*Acompañados por policías estatales, elementos de élite de la Sedena patrullan la ciudad de Culiacán tras los hechos violentos del jueves, mientras los ciudadanos empiezan a retomar su vida normal y salen a las calles.
Ciudad de México.- Distintos órganos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Sedena) investigarán, en sus respectivos ámbitos, la responsabilidad en que hubieran incurrido mandos militares y policiales en el fallido operativo en el que se pretendió detener a Ovidio Guzmán López, en Culiacán, Sinaloa.
Funcionarios federales señalaron que los órganos internos de control de ambas instituciones, así como las instancias encargadas de supervisar el cumplimiento de las normas castrenses, entre ellas la Visitaduría y el área de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, revisarán la estrategia y operación de los militares.
La Inspección y Contraloría General del Ejército y la Fuerza Aérea tiene entre sus facultades opinar sobre el desempeño profesional de los diversos mandos de los organismos del Ejército y Fuerza Aérea y establecer, mantener enlace y coordinar con otros organismos gubernamentales los asuntos de su competencia.
En ese contexto, también la Fiscalía General de Justicia Militar analizará la creación del grupo de elementos de la Policía Federal Militar que pretendía cumplimentar la detención y obtener la orden de cateo para ingresar al domicilio en el que se resguardaba Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
En tanto que el Órgano de Asuntos Internos de la SSPC se encargará de lo relativo a las funciones realizadas por los elementos de la Policía Federal, especializados en antinarcóticos, adscritos a la Guardia Nacional, que forman parte del grupo de 40 efectivos que buscó ingresar a la residencia en la que fue localizado Guzmán López el jueves pasado.
El gabinete de seguridad del gobierno federal reconoció el viernes que el operativo que derivó en alrededor de 12 horas de tiroteos y enfrentamientos en Culiacán –que dejó un saldo oficial de ocho fallecidos, entre ellos un civil, un elemento de la Guardia Nacional, un interno del penal de Aguaruto y cinco integrantes del cártel de Sinaloa, además de 13 heridos–, se realizó de manera precipitada, con deficiente planeación y falta de previsión sobre las consecuencias de la intervención.
Con la revelación de que dicho operativo se realizó omitiendo además obtener el consenso de sus mandos superiores; consecuentemente, el gabinete de seguridad no fue advertido de las acciones.
