La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicita a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado avanzar en la publicación de la nueva Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Oaxaca, dictaminada en el Congreso del Estado de Oaxaca desde el 8 de abril de 2015

El organismo convoca a ambos poderes públicos a ser garantes en el cumplimiento de obligaciones establecidas en el artículo 1º Constitucional y avanzar en la construcción de un Estado democrático apuntalado en normas con perspectiva de derechos humanos.

La Defensoría recordó que a principios de 2015 colaboró con diversas organizaciones de la sociedad civil para revisar y armonizar con las reformas constitucionales federales de 2011, la Ley de Atención de las Personas con Discapacidad del Estado de Oaxaca.

En las reuniones de trabajo, las instancias concurrentes decidieron elaborar un proyecto de iniciativa para crear la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Oaxaca, que reconoce el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

La Defensoría puntualiza que esta nueva Ley retoma los principios y derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, entre otros estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Dicha Ley, detalla el organismo defensor, propone un nuevo enfoque basado en derechos humanos, erradicando la perspectiva médico-asistencial; promueve la inclusión, autonomía y desarrollo integral de las personas con discapacidad; la participación efectiva en todos los aspectos de la vida social, política y comunitaria, así como la eliminación de cualquier forma de discriminación por motivos de discapacidad.

Esta nueva ley considera el principio de progresividad de los derechos humanos y de los derechos de las personas con discapacidad, así como las necesidades y los avances en esta materia, añade la Defensoría.

En la elaboración de esta nueva Ley, señaló la Defensoría, colaboraron organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Atención Infantil Piña Palmera A. C., Planeta Inclusión A. C., México con Sentido Social A. C., así como el Frente de Organizaciones y Personas con Discapacidad DISLUVI A. C.

En dicho trabajo colaborativo también contribuyeron el Centro Oaxaqueño de Rehabilitación de Audición y Lenguaje Coral A. C., Acciones Competitivas en Red A. C., PRODERHUM Personas con Discapacidad A. C., Casa Hogar Acéptame como Soy A. C., el Sistema DIF estatal, la Comisión Permanente de Igualdad del Congreso del Estado y la propia Defensoría.

La Defensoría subraya que las personas con discapacidad han estado históricamente excluidas de los procesos sociales y políticos, culturales, pues la discapacidad se ha ligado a ideas como la enfermedad, la vulnerabilidad, la improductividad y la dependencia.

Por esa clase de vinculaciones, recalca el organismo defensor, las políticas públicas en el país sólo consideran a las personas con discapacidad como objeto de asistencia social, a diferencia de la postura contenida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce las necesidades específicas de estas personas para satisfacer el pleno goce y ejercicio de sus derechos.

La Defensoría apela a asumir en políticas públicas en la materia el enfoque de la Convención como referente y estándar más alto de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad; a fin de contar con un marco normativo estatal que garantice tal reconocimiento y favorezca su goce y ejercicio.

Pese a que el Congreso estatal ha dictaminado positivamente dicha Ley, señala el organismo autónomo, el poder Ejecutivo mantiene sobre ella observaciones que restringen su publicación, al objetar el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad (característica fundamental para su reconocimiento como sujetos de derechos), y por la otra, la adopción de un enfoque de derechos humanos mediante el organismo encargado de coordinar y articular la implementación de la nueva Ley.