Ciudad de México.- El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo económico prometen que en su administración se fijará un precio para la gasolina para todo el año, ajustado a la inflación, que evitará que varíe diariamente como sucede en la actualidad.

No obstante, especialistas en materia energética y presupuestaria advierten que conseguir esto daría revés al proceso de liberalización de los precios que inició con la reforma energética, y pondría en riesgo inversiones en el mercado.

La clave para lograr el objetivo planteado estará en un ajuste que hará la Secretaría de Hacienda al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) que aplica a las gasolinas, de acuerdo al comportamiento de variables que determinan su precio en el mercado como el tipo de cambio y el precio del petróleo, según lo que explicó Carlos Urzúa, futuro secretario de Hacienda el viernes pasado.
“Cuando suban estas dos variables Hacienda cobraría una cuota de IEPS menor a la que debe cobrar, perdiendo ingresos, pero cuando bajen, se tiene oportunidad de subir la cuota de este impuesto y recuperar ingresos, algo que se hace en la actualidad para suavizar los precios”, explicó Adrián García, del Centro de Investigación Económica y Presupuestario (CIEP).
Estos son los tres riesgos económicos que puede implicar el congelamiento de precios, según expertos:

1.- Menor atractivo para la inversión
Considerando que uno de los objetivos de la reforma energética fue liberalizar los precios, regresar a que el gobierno establezca un precio resta el atractivo porque así los particulares no pueden fijar sus precios con base en la elección de su distribuidor y de sus costos logísticos, refiere Miriam Grunstein, académica asociada al Centro México de Rice University.

“El factor para la inversión son los precios, si empiezan a jugar con las señales de estos se destruye el mercado”, advirtió la especialista en energía.

A raíz de la reforma energética y desde 2016, el precio de los combustibles ha pasado por distintos procesos para su liberalización.

Apenas en 2017, Hacienda fijaba un precio máximo para las gasolinas por regiones, y a partir de 2018, su precio comenzó a variar diariamente (como sucede hasta ahora), pero esto no significó una apertura total, porque Hacienda aún sube o baja el impuesto cada semana, refiere Ramses Pech, consultor en energía.
2.- Desequilibrio en las finanzas públicas
Bajar el IEPS para mantener en un nivel el precio de la gasolina disminuye la recaudación para Hacienda, que además, tendría que desembolsar dinero (subsidiar), si los factores externos como el dólar y el petróleo, provocan que la gasolina suba más que la inflación, advierte Pech.

“Si se mantienen elevados los precios del dólar y el crudo, el gobierno va a tratar de usar el IEPS para mantener los precios, en vez de cobrar el total de lo previsto, se vería una caída en la recaudación”, dijo Matthew Walter, analista de Moody´s.

Eso podría poner en aprietos a las finanzas públicas del próximo gobierno que ha sostenido que mantendrá un superávit primario, es decir, un saldo positivo entre los ingresos y el gasto público, sin considerar el costo de la deuda, comentó Pech.

El desbalance también tendría consecuencias para las finanzas de los estados, los cuales recibirían menos recursos por transferencias del gobierno federal, advirtió la calificadora de crédito Moody´s en un reporte.

3.- Incumplimiento de tratados comerciales
Controlar los precios también significaría incumplir acuerdos estipulados en tratados con otros países, dice Sergio Luna, director de Estudios Económicos de Citibanamex.

En nuevas versiones de tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) ya se ha comprometido la libre fluctuación de precios de combustibles, y en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hay un capítulo para las inversiones en materia energética.

“Este tipo de políticas (controlar los precios) podrían hacer que algunas empresas aleguen que México, por una parte abre el mercado para permitir la competencia, pero por otra parte está dando apoyos fiscales”, refirió el economista.

Esto podría ser demandado bajo términos de defensa comercial establecidos en los propios tratados internacionales, agregó Luna.