Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia ordenó al Congreso de Oaxaca aprobar, en su próximo periodo de sesiones, las leyes locales para implementar la reforma educativa en esa entidad.
Por unanimidad, el pleno de la Corte resolvió que el Estado ha incurrido en omisión legislativa absoluta al no armonizar sus leyes con el ajuste constitucional de 2013 ni con las leyes generales de Educación y Servicio Profesional Docente.
La legislatura oaxaqueña sesionará a partir del 15 de noviembre. Si para abril de 2016 las leyes no están aprobadas, promulgadas y publicadas, los líderes del Congreso y el Gobernador Gabino Cué estarían en riesgo de ser destituidos por la Corte.
“Los plazos de seis meses otorgados a las entidades federativas fenecieron el 12 de marzo de 2014, por lo que es evidente que han transcurrido, en exceso, sin que el Estado haya dado cumplimiento a su obligación”, establece la sentencia de la controversia promovida por el Ejecutivo federal contra Oaxaca.
Como prueba de sus buenas intenciones, Cué y el Congreso invocaron ante la Corte múltiples convocatorias, reuniones de trabajo, pactos con la sección 22 de la CNTE y foros de análisis y sostuvieron que no se puede aprobar nada sin consulta previa a los pueblos indígenas, pero estos argumentos fueron rechazados.
El único punto de debate entre los Ministros fue si también se debía señalar al Gobernador como responsable de la omisión, pues Cué presentó, en octubre de 2014, una iniciativa que no ha sido procesada por el Congreso.
Alberto Pérez Dayán y el presidente Luis María Aguilar enfatizaron que sería injusto señalar a Cué por la omisión, ya que al menos presentó su iniciativa y no puede ordenarle al Congreso que la apruebe.
“No estamos analizando responsabilidades; estamos dando un mandato a los órganos que llevan el proceso legislativo en Oaxaca para que armonicen su legislación con la Constitución”, explicó Arturo Zaldívar.
José Ramón Cossío advirtió que la iniciativa de Cué probablemente ya está rebasada por el fallo de la Corte esta semana, en el que aclara que los estados no pueden fijar reglas sobre servicio profesional docente.
A fin de cuentas, se acordó una redacción que reconoce que el Gobernador presentó su iniciativa, sin que esto subsane la omisión legislativa.
En julio pasado, cuando quitó a la sección 22 el control del el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Cué instruyó a los nuevos administradores a aplicar la ley.
Sin embargo, ello no cambia el hecho de que exista un mandato Constitucional para que los estados generen sus propias leyes.