“Vendí mi voto”, es la respuesta que me dio el empleado de un amigo cuando le pregunté por quién había votado. “Hay una lideresa del PRD que vive por mi casa, que me dijo que si le tomaba una foto con mi celular a la boleta tachada por el PRD, con todo y número de folio, me daba 500 pesos. Como de todos modos iba a votar por ellos, pues me salió a todo dar”.
Según algunos expertos en los procesos electorales recientes en nuestro país, es frecuente esta forma de compra de voto. Lo curioso es que, utilizando el buscador Infolatina, el cual recopila todos los medios impresos del país, no se encontró un solo reporte en el que se denuncie la compra del voto usando una foto como prueba. Sólo se encontró un acuerdo del 4 de junio del Instituto Electoral del Estado de México en el que se aprueba restringir “el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o cualquier dispositivo electrónico móvil, en las más de 18 mil casillas”. No hay información sobre si se cumplió.
Ciertamente es difícil probar este tipo de delitos, pero es curioso que ni siquiera se denuncien, siendo que hacerlo es un gran deporte de los partidos políticos en nuestro país, dado que no hay sanción alguna ni por hacer denuncias frívolas. Dudo que sea poco común y por mero azar que me haya tocado conocer al único mexicano que vendió su voto y enseñó una foto para comprobarlo.
No es el único delito poco visible. Hay muchos otros. La mayoría se paga en efectivo, lo cual deja pocas huellas, como la retribución a quienes movilizan el voto. Estos delitos de los cuales sólo tenemos evidencia circunstancial, más todos aquellos que sí se han denunciado, indican que, una vez más, los partidos políticos gastaron más dinero del que tenían autorizado, y en más de un caso el delito fue doble: pasarse del tope y usarlo en actividades que están prohibidas.
Por ello viene ahora la prueba de fuego del INE. Ya sabemos que organiza bien las elecciones. El día de la jornada salió mucho mejor de lo esperado, aunque tengo una queja: nunca pude encontrar el reporte completo del conteo rápido en el que Lorenzo Córdova, presidente del INE, se basó para dar los resultados de la jornada. También sabemos que el INE cuenta bien los votos, por más que el sistema utilizado tuvo algunos problemas.
El INE ahora debe probar que puede usar los instrumentos que le otorga la ley que estrenamos en este proceso electoral para fiscalizar mejor a los partidos. Tendrá que mostrar que puede usar la “pistola cargada” para castigar con la anulación del triunfo a quienes violaron la nueva ley electoral. Ésta tenía como objetivo, como lo dijo el 20 de junio de 2014 el presidente del PAN, Gustavo Madero, “controlar los excesos en gastos de campaña; el manejo ilegal de los programas sociales para ganar elecciones y el tema de la comunicación y la publicidad en la propaganda electoral”.
El nuevo artículo 41 de la Constitución dice a la letra:
“La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado;

b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;

c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.

En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada”.

Hay varias elecciones en las que se da el supuesto de que las presuntas violaciones habrían resultado determinantes, es decir, donde la diferencia entre el primero y el segundo lugares fue menor de cinco por ciento. ¿Podrán los partidos derrotados probar algunos de los supuestos para la anulación? ¿Se atreverá el INE a usar la pistola? En su caso, ¿validará su acción el Tribunal? Recordemos que este Tribunal durante la campaña se vio incluso menos riguroso que el INE.

Es crucial que los partidos derrotados documenten bien los excesos de sus adversarios y que el INE haga bien su tarea de fiscalizar los gastos y otras irregularidades. Si no hay un solo caso de anulación de un proceso electoral importante no habrá razones para que los partidos políticos dejen de violar la ley en la elección presidencial de 2018. De no haber sanción, veremos en los siguientes comicios con todavía mayor frecuencia la compra de votos, el exceso de dinero y todas las irregularidades, reportadas o no, que se dieron en estos procesos electorales. De ser así, el INE y la ley que le dio origen habrán fracasado en su prueba de fuego.