* Se concedió amparo a Othón Nazariega Segura; la Juez Primero de lo penal ordena que Roberto Abel Jiménez sea excarcelado del CEFERESO número 03 y ordena que lo trasladen de manera inmediata al penal estatal de Miahuatlán; Juan Carlos Orozco Matus, podría alcanzar auto de libertad

AGENCIA JM

Oaxaca.- En un comunicado conjunto, el Comité de Familiares de los Presos Políticos “28 y 29 de Octubre 2015”; la Comisión Política de la Sección 22 del SNTE; y la Asociación Civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, informaron de la situación actual de los profesores detenidos en octubre de 2015, y evidencian la criminalización de la protesta social.
Han transcurrido más de 5 meses de la detención arbitraria e ilegal de los profesores de la Sección 22, ocurrida el 28 y 29 de octubre de 2015, Efraín Picazo Pérez, Othón Nazariega Segura, Roberto Abel Jiménez García y Juan Carlos Orozco Matus, quienes actualmente se encuentran privados de su libertad en el CEFERESO número 13 con sede en Miahuatlán, Oaxaca enfrentando 4 procesos del fuero común y 5 del fuero federal.
Los firmantes refieren que a lo largo de estos cinco meses han recurrido a diversas instancias para denunciar y documentar las graves violaciones a derechos humanos de que han sido objeto los cuatro profesores, desde el momento de su ilegal detención y sus ilegales traslados al CEFERESO de Almoloya y de ahí al CEFERESO de Miahuatlán, Oaxaca, donde han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, al grado de ni siquiera tener papel higiénico para su aseo personal.
Informa el comunicado que a lo largo de estos meses se han tenido diversas reuniones de trabajo con la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Unidad de DH de la SEGOB, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, organizaciones No Gubernamentales Estatales y Nacionales, entre otros.
Se explica que por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria y las Relatorías de Libertad de Expresión, Asociación y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitieron un llamado urgente al gobierno Mexicano para que, dentro de otras cosas, se garantice su derecho humano al debido proceso, condiciones dignas en los lugares de detención y garantizar el derecho de presunción de inocencia.
Por otro lado informan que dentro de las diversas estrategias de derechos humanos y legales se tienen las siguientes resoluciones a favor de los profesores:
Se concedió amparo a Othón Nazariega Segura 116/2015 del índice del juzgado segundo de distrito con residencia en Jalapa, Veracruz, para efecto de que se deje insubsistente la orden de aprehensión del 9 de octubre de 2015, dentro de la causa penal 145/2015, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal con residencia en Ixcotel, Centro Oaxaca, por carecer de fundamentos y motivación, lo que pone en evidencia el síntoma de criminalización de la protesta social y además denota la utilización del sistema de administración de justicia del estado de Oaxaca.
Mediante auto de fecha 5 de abril del 2016, la Juez Primero de lo penal ordena que Roberto Abel Jiménez sea excarcelado del CEFERESO número 03 y ordena de nueva cuenta a la Secretaría de Seguridad Pública para que lo trasladen de manera inmediata al penal estatal número 13 de Miahuatlán, Oaxaca, por lo que se exige a la SSP que cumpla de manera inmediata con dicho mandato a efecto de que se eviten mayores violaciones a sus derechos humanos.
Este martes se llevó a cabo la audiencia de vista en el Primer Tribunal Unitario, en el Toca Penal 18/2016, mediante el cual se revisa el auto de formal prisión que dictó el juez séptimo de Salina Cruz Oaxaca en contra de Juan Carlos Orozco Matus, y toda vez que no existen elementos para mantenerlo privado de su libertad, se espera que sea revocado y ello redunde en dictar auto de libertad en su favor.
Los firmantes del comunicado refrendan seguir evidenciando y denunciando el patrón de detención arbitraria, violaciones a derechos humanos y criminalización de la protesta social, pues el accionar jurídico y de derechos humanos lo pone en evidencia.
Cabe destacar que los ojos de la comunidad internacional están en diversos casos de Oaxaca y éste es un caso paradigmático que así lo evidencia.