Por Lizbeth Álvarez Martínez
México, febrero (SEMlac).- Decenas de mujeres solicitantes de protección internacional en México y Estados Unidos, que escapan de su país originario por violencia, viven un calvario, ya que tienen que esperar sus procesos durante períodos prolongados, en circunstancias precarias y peligrosas, en las fronteras norte y sur mexicanas, como violencia de género, secuestros, extorsiones, agresiones sexuales, separación familiar, y falta de acceso a la salud, esto como resultado de las políticas migratorias implementadas por ambos gobiernos.
De acuerdo con el reporte “Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021”, elaborado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), y publicado en el contexto del primer aniversario de las órdenes ejecutivas sobre migración y asilo del presidente Joe Biden, el reporte expone como ambos gobiernos han incumplido sus promesas de una migración segura, ordenada y humana, dejando a miles de mujeres “atrapadas en la incertidumbre y el peligro”.
El informe detalló cómo las políticas de contención y disuasión de la migración han derivado en medidas más restrictivas que impiden a las mujeres y sus familias obtener protección en ambos países, y las revictimiza al obligarlas, nuevamente, a vivir situaciones de violencia.
Jessica, una hondureña que permanecía en una estación migratoria de la Ciudad de México, describió cómo a ella y a una amiga las habían detenido elementos de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez después de ser expulsadas de Estados Unidos. Los agentes abusaron sexualmente de ellas. Estuvieron detenidas en una estación migratoria en esa ciudad durante dos meses antes de ser trasladadas a la Ciudad de México, ambas fueron deportadas sin la oportunidad de presentar una denuncia contra los elementos de la Guardia Nacional.
Elena, proveniente de Honduras, trató de tener un lugar para alojarse en los albergues de Tijuana luego de haber sido expulsada de Estados Unidos, pero la rechazaron por falta de capacidad. Ella y su familia trataron de solicitar asilo en Estados Unidos, pero fueron expulsadas por la Patrulla Fronteriza a Tijuana donde un perro rabioso atacó y mató a su hijo de 20 meses de edad.
“Empujar a las mujeres a situaciones de vulnerabilidad en las que tienen que esperar en condiciones peligrosas e insalubres con sus familias mientras se procesan sus solicitudes de asilo en México o Estados Unidos, es contrario al marco de protección que ambos gobiernos se han comprometido a implementar. En lugar de sufrir violencia reiterada y excesiva, las mujeres deberían recibir protección, documentación y acciones que les permitan integrarse a la sociedad. Ninguno de los gobiernos carece de mecanismos legales adecuados para evitar estos escenarios, carecen de voluntad política”.
La Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) afirmaron que el gobierno de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador deben revertir el rumbo de sus políticas y adoptar medidas que restablezcan y fortalezcan sus sistemas de asilo, ampliando las vías complementarias para la protección.
WRC e IMUMI hicieron un llamado a la administración Biden a restablecer el acceso al asilo en la frontera con México y a poner fin a las expulsiones bajo Título 42 y revertir la reinstalación del Protocolo “Quédate en México” para que las mujeres y sus familias puedan solicitar protección con seguridad; y a la administración de López Obrador a fortalecer su sistema de asilo, facilitar la emisión de visas humanitarias para garantizar que las solicitantes de asilo, las víctimas de delitos y la niñez tengan documentos de estancia regular en el país, y detener el uso de la Guardia Nacional en labores de control migratorio.
En 2021, en México la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió un incremento histórico de 131.448 solicitudes de asilo, de las cuales 41 por ciento fueron de mujeres y 24 por ciento de niñez y adolescencia.
En Estados Unidos, desde que se inició la administración de Joe Biden, se han expulsado personas más de 1 millón 100.000 veces, incluidas las más de 187.000 expulsiones de madres y padres de familia con hijas e hijos, a quienes se les negó la oportunidad de solicitar protección en ese país.
