* El mal uso de recursos por parte de los gobiernos estatales no es exclusivo de un solo partido, pues en 19 entidades que han experimentado la transición política hay denuncias penales por irregularidades

Redacción.

CIUDAD DE MÉXICO.

La alternancia política en los gobiernos estatales no se tradujo, hasta el momento, en la garantía de acabar con la corrupción en el uso de los recursos públicos, pues en 19 de las 26 entidades federativas que enfrentan 273 denuncias por manejos irregulares del presupuesto federal, los votantes decidieron por un cambio de partido en el gobierno.

Michoacán es la segunda entidad con el mayor número de denuncias de hechos por actos de corrupción, desde los años en que el perredista Leonel Godoy lo gobernó. La población votó por un cambio y el PRI regresó al gobierno con Fausto Vallejo, pero eso no canceló las irregularidades, que siguieron hasta la administración de Salvador Jara.

El estado está implicado en 21 denuncias penales, el desvío fue de 33 mil 742 millones 258 mil pesos durante los gobiernos de Leonel Godoy, Fausto Vallejo y Jesús Reyna. Además, es la entidad número dos en el monto de dinero federal que le entregó la Secretaría de Hacienda, entre 2011 y 2014, y que la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) generó 208 acciones, que están en seguimiento, para comprobar que se utilizó de manera correcta un total de 12 mil 595 millones 600 mil pesos.

Después de 80 años de gobiernos del PRI, en Oaxaca se registró la alternancia en el gobierno. El expriista y entonces militante del Partido Convergencia, hoy conocido como Movimiento Ciudadano, Gabino Cué, ganó la gubernatura, con el ofrecimiento de una forma de trabajar diferente a la priista y acabar con la corrupción.

Hace unas semanas terminó su gobierno y Oaxaca mantiene los problemas de corrupción en el manejo de sus finanzas.

Enfrenta ocho denuncias federales de hechos por la malversación de 10 mil 980 millones 115 mil 700 pesos, de los cuales ocho mil 655 millones están relacionadas con la llamada simulación de reintegros, que es reponer dinero faltante detectado por la Auditoría Superior de la Federación, y después volverlos a tomar.

Sumado a eso, Oaxaca tiene vivas 115 acciones de seguimiento por parte de la ASF, que involucran un total de tres mil 376 millones 300 mil pesos por pagos irregulares a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Baja California Sur es un estado que ha sido gobernado por los tres principales partidos políticos del país.

A finales de los noventa, el PRD le ganó por primera vez la gubernatura al PRI, con Leonel Cota Montaño; luego llegó otro perredista, Narciso Agúndez; ambos gobiernos fueron acusados de corrupción. Ganó el PAN, después, con Marco Covarrubias y actualmente está el panista Carlos Mendoza Davis.

Pero esa alternancia no se tradujo en garantizar un manejo pulcro de las finanzas. La ASF le detectó al estado una simulación de reintegros por cuatro mil 671 millones 500 mil pesos, lo que llevó a la presentación de 11 denuncias penales, a las cuales se suman tres más por otro tipo de desvíos, para hacer un total de cinco mil 740 millones 778 mil 600 pesos, amén de que están bajo sospecha otros mil 624 millones 500 mil pesos. Y todo este dinero se refiere a los gobiernos de Agúndez y de Covarrubias.

Chiapas es otra entidad gobernada por políticos que han llegado con siglas diferentes a las del PRI, pero todos ellos desarrollaron su trabajo bajo la sospecha de la corrupción. De hecho, Pablo Salazar Mendiguchía, que llegó apoyado por el PRD y una coalición de partidos, terminó su gobierno y fue a la cárcel, donde salió, según él mismo dijo, por un acuerdo con su sucesor, Juan Sabines.

Juan Sabines también llegó con el apoyo del PRD y una coalición de partidos. Su gobierno estuvo señalado por corrupción y hace dos años su nombre fue mencionado como posible objetivo judicial para encarcelarlo.

Justamente por los manejos presupuestales de Juan Sabines y del actual gobierno que encabeza Manuel Velasco, militante del Partido Verde, Chiapas enfrenta un total de 15 demandas federales de hechos por un monto de 16 mil 28 millones 505 mil 200 pesos y la ASF le da seguimiento a 114 acciones que involucran otros tres mil 785 millones 300 mil pesos.

Zeferino Torreblanca llegó al gobierno de Guerrero en 2005, con el ofrecimiento de terminar con la corrupción del histórico gobierno priista. Llegó con las siglas del PRD y ese partido refrendó la gubernatura con Ángel Heladio Aguirre, en 2011, pero sus administraciones también incurrieron en malversaciones y, por eso, la ASF presentó 10 denuncias de hecho por un total de 12 mil 826 millones 749 mil pesos, y están en revisión otros dos mil 243 millones 200 mil pesos.

Desde hace varios meses el caso de Sonora acapara la atención nacional. En 2009 el panista Guillermo Padrés le arrebató la gubernatura al PRI, para terminar con las irregularidades que, según él, ya tenían harta a la población.

Pero Guillermo Padrés terminó su gobierno rodeado de numerosas denuncias por corrupción y enriquecimiento personal. En su estado enfrenta demandas por 30 mil millones de pesos, pero, además, la ASF tiene una denuncia penal por 92 millones 300 mil pesos y da seguimiento a 239 acciones que implican mil 144 millones 500 mil pesos.

Jalisco es uno de los estados más grandes del país. Cuando el PAN le ganó la gubernatura al PRI se abrieron las expectativas de una forma diferente de gobernar, pero el panismo incurrió en diferentes malversaciones que llevaron a la población a votar nuevamente por el PRI, que actualmente gobierna.

El exgobierno de Emilio González Márquez y el actual de Aristóteles Sandoval registran 23 denuncias penales por actos de corrupción que involucran tres mil 603 millones 500 mil pesos, y están vivas 205 acciones de seguimiento por otros seis mil 153 millones 700 mil pesos.

Cuando en 1989 el PAN abrió la era de la alternancia en los estados, Baja California inscribió en la historia nacional la primera hazaña política de ganarle al PRI. La entidad tiene ya 27 años de gobiernos priistas, pero eso no significó un manejo pulcro de las finanzas. Actualmente tiene dos denuncias penales por cinco mil 438 millones 500 mil pesos y la vigilancia a otros dos mil 702 millones 600 mil pesos, que pueden generar más demandas penales.

Guanajuato, que es la segunda entidad que vivió la alternancia política, es gobernada por el PAN y, desde la administración de Juan Manuel Oliva hasta la actual, ha incurrido en actos de corrupción por nueve mil 345 millones 552 mil pesos y tienen en revisión otros mil 558 millones 300 mil pesos.

Morelos es gobernado actualmente por el perredista Graco Ramírez; su antecesor fue el panista Marco Adame y antes de él fue el también panista Sergio Estrada Cajigal, quien se hizo famoso, entre otras cosas, por el uso del llamado Helicóptero del Amor, que era una aeronave del gobierno, utilizado para pasear a su entonces joven novia.

El estado enfrenta 19 denuncias penales por los malos manejos de cinco mil 123 millones 320 mil pesos de origen federal y la Auditoría Superior de la Federal (ASF) le vigila otros mil 509 millones 700 mil pesos.

Tlaxcala es otra entidad que ha sido gobernada por las tres principales fuerzas políticas. Fue el PRD el que rompió el monopolio priista en la entidad, con Alfonso Sánchez; le siguió el panista Héctor Ortiz y acaba de terminar el gobierno del priista Mariano González Zarur. Tiene vivas 11 demandas penales a nivel federal, por el uso incorrecto de 12 millones 356 mil pesos y están en vigilancia otros 123 millones 500 mil pesos, desde el gobierno de Ortiz.

Sinaloa también vivió la alternancia en el gobierno, con Mario López Valdez, quien llegó apoyado por una coalición de partidos, luego de que el PRI no le dio la candidatura. Termina su gobierno con uso irregular de recursos y ocho denuncias de hecho por el mal manejo de siete mil 381 millones 894 mil 200 pesos, que pueden aumentar, dado que están bajo verificación otros dos mil 931 millones 400 mil pesos.

Zacatecas está en la escena mediática, porque su exgobernador, el priista Miguel Alonso Reyes, es señalado por incurrir en actos de corrupción, Pero las irregularidades rebasan a su gobierno y tocan el de la perredista Amalia García; el estado tiene 11 denuncias federales de hechos en su contra, por cinco mil 709 millones de pesos y la ASF le da seguimiento al uso de otros dos mil 201 millones 100 mil pesos.

Una situación similar ocurre en los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Tabasco, donde la alternancia no ha implicado la anulación del uso incorrecto de dinero; tan sólo estas seis entidades enfrentan, juntas, 33 denuncias penales, por un total de 10 mil 199 millones 998 mil 700 pesos.

La sospecha pluripartidista

Desde que el PRI perdió por primera vez una gubernatura —y con eso comenzó la era de la transición política a nivel de estados— 182 personas han gobernado las 32 entidades federativas del país, y aunque, sin excepción alguna, concluyen sus administraciones en medio de polémicas, 66 de ellos lo han hecho rodeados de acusaciones tan graves que algunos están en la cárcel, otros enfrentan procesos en su contra y los demás han debido apostar a la muerte del escándalo mediático para reactivarse políticamente.

El recuento histórico de los 178 hombres y sólo cuatro mujeres que han gobernado las 32 entidades federativas desde 1989, cuando el PRI perdió la primera gubernatura, deja ver que el fenómeno de la mala fama de los gobernadores no es ya exclusiva del PRI, sino que toca a todos los partidos que han tenido una labor de gobierno estatal: PRI, PAN, PRD y Partido Verde y Movimiento Ciudadano.

De los 66 gobernadores que han sido señalados de abusos de poder, nexos con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito, impericia para gobernar y hasta cinismo para aceptar sus deficiencias, 34 llegaron al poder con las siglas del PRI; 16 fueron impulsados por el PAN, 15 por el PRD y uno por el Partido Verde.

Hasta el momento, sólo siete han pisado la cárcel, como son los casos del panista Armando Reynoso Femat, quien este lunes fue sentenciado por el Juzgado Segundo de lo Penal a seis años nueve meses de prisión por peculado y ejercicio indebido del servicio público; el perredista Narciso Agúndez, quien salió bajo fianza; igual que el perredista Pablo Salazar; el priista Jesús Reyna sigue en la cárcel, igual que sus correligionarios Mario Villanueva, Andrés Granier y Guillermo Padrés; Marcelo de los Santos, quien gobernó con las siglas del PAN en San Luis Potosí, está inhabilitado por 20 años por fraudes y desvíos de dinero público.

Hay otro grupo que enfrenta acusaciones formales, como los priistas César Duarte, Humberto Moreira, Fausto Vallejo, Rodrigo Medina, Manuel Cavazos, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Javier Duarte; los perredistas Marcelo Ebrard y Ángel Aguirre.

El resto de los 66 ha sido señalado por diferentes irregularidades, pero que no han entrado al terreno judicial; Andrés Manuel López Obrador, por aumentar de manera acelerada la deuda de la capital del país; Miguel Ángel Mancera, por equivocaciones constantes en su forma de gobernar la Ciudad de México; Amalia García, por irregularidades administrativas y crecimiento del crimen organizado en Zacatecas.

Roberto Madrazo y Manuel Andrade, por pésimos gobiernos en Tabasco; Juan Sabines, por desvío de fondos destinados al Seguro Popular en Chiapas; Francisco Barrio por el crecimiento de la inseguridad en Chihuahua; Arturo Montiel por el aumento de la corrupción en el Estado de México, lo mismo que los panistas Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez en Guanajuato y Emilio González en Jalisco, entre otros.

Resultados “modestos”

En 1989 se dio la primera alternancia a nivel estatal en México, al perder el PRI la gubernatura de Baja California, a manos del panista Ernesto Ruffo.

“La victoria en las urnas del candidato panista de Baja California abrió una vía inédita en el sistema electoral de México”, expresa Victor Alejandro Espinoza en el libro Alternancia y transición política: ¿cómo gobierna la oposición en México?

“La alternancia de partidos al frente de gobiernos estatales ha sido interpretada como un indicador del proceso de transición democrática en México”, señala Ana Díaz en el mismo libro.

Sin embargo, el potencial de desarrollo de nuevas formas de gobierno es “modesto” frente a lo que se proclama en las campañas electorales, concluye.