*El diputado del PAN Gerardo García Henestroza, exigió al gobierno del estado y federal, no permitir más actos de chantaje y amenazas de la dirigencia magisterial de la Sección 22 de la CNTE
Ignacio Martínez Platas /AGENCIA JM
Oaxaca.- El presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Congreso de Oaxaca, Gerardo García Henestroza, exigió al gobierno del estado y federal, no permitir más actos de chantajes y amenazas de la dirigencia magisterial de la Sección 22 de la CNTE, luego de que en su Primer Congreso Político Extraordinario, determinaron de manera declarativa boicotear las elecciones del 5 de junio.
Luego de que en la víspera, en el Congreso Político Magisterial, en las mesas de debates se determinó no permitir la instalación de casillas en los centros escolares y también aprobó el “voto de castigo” en contra de todos los partidos políticos, a excepción del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con quien buscarían una alianza electoral.
El diputado local, precisó que con éstas determinaciones se deja al descubierto que Andrés Manuel López Obrador es el orquestador de ésta campaña sucia que va en contra del derecho ciudadano al libre sufragio para favorecer a su Partido, y obviamente está detrás de la dirigencia magisterial de la CNTE.
Por ello exigió, ahora sí, la aplicación de las Leyes para poner un alto a los chantajes y amenazas de la dirigencia magisterial, sobre todo, ahora que se ha recuperado la rectoría educativa en Oaxaca con el apoyo del Gobierno Federal.
Agregó que los centros educativos no son propiedad del magisterio, fueron construidos con los impuestos del pueblo para que las niñas y niños puedan contar con espacios educativos para su aprendizaje y el hecho de instalar casillas electorales en las escuelas, es parte de un ejercicio cívico en base a un derecho constitucional.
Al destacar que los acuerdos propuestos en el Primer Congreso Político Extraordinario de la Sección 22 de la CNTE, sólo son de carácter declarativo y no tienen ningún carácter resolutivo, la dirigencia magisterial estaría incurriendo en delitos penados por las Leyes, por lo que exigió al gobierno del estado y al gobierno federal, a actuar con apego al Derecho y no permitir más actos delictivos y con ello, la impunidad.
