A 50 años de la masacre del Jueves de Corpus, cometido por un grupo paramilitar del Estado mexicano conocido como “Halcones” contra estudiantes, las víctimas, sus familias y la sociedad en su conjunto, tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, pues el reconocimiento del derecho a la memoria rompe el pacto de impunidad.
Así lo afirmó el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla quien sostuvo que, en casos graves de violaciones a derechos humanos ocurridas en el pasado, se requiere un abordaje integral que implica que el Estado reconozca y asuma su obligación de implementar políticas públicas de memoria, justicia y reparación.
A través de las cuales, apuntó, se efectúen acciones coordinadas de procesos de justicia y rendición de cuentas que permitan la no repetición de actos como los acontecidos el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México.
Agregó que, en estos hechos, las familias de las víctimas deben conocer la verdad sobre lo ocurrido de la manera más completa posible, lo que incluye la identidad de los responsables, las causas, los hechos y las circunstancias en las que ocurrieron.
Resaltó que en hechos de graves violaciones a derechos humanos como las ocurridas en el caso del Halconazo de 1971, la memoria debe considerarse como un derecho humano de las víctimas, sus familias y la sociedad.
Lo anterior, explicó, implica que el Estado diseñe e implemente iniciativas orientadas al reconocimiento de responsabilidad en los hechos, así como a disculpas por lo ocurrido, aunado a la reivindicación de la memoria y dignidad de las víctimas, además de la difusión de la verdad histórica de los hechos.
Añadió que el derecho a la verdad, es otra garantía que debe ser protegida y garantizada en casos como la Masacre del Jueves de Corpus de 1971, ya que este es irrenunciable, no sólo para las víctimas y sus familias, sino para toda la sociedad, pues conocer lo ocurrido, las razones y circunstancias de los hechos puede ayudar a evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Finalmente, el ombudsperson sostuvo que el reconocimiento del Estado de la comisión de graves violaciones a derechos humanos en el pasado es fundamental para combatir la impunidad no solo del pasado, sino también del presente, ya que la impunidad tiene una raíz estructural en la sociedad y en los espacios institucionales que vincula el pasado con el presente, que permite que las graves violaciones a derechos humanos se repitan y mantengan.