*Estado: derrotado por “manotazos” y por torpeza en uso de la fuerza

Adrián Ortiz Romero Cuevas / Al Margen

Oaxaca.- A partir de hoy, el gobierno federal pondrá a prueba su capacidad de concertación no sólo para tratar de encauzar el problema magisterial de Oaxaca, sino sobre todo para resolver sus propias torpezas. Dos cuestiones que son fundamentales de considerar en esta circunstancia es, primero, la forma en cómo el Estado mexicano dejó en manos de Aurelio Nuño el control político de la educación en el sureste del país; y segundo, cómo la Comisión Nacional de Seguridad tuvo la capacidad de hacer escalar este conflicto a sus condiciones actuales.

En efecto, para hoy se tiene previsto un segundo encuentro entre integrantes de la CNTE, y el titular de la Secretaría de Gobernación, que hoy personalmente busca generar los cauces para una salida política al conflicto magisterial de Oaxaca, pero que amenaza —en buena medida por la torpeza federal— con contagiar a las otras entidades federativas en las que tiene presencia la Coordinadora, tales como Michoacán, Guerrero, Chiapas y algunas zonas del Estado de México y la propia capital del país. Aunque lógicamente hoy la atención se centrará en ver qué logran acordar con la Coordinadora, nadie debe dejar de ver cuáles fueron las causas de esta situación que —como hace 10 años— tiene a Oaxaca de rodillas.

Pues resulta que en el primero de los aspectos planteados en las líneas iniciales, debiera ser un tema de análisis profundo en el gobierno federal, la forma en cómo permitieron que desde la Secretaría de Educación Pública se fomentara una política de mano dura, que a la larga no fue sino una especie de peligrosa olla de presión para el magisterio oaxaqueño que derivó en los hechos de la semana pasada, que volvieron a enturbiar la situación política oaxaqueña pero ahora impactando directamente al gobierno federal por los resultados de ese pésimo cálculo y manejo político de la situación.

En ese sentido, desde antes de que ocurrieran los hechos de Nochixtlán, ya era previsible la explosión de la inconformidad magisterial por la cerrazón federal al diálogo, por el momento electoral que se vivía, y la posibilidad de una salida de fuerza, con los riesgos de gobernabilidad que esto implicaba.

Desde mediados de mayo (Al Margen 19.05.2016) apuntábamos que un escenario de alguna forma similar al actual, fue el que se vivió en el 2006, cuando un mal manejo político de una decisión bravucona del magisterio de la Coordinadora, desató un conflicto social y político de grandes magnitudes. Ocurrió, igual que ahora, en el contexto de una elección decisiva para las relaciones políticas e intereses del magisterio en general, y de la CNTE en particular, y frente a la tentación gubernamental de resolver por alguna vía de fuerza un problema que tiene diversas implicaciones violentas.

En el fondo, decíamos, no se trata de pensar en que el gobierno deba acceder a las pretensiones magisteriales o tolerarle sus bravuconadas. Más bien, lo que parece es que a partir de ahora la SEP, Gobernación y el gobierno de Oaxaca deberán enfrentar la situación con una dosis mayor de eficiencia y capacidad política, para que por un lado no deponga su promesa de no negociar con quienes abandonan las aulas; pero para que, en el lado opuesto, no acelere una solución de fuerza que pudiera resultar contraproducente para la ya de por sí tensa situación política que se vive en Oaxaca. Y en el país.

CRISIS, POR FALTA DE CONCERTACIÓN POLÍTICA

Luego de la primera ronda de diálogo entre Gobernación y la CNTE, el miércoles Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que la dependencia federal que encabeza “nunca se cansará de dialogar” con factores políticos referenciales, como la Coordinadora. Frente a esa aseveración, la interrogante que surge es ¿por qué entonces no se sentaron antes a negociar, y permitieron —por acción y omisión— que ocurriera el desastre de Nochixtlán el domingo 19 de junio?

Algo tiene que ser muy claro: el obligado permanente a la concertación es el gobierno, porque es quien también tiene a la mano la solución de fuerza, pero ésta debe ser la “ultima ratio” dentro de su espectro de posibilidades, y de su marco de atribuciones. Esa concertación debió redoblarse luego de la aprehensión de los dos principales dirigentes de la Sección 22, porque la respuesta magisterial no se haría esperar.

Fue por eso que el 14 de junio —cinco días antes de Nochixtlán— afirmábamos que era urgente no la fuerza, sino la concertación para encauzar esta crisis que ya se veía venir, y que era también por demás engañosa la “eficacia” que mostraba el gobierno en el manejo de este conflicto al solo aplicar medidas judiciales pero no políticas.

Finalmente, apuntamos, esta imagen de “eficacia” con la que intenta cubrirse el gobierno federal al detener por la vía fiscal a sus adversarios políticos, debería ser preocupante. Pues parece que sólo los mexicanos no nos damos cuenta de cómo se utilizan mecanismos legales para resolver conflictos de orden político. Aunque el gobierno tuvo éxito en aprehender a los líderes magisteriales, esto no es sino parte de un fracaso más grande en lo relativo a la capacidad de concertación y a la capacidad de operación política del Estado. No lo pudo resolver —nunca pudo— a la buena; ahora va a tratar de hacerlo a través de estas maniobras.

INEPTOS

No hay forma de que evadan errores de este tamaño: hoy la federación busca el diálogo y la concertación, pero luego de ocho muertos, de amplios sectores de la sociedad volcados en apoyo a un movimiento social lleno de claroscuros, y de tener —otra vez— a Oaxaca al borde del colapso. ¿Era necesario llegar a este punto?