Una de las primeras iniciativas anunciadas por miembros del equipo de transición del Presidente Electo, fue la propuesta de reubicación de la gran mayoría de las Secretarías de Estado y las entidades más relevantes del Gobierno Federal, cambiando su sede principal en distintas ciudades de la República.
Los argumentos principales que se han esgrimido para impulsar esta iniciativa, son por un lado, descentralizar las acciones del gobierno federal, y en segundo término, fomentar el desarrollo económico en las ciudades a donde se relocalizarían las dependencias federales.
La Coparmex coincide con la visión del Presidente Electo, en cuanto se refiere a la importancia de promover la descentralización y fomentar el desarrollo regional.
Sin embargo, estimamos que el proyecto de cambio de sede de las dependencias del Gobierno Federal, enfrenta importantes inconvenientes, por lo que hacemos un llamado al Presidente Electo y a su equipo, para que se analice con rigor técnico, de forma multidisciplinaria y con un amplio escrutinio público, los factores en favor y en contra de proceder con la pretendida reubicación, tomándose la decisión que mejor convenga al País.
Dado que están a la vista los objetivos que se pretenden lograr, es necesario valorar los aspectos que pueden desaconsejar la medida:
Primer inconveniente: Los tiempos y costos
Cabe recordar que no es la primera vez que se intenta hacer una reubicación de entidades del Gobierno Federal hacia los Estados.
Después del terremoto del año 1985, por ejemplo, el gobierno federal que entonces encabezaba el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, determinó reubicar al INEGI, en la ciudad de Aguascalientes.
El proceso implicó la erogación de casi 2 mil millones de pesos (valor histórico) y tomó cerca de 4 años en concretarse.
Si tomamos este caso como referencia, pareciera improbable que en un período sexenal, logren mudar las 31 Secretarías y dependencias federales que se han mencionado en la iniciativa.
El proceso de traslado, si se ejecuta con el debido análisis para justificar con criterios técnicos la medida, la planeación del proceso, la preparación de los espacios adecuados para la prestación de los servicios gubernamentales, y el traslado ordenado del personal de base, respetando sus derechos, podría tardar más de seis años.
También es indispensable analizar con responsabilidad los costos de construir o arrendar nuevos espacios, y sobre todo, los costos emergentes pero constantes de operación que implicaría para el Gobierno Federal la dispersión de sus actividades.
De realizarse, la reubicación de Secretarías y otras importantes dependencias federales, se volvería uno de los proyectos más honerosos en la historia de la administración pública del país, que no se traduce en infraestructura estratégica como carreteras, escuelas, puertos u hospitales, sino en edificios para el gobierno.
En el Proyecto de Nación que formuló el Presidente Electo, se estimó que tan sólo el traslado de las Secretarías y dependencias, costaría 125,000 millones de pesos, más 2,000 millones que se piensan invertir en estudios preliminares y otros gastos.
El costo de esta operación, sería equivalente al presupuesto de la Secretaría de Salud para el 2018. Esto sin contar los costos adicionales e indirectos que implica la medida.
Hemos dicho con claridad, que apoyaremos decididamente las medidas de austeridad republicana que ha postulado el Presidente Electo y que en su gran mayoría son pertinentes.
Sin embargo, esta iniciativa de reubicación de las dependencias federales, parece contradictoria a las medidas que se emprenderán para eficientar el gasto público federal, y podrían incluso neutralizar los ahorros.
Segundo inconveniente: Selección de los inmuebles y justificación.
Aparte de los importantes costos de operación que implicaría la dispersión, existen otros desafíos que requieren de un análisis minucioso, antes de que se inicie la implementación de la propuesta.
Uno de ellos consiste en establecer las características de los inmuebles que hipotéticamente albergarán a las dependencias reubicadas, y de ser necesario, definir con responsabilidad financiera y transparencia, cómo se llevará a cabo su adquisición o arrendamiento.
A primera vista, parecería que este problema se podría solucionar con los inmuebles disponibles con los que cuenta el gobierno federal.
Según el portafolio del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de los Bienes Nacionales (INDAABIN), existen 116 inmuebles federales distribuidos en 25 estados, que se encuentran desocupados.
Sin embargo, estos edificios no cuentan con las características necesarias de funcionalidad, ni la ubicación adecuada para albergar una dependencia federal. Precisamente la razón por la que se encuentran desocupados, es porque sus características no los hacen recomendables para la prestación de un servicio público.
Si en aras de la agilidad de implementación, se decide arrendar inmuebles, sería preciso cumplir con la normatividad, para los arrendamientos hechos por instituciones federales.
El Acuerdo por el que se Establecen las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales señala que las instituciones públicas, sólo podrán arrendar cuando resulte estrictamente indispensable para asegurar la continuidad en la prestación de sus servicios.
Adicionalmente, para elegir el inmueble, se debe seguir un criterio de austeridad, debidamente fundado, así como tener en cuenta las necesidades de espacio, seguridad, higiene y funcionalidad para el público, los usuarios y el personal.
También cabe recordar que la Ley General de Bienes Nacionales establece el tope de renta para arrendamientos nuevos es de $269.54 por metro cuadrado.
A la luz de la legislación en vigor, no podrían justificarse las nuevas erogaciones en el arrendamiento de inmuebles, cuando el Gobierno Federal ya cuenta con bienes raíces suficientes, en la Ciudad de México, para prestar sus servicios.
Tercer Inconveniente: Retención del capital humano
El cambio de sede de las entidades del Gobierno Federal, también podría entrañar un reto de retención de capital humano.
La reubicación no sólo requiere de nuevos inmuebles, también implica el desplazamiento de miles de funcionarios, que tienen su vida hecha en la Ciudad de México.
El solo cambio de adscripción, implicaría que muchos mandos medios, equipos técnicos especializados, y servidores públicos de carrera, cuyo talento en un verdadero activo del Gobierno Federal, decidan separarse de sus funciones.
También se tiene que tomar en cuenta que este desplazamiento implica también a sus familias. Los cónyuges de los funcionarios reubicados, perderían derechos adquiridos en sus actuales empleos, y en muchos casos, tendrían escasa posibilidad de encontrar trabajos similares en otras ciudades, donde no necesariamente existe la oferta suficiente y especialidad de los trabajos que se demandarían.
El desplazamiento que provocaría la reubicación de las dependencias federales, requiere de una planeación estratégica e inversión en infraestructura de las ciudades receptoras, con el fin de garantizar a los servidores públicos reubicados y sus familias, condiciones adecuadas de vivienda, transporte, educación y salud.
Cuarto inconveniente: Marginalidad de los efectos.
Lo más preocupante, es que no obstante el gran esfuerzo financiero y operacional que realizaría el Gobierno Federal para llevar a cabo el cambio de ubicación de las oficinas de sus principales dependencias fuera de la Ciudad de México, los efectos serían marginales.
En lo que hace a la pretendida descentralización, lo que se provocaría por la medida, es más bien la multipolaridad de los nodos de decisorios del Gobierno Federal.
Los interesados en tratar asuntos con determinada dependencia, sean ciudadanos o empresas, no experimentaran mejora alguna con el proceso de cambio de ubicación, y en muchos casos supondrán costos nuevos de desplazamiento y pérdida de eficiencia empresarial.
Los trámites seguirán siendo los mismos, solo que las gestiones tendrán que ser realizadas ahora desde un lugar distinto, donde de ordinario, la comunicación y acceso será más compleja y costosa que en la Ciudad de México.
La verdadera solución al centralismo que asfixia al País, está en la eliminación y simplificación de trámites, el traslado de facultades a las unidades regionales de las dependencias federales, la implementación de la positiva ficta, en la celebración de convenios de servicios con gobiernos estatales y municipales, y desde luego, en la inversión en tecnología.
En lo que se refiere al segundo argumento, que se refiere a incentivar el desarrollo regional, es necesario decir que el progreso de una región y el bienestar de su población, para ser sustentable, debe vincularse a la inversión empresarial y los empleos que ello genera, concordante con las vocaciones regionales maduras, en desarrollo y aquellas por incubarse.
El arribo repentino de algunos centenares de servidores públicos a una localidad, aunque pueda generar una aceleración momentánea de la actividad económica, no tiene la masa crítica suficiente para proveer de desarrollo y bienestar a una región completa por periodos prolongados de tiempo.
Los grandes proyectos, requieren de validación rigurosa y de una planeación adecuada.
La reubicación de Secretarías y dependencias que ha propuesto el Presidente Electo y su equipo, es una empresa de gran envergadura.
Una decisión tan trascendental para el País, no se debe adoptar, sin justificación plena y planeación rigurosa.
Antes de concretarse la adopción de la decisión, es imperativo se realicen estudios exhaustivos de las condiciones de viabilidad de la propuesta, se determine el gasto inicial y recurrente que implicaría su realización y la forma en que sería fondeado, y se haga un balance de los costos y beneficios de la iniciativa.
En resumen, es indispensable analizar sin posiciones irreductibles o dogmáticas, y con elementos técnicos, si el impacto positivo esperado de esta medida de cambio de adscripción, supera los enormes y evidentes costos.
En el supuesto de que se decida que una o varias de las dependencias si deben mudarse, la definición de las ciudades en donde se establecerían las dependencias, es un asunto que debe justificarse plenamente con un análisis comparativo.
La elección de ubicación, debe apoyarse en análisis de conveniencia, realizados con altos estándares de transparencia, pues no puede fundarse solo en las convicciones personales del Presidente Electo o su equipo.
Hoy se cuestiona por amplios sectores de la población, incluido el Presidente Electo, la realización de una obra relevante de infraestructura como lo es el NAICM, y se aduce en respaldo de ello, la falta de estudios confiables que hayan determinado su ubicación ante las distintas opciones que existían, y se critican los gastos innecesarios en su ejecución, ante hipotéticas mejores soluciones.
Es su inmensidad y trascendencia, el proyecto del NAICM es mucho menos trascendente para la vida pública del País, que el cambio de las sedes de las dependencias federales más relevantes.
Por analogía y mayoría de razón, exhortamos tanto a la próxima administración federal como a los nuevos legisladores, a que se realicen todos los estudios pertinentes, así como el análisis costo-beneficio, haciendo públicos los resultados.
Con ello, deberá de abrirse un amplio debate técnico, a la vista de la sociedad, y de ser el caso, se rectifique en la propuesta, si determina que el proyecto no aporta al País los beneficios esperados, o bien, si se concluye que es inoportuna su implementación, en el contexto de limitación financiera por el que atraviesa el gobierno federal.
