A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol emitió una ficha roja para buscar y detener al exprocurador de justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y al excomandante de la policía judicial Pedro Hernández Hernández, quienes se encuentran prófugos por su participación en la desaparición forzada de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos saludó con beneplácito la emisión de la ficha roja de la Interpol para detener a los excolaboradores del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, por la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, cometida el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca.

El Comité Hasta Encontrarlos informó que al estar enterados de que el exprocurador Evencio Nicolás Martínez y el expolicía Pedro Hernández Hernández aún no han sido detenidos, solicitaron a la Fiscalía Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGR que solicitara a Interpol la ficha roja.

Tras ello, la agente del Ministerio Público de la Federación que lleva el caso confirmó que la ficha ya fue girada, así como también la notificación a migración para la localización y detención de estas dos personas que actualmente se encuentran prófugas.

Reiteraron que es necesario llevar a comparecer a todos los involucrados en la comisión material e intelectual de este crimen de Estado y de lesa humanidad, donde además están involucrados altos mandos del Ejército y de la Marina, así como también el exgobernador Ulises Ruíz y el expresidente Felipe Calderón.

Esta ficha roja es para terminar de cumplir con las 10 órdenes de aprehensión que se emitieron el pasado 7 de agosto, tras las cuales fueron detenidos ocho policías, incluyendo el exdirector de la policía judicial Daniel Camarena Flores.

Exhortaron “a la MP a continuar para que la investigación y la sanción no se reduzca sólo a las 10 órdenes que existen, dado que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y la sanción va más allá del ámbito local o estatal. Por lo que se tendrá que investigar y juzgar a todos los involucrados que planearon este crimen de Estado, a todos aquellos que ejecutaron y participaron en la comisión de éste y a los facilitadores, encubridores (como Enrique Peña Nieto) y los beneficiarios”.

Agregaron que, aunque los responsables de la desaparición forzada de Gabriel Alberto y Edmundo se enfrentan a un proceso jurídico, tanto los ocho detenidos como los dos prófugos de la justicia tienen abogados que los defienden e incluso el exprocurador prófugo ha interpuesto un amparo contra la detención.

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Sin embargo, “nadie los ha detenido arbitrariamente, nadie los ha torturado, nadie los ha detenido, desaparecido, (al contrario), enfrentan un proceso penal con todas las garantías de la ley. Mismos derechos humanos elementales que ellos como autoridades, como agentes del Estado, como servidores públicos le negaron a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes siguen siendo víctimas del terrorismo de Estado”.

Finalmente siguieron exigiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dictamine una sentencia a favor de sus familiares y de todas las víctimas de desaparición forzada en el país.

El pasado 7 de agosto, un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra del exprocurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y del exdirector de la Policía Judicial, Daniel Camarena Flores, así como de dos comandantes y cuatro elementos en activo de la Agencia Estatal de Investigaciones por su presunta participación en la desaparición de los integrantes del EPR.