*Subsanar las deficiencias de cobertura, agravadas por la COVID-19, requerirá de nuevas fuentes de financiación, según un nuevo estudio de la OIT.

GINEBRA.– A fin de garantizar al menos la seguridad básica del ingreso y el acceso a una asistencia sanitaria esencial para todos, tan sólo en 2020, los países en desarrollo deberían invertir aproximadamente 1,2 billones (millones de millones) de dólares – 3,8 por ciento de su PIB en promedio – señala una nueva reseña de políticas de la OIT.

Desde el brote de la pandemia de COVID-19 , el déficit de financiamiento de la protección social ha aumentado en alrededor 30 por ciento, según la hoja informativa Brechas en el financiamiento de la protección social: estimaciones mundiales y estrategias para los países en desarrollo en el contexto de la crisis de la COVID-19 y más allá .

Este déficit es consecuencia de un incremento de la necesidad de servicios de asistencia sanitaria y de seguridad del ingreso para los trabajadores que perdieron su empleo durante el confinamiento y la disminución del PIB causada por la crisis.

La situación es particularmente grave en los países de bajos ingresos los cuales necesitarían gastar cerca de 16 por ciento de su PIB – alrededor de 80.000 millones de dólares – para subsanar el déficit.

A nivel regional, la carga relativa de cerrar la brecha es especialmente alta en Asia Central y Occidental, África del Norte y África Subsahariana (entre 8 y 9 por ciento de su PIB).

Aún antes de la crisis de COVID-19, la comunidad mundial no estaba cumpliendo con los compromisos jurídicos y políticos en materia de protección social que había asumido tras la última catástrofe mundial, la crisis financiera de 2008.

En la actualidad, sólo 45 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social. El resto de la población – más de 4.000 millones de personas – está completamente desprotegida.

Las medidas nacionales e internacionales para reducir el impacto económico de la crisis de COVID-19 han proporcionado asistencia financiera a corto plazo. Algunos países han buscado fuentes innovadoras a fin de incrementar el espacio fiscal para extender la protección social, tales como impuestos al comercio de grandes empresas de tecnología, imposición unitaria a las empresas multinacionales, impuestos sobre las transacciones financieras o los billetes de avión. Con las medidas de austeridad que se están adoptando aún durante la crisis actual, estos esfuerzos son más apremiantes que nunca, señala el estudio.

“Los países de bajos ingresos deben invertir 80.000 millones de dólares aproximadamente, alrededor de 16 por ciento de su PIB, a fin de garantizar al menos la seguridad básica del ingreso y el acceso a una asistencia sanitaria esencial para todos”, declaró Shahrashoub Razavi, Directora del Departamento de Protección Social de la OIT. “Los recursos nacionales distan de ser suficientes. Subsanar el déficit de financiamiento anual precisa de recursos internacionales basados en la solidaridad mundial”.

La movilización a nivel internacional debería complementar los esfuerzos nacionales, sostiene la OIT. Las instituciones financieras internacionales y los organismos de cooperación para el desarrollo ya han introducido diversos paquetes financieros a fin de ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a abordar los numerosos efectos de la crisis, en particular en los países de bajos ingresos.