*El Acuerdo 11/2024 del Rector General obliga a que la administración de recursos se sustente en criterios de racionalidad, austeridad, eficiencia, economía y transparencia
*Todo ello garantizando el cumplimiento de las actividades sustantivas de docencia, de investigación y de preservación y difusión de la cultura
María Teresa Cedillo Nolasco
Con el propósito de gestionar responsablemente el presupuesto y mejorar la distribución del gasto, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) adoptará 26 medidas de racionalidad y austeridad. Estas buscan mantener la debida administración y el aprovechamiento óptimo de los recursos institucionales, que refuerzan las disposiciones ya existentes.
El acuerdo 11/2024 presentado el 13 de diciembre por el doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Institución, establece que los recursos deben priorizar el cumplimiento de las actividades sustantivas de la Casa abierta al tiempo.
Este acuerdo se fundamenta en dos consideraciones principales: por un lado, garantizar que los programas de docencia, investigación; y de preservación y difusión de la cultura, sigan medidas de austeridad en las actividades de gestión y administración.
Además, administración de los recursos institucionales debe basarse en criterios de racionalidad, austeridad, eficiencia, economía y transparencia. Esto garantizará un manejo responsable de estos, y mejorará la distribución del gasto sin afectar los servicios que brinda esta Universidad.
Este documento también se apoya en las Leyes Generales de Educación (30 de septiembre de 2019) y de Educación Superior (20 de abril de 2021). Estas normativas refuerzan principios y valores que deben guiar a las instituciones de enseñanza superior en el uso de recursos públicos, alineándose con la Agenda Estratégica de Gestión Institucional UAM 2025-2030.
Las medidas de racionalidad y austeridad incluyen la contratación por prestaciones de servicios, la cual deberá realizarse cuando se justifiquen como estrictamente necesaria y siempre que no corresponda a funciones establecidas en los manuales de puestos administrativos de base o de confianza de la Universidad.
Otra de las iniciativas se refiere a la autorización de pago de tiempo extraordinario, el cual deberá realizarse de conformidad con lo previsto en el Contrato Colectivo de Trabajo.
Para dicho pago quedó establecido que no podrá destinarse un monto mayor al que se tiene presupuestado para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que se deberá mantener un control estricto y ordenado de lo erogado por este concepto.
En otro de los puntos se señala que la remodelación de instalaciones se limitará a aquellas que sirvan para optimizar el uso de los espacios para atender el incremento de la cobertura y la matrícula escolar, o para realizar proyectos con una clara incidencia social.
El uso de papel se reducirá al mínimo indispensable y se priorizará el uso de correo electrónico y el servicio de fotocopiado se limitará exclusivamente para asuntos de carácter institucional.
También, se reforzarán acciones contenidas en el Plan de Desarrollo Sustentable ante el Cambio Climático; en particular se tendrá cuidado en que los equipos eléctricos y electrónicos, así como luminarias permanezcan apagadas cuando no se encuentren en uso.
El Acuerdo suscrito por el Rector General precisa que la aplicación y seguimiento de estas medidas será responsabilidad de las personas titulares de cada dependencia universitaria.