*Coinciden expertas que pandemia por Covid-19 evidenció crisis estructural en México

En el marco del ciclo de actividades virtuales “Cultura de los derechos humanos: retos y perspectivas”, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llevó a cabo el tercer conversatorio “Grupos en situación de vulnerabilidad frente a la Covid-19”, en el que se analizaron los “Derechos de las personas afromexicanas e indígenas en Oaxaca”; “Derechos de las personas privadas de su libertad” y “Personas desaparecidas”.

En este contexto, la antropóloga, investigadora independiente y activista Noemí Domínguez Gaspar; la coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta A.C., Sofía González Talamantes y la activista de Amnistía Internacional (AI), María de los Dolores Soto, coincidieron en que la crisis sanitaria evidenció las desigualdades estructurales históricas que padecen los grupos en situación de vulnerabilidad en México.

En su oportunidad, la activista de AI desde 1986, Dolores Soto apuntó que tan solo en los cuatro meses de la pandemia se han reportado mil 342 personas desaparecidas en todo el país, lo que demuestra que “la desaparición de personas claramente no está en cuarentena”.

Refirió que, de 1964 a la fecha se tiene registro de 177 mil 800 personas desaparecidas en México, mientras que la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció 73 mil 249 personas desaparecidas o no localizadas en dicho periodo de tiempo, de las cuales el 75 por ciento tiene entre 15 y 30 años, lo que significa que la juventud mexicana está desapareciendo.

Asimismo, agregó que la pandemia ha incrementado la crisis que viven las familias de las personas desaparecidas, pues estas se encuentran invisibilizadas, además que la desaparición de una persona conlleva una disminución de los ingresos familiares, porque invierten su dinero en la búsqueda de sus familiares, además que en la mayoría de los casos los desaparecidos contribuían con la economía, lo que repercute la salud, alimentación, entre otros derechos.

Por su parte, Domínguez Gaspar recalcó que existe una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas de México y de Oaxaca, pues no hay una suficiente cobertura para atender el cumplimiento de los derechos colectivos, así como para el reconocimiento del pueblo afromexicano.

Señaló que las comunidades desplazadas se encuentran en doble situación de vulnerabilidad en el marco de la pandemia.

Indicó que no es suficiente la traducción de mensajes preventivos en lenguas indígenas para hacer frente al reto que implica la Covid-19, puesto que se requiere atender otras problemáticas como la falta de servicios médicos, la autosuficiencia alimentaria, lo que proyecta un panorama complicado.

En tanto, la coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta A.C., Sofía González Talamantes, señaló que la contingencia sanitaria evidenció la crisis en los Centros de Reinserción Social (Cereso), pues uno de los grandes problemas es el hacinamiento, ya las celdas creadas para cuatro personas son dormitorio de hasta 30 personas.

“La sana distancia para prevenir contagios en los Ceresos es imposible”, sostuvo, y recalcó que desde el comienzo de la pandemia Documenta AC advirtió que, si no se tomaban las medidas adecuadas para evitar contagios, esta situación generaría efectos graves.

Citó que la única fuente oficial que ofrece datos de contagios al interior de los Centros es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  El martes 18 de agosto dicho órgano informó que se tenía registro de dos mil 139 casos confirmados de contagios y 109 decesos, siendo la Ciudad de México, Puebla, Chihuahua y Jalisco, las entidades con los Ceresos que registran el mayor número de casos, puntualizó.

Sin embargo, alertó que la cifra real de muertes podría ser mucho mayor, pues hay Centros que no aportan la información completa.

González Talamantes puntualizó que es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar que las personas privadas de su libertad vivan en condiciones adecuadas en los Centros de Reinserción Social (Ceresos).

Finalmente, las participantes moderadas por el coordinador de Vinculación y Proyectos Estratégicos de la DDHPO, Alejandro Sandoval Torres, reiteraron que es fundamental que el Estado atienda en lo particular las problemáticas derivadas de la pandemia en los grupos en situación de vulnerabilidad.