Oaxaca.- El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, externó su preocupación por los agravios a periodistas y medios de comunicación ocurridos durante las últimas semanas en el estado de Oaxaca, y llamó al gobierno y a la sociedad a garantizar las condiciones para el libre ejercicio del periodismo en el estado.

Expuso que la Defensoría ha recibido información en el sentido de que dos periodistas fueron asesinados en Juchitán de Zaragoza, otro más en la ciudad de Huajuapan de León y todavía uno más recibió amenazas de muerte en la ciudad de Oaxaca de Juárez, lo que consideró extremadamente grave, por lo que demandó de las autoridades el esclarecimiento de los hechos de manera expedita y conforme a estándares de derechos humanos, con el fin de identificar de manera plena y castigar conforme a derecho a los autores materiales e intelectuales.

Además, agregó, en el contexto de los hechos violentos registrados en Nochixtlán el domingo 19 de junio último, la Defensoría tuvo conocimiento de diversos agravios en contra de al menos cinco periodistas, cometidos con el fin de bloquear o limitar el libre ejercicio del periodismo, lo que afecta gravemente el derecho de las audiencias a recibir información diversa que le permita intervenir de manera consciente en el ámbito público, derecho que es un principio básico de la democracia.

Entre los agravios, el Defensor mencionó las denuncias acerca de un fotoperiodista golpeado por policías federales, quienes también habrían despojado de su equipo de trabajo a otro comunicador, e intentado hacerlo en otro caso; también consideró grave la denuncia de periodistas retenidos por habitantes de Nochixtlán, con el fin de dirigir el sentido de su trabajo informativo, y la información reciente de otro caso similar, en el que además les habrían despojado de su equipo de trabajo.

Por ello, agregó Peimbert Calvo, el llamado de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no solamente es a las autoridades estatales, sino también a las federales que están actuando en el estado y a las y los participantes y simpatizantes del movimiento magisterial, con el fin de garantizar que las y los periodistas cuenten con las condiciones mínimas de seguridad y libertad para ejercer su relevante trabajo, que es a favor de la sociedad en general.