama, tanto de producción como de emergencia ambiental, la ASEA ha iniciado con una estrategia que pretende mejorar la situación en términos de impacto ecológico. Se trata de una serie de normativas con las que se busca reducir el impacto ambiental que se ha generado en los últimos años y que ha dañado a distintos municipios y comunidades del estado, lo que ha provocado la movilización de activistas.

Así, a principios del pasado mes de marzo, la ASEA publicó la Norma Oficial Mexicana NOM 007, la cual entrará en vigor a partir del próximo 23 de agosto. En este documento se plantean los criterios y especificaciones en materia de técnicas de seguridad industrial, operativa y enfatiza la relacionada con protección al medio ambiente. Las empresas tendrán que estar apegadas a esta normatividad durante sus operaciones con hidrocarburos.

Según la ASEA, mediante esta normatividad de carácter federal se asegurará mayor certidumbre técnica y jurídica para los encargados del sector de hidrocarburos. Específicamente para los operadores actuales o nuevos inversionistas en materia de transporte por ducto de este tipo de hidrocarburos.

Se estima que con tal normatividad se contará con medidas que protegerán la integridad física de los trabajadores —sobre todo de los que operan el transporte por ducto— pero a la vez procurará el bienestar de las comunidades y del ecosistema.