El informe da a conocer nueva información sobre los actos y omisiones de instituciones públicas que obstruyeron el avance de la investigación y la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dicho comportamiento contaminó parte de las investigaciones y colocó capas de encubrimiento que hasta el momento han impedido a las familias ver materializado plenamente su derecho a la verdad y a la justicia, al tiempo que han comprometido la responsabilidad del Estado mexicano en la esfera internacional.
La evidencia que ofrece el informe del GIEI nos alerta sobre los riesgos de no aplicar principios básicos de derechos humanos y del estado de derecho en cuanto a la fiscalización y rendición de cuentas de instituciones y autoridades. Todas las instituciones, incluidas las de procuración de justicia, deben estar sometidas a la Constitución y la ley, así como las instituciones militares a la fiscalización por parte de las autoridades civiles del Estado.
La voluntad mostrada por el Presidente López Obrador al emitir el Decreto Presidencial que crea la Comisión para el caso Ayotzinapa hay que acompañarla de acciones efectivas de rendición de cuentas a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina que actuaron en contra de la ley en el caso Ayotzinapa. Además, es fundamental que todas las entidades del Estado, incluyendo la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y aquellas especializadas en temas de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, cumplan con su deber, entreguen toda la información relevante, colaboren plenamente en el esclarecimiento del caso y se comprometan a implementar en forma inmediata todas las recomendaciones del GIEI. Continuar y fortalecer el diálogo al más alto nivel abonaría favorablemente a la nueva etapa que se ha anunciado por parte del GIEI y que la ONU-DH seguirá acompañando.
Desde la ONU-DH seguiremos respaldando a las familias de Ayotzinapa y las defensoras y defensores de derechos humanos que les acompañan, así como proporcionando la asistencia técnica que requiera el Estado mexicano para lograr el esclarecimiento del caso, la sanción a los responsables, la develación de la verdad y la adopción de medidas efectivas de no repetición.”
