La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República determinó que no ejercerá acción penal en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente.
Ciudad de México.- Por “carecer de pruebas suficientes” para comprobar que se cometió un delito electoral y enviar el caso a juicio, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR) determinó este lunes que no ejercerá acción penal en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La institución añadió que tampoco la ejercerá en contra de David León Romero, quien junto con el hermano del presidente fueron investigados por presuntos delitos electorales, tras la aparición de videos en redes sociales donde se les observa intercambiando bolsas de papel, presuntamente con dinero.
El 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador apareció en un video en el que se observan presuntas entregas de dinero de parte de León Romero, funcionario del Gobierno del estado de Chiapas años antes.
En los videos, sin hablar en específico de dinero, León Romero le dice a Pío López Obrador en un corte del 26 de junio de 2015, que le lleva “uno”.
Mientras que el 31 de mayo, 3 semanas antes, ambos se reunieron en un restaurante y, en algún momento, puso sobre la mesa un paquete amarillo y le dijo la frase “aquí te traigo 400”.
Según medios mexicanos, el hermano del presidente recibió apoyos en efectivo por 1,4 millones de pesos (unos 70.000 dólares) en 2015 para apoyar al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, por parte de León Romero.
En un comunicado, la FGR dijo que aún cuando se estaban desahogando diligencias de investigación con motivo de las recientes declaraciones públicas de Pío “L”, el Ministerio Público, en acatamiento estricto a lo ordenado por el Juez de Amparo, “determinó el no ejercicio de la acción penal por carecer hasta el momento de pruebas suficientes y fuera de toda duda sobre las responsabilidades penales correspondientes”.
En octubre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que su hermano Pío López Obrador “sea castigado” si se demuestra que es culpable de corrupción por un video en el que aparece presuntamente recibiendo dinero durante una campaña electoral.
Mientras que un año antes, la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de López Obrador concluyó que “no encontró nada significativo” en la investigación sobre el hermano del presidente.
En julio pasado el hermano del presidente reapareció y pidió a Gertz Manero
Pío, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, niega ser igual que Raúl Salinas de Gortari, quien pasó a la historia como “el hermano incómodo” del Presidente, niega también haber recibido millones de pesos en efectivo y ser millonario.
El protagonista de los videos recibiendo dinero en efectivo de manos de David León, ex asesor del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, le concedió una entrevista exclusiva a la revista Expansión.
Con un amparo en mano concedido el pasado jueves por el juez séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena, que ordena a la FGR y a su titular, Alejandro Gertz Manero, a establecer si existen o no elementos para judicializar la carpeta de investigación en su contra en un plazo de tres días hábiles. El límite de ese plazo, si se notificó conforme a la ley, termina este martes.
A dos años de la publicación de los videos y de guardar silencio ante los señalamientos en su contra por las grabaciones, aseveró que “todo ha sido falso” y que las aportaciones fueron para apoyar al movimiento en gastos menores como gasolina y logística.
El pasado 21 de abril, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, frenó la orden de que la Fiscalía General de la República (FGR) entregue al Instituto Nacional Electoral (INE) copias de las carpetas de investigación contra David León y Pío López Obrador, hermano del presidente de México, por posibles delitos electorales.
Esquivel Mossa concedió a la FGR la suspensión para que no se ejecuten las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en las que se ordenó la entrega de las copias de las carpetas.