*Los cambios quedaron relegados por intereses personales
Adrián Ortiz Romero Cuevas
Oaxaca.- Han pasado exactamente nueve años de la incursión de la entonces denominada Policía Federal Preventiva a la capital oaxaqueña, para disolver los disturbios que encabezaban los profesores de la Sección 22 del SNTE, e integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca. En aquel momento, un mes y medio de presencia policiaca terminó con las afectaciones a terceros, y desactivó las acciones de los inconformes. Pero a la distancia, tendríamos que preguntarnos en dónde quedaron los postulados y aspiraciones que dieron vida a este movimiento social y, a la luz de los hechos recientes, en qué derivó aquella histórica protesta magisterial.
Las preguntas no son ociosas. Porque si alguien pagó los costos y las consecuencias de ese movimiento, fueron no sólo el gobierno estatal (que habiendo o no razón, fue vilipendiado y linchado de todas las formas posibles ante la opinión nacional e internacional), la administración federal (que fue la encargada de decidir la presencia policiaca, y quien cargó con el costo político de diversos actos calificados como “represión”), la Sección 22 (que puso las bases de organización, y que sostuvo su presencia aún en los momentos de mayor incertidumbre), y la Asamblea Popular, que fue el órgano que abanderó protestas, que generó el emblema del movimiento, y que aportó a los reprimidos de ese conflicto.
En realidad, lo que se ha reconocido poco pero ha sido una gran carga para Oaxaca, es que quien pagó los mayores costos por ese turbulento episodio, fue la ciudadanía. Y, en todo caso, es a ésta a quien se le tendría que ofrecer por lo menos una explicación de dónde quedó la secuela de aquellos aciagos momentos.
Pues contrario a lo que muchos consideran hoy, el conflicto magisterial de 2006 no se generó a partir de demandas de democratización. En realidad, la pugna entre el magisterio de la Sección 22 del SNTE y el Gobierno del Estado, comenzó cuando hubo un desacuerdo en los arreglos económicos a los que anualmente llegaban. Una vez agotadas las posibilidades de negociación, cada uno comenzó a mover sus propias piezas políticas para obligar al adversario a cumplir con sus pretensiones.
Visto a la distancia, es claramente perceptible que cuando se agotaron los canales de diálogo entre el magisterio democrático y el gobierno estatal —y ante la total inacción federal que asumía que el tema magisterial era local— comenzó a rondar el fantasma de la acción policiaca. Y paradójicamente, la represión fue buscada por ambos grupos: el Gobierno del Estado consideró la intervención de las fuerzas del orden, para dar una imagen pública de autoridad y determinación; y la Sección 22, para tener motivos con los cuales hacer escalar sus protestas, hasta lograr los objetivos inicialmente trazados.
Esa represión ocurrió el 14 de junio de 2006. Un desastroso operativo policiaco enfrentó a los profesores que se mantenían en plantón en el primer cuadro del Centro Histórico en la capital oaxaqueña. Los mentores terminaron replegando a los elementos de la entonces Policía Preventiva del Estado. Y al ser derrotadas las fuerzas del Estado, los profesores tuvieron la posibilidad de comenzar a ondear banderas de tipo político, que hasta entonces se encontraban ausentes de cualquier protesta o inconformidad magisterial o de los grupos que luego se unieron para encabezar las exigencias del conflicto social.

¿LUCHA POR EL BIEN COMÚN?
Teóricamente, un hecho que implica la necesidad de buscar y obtener el bien común, adquiere la calidad de “hecho político” y, por lo tanto, es de la incumbencia de toda la comunidad en la que ocurre. Si esa concepción la llevamos a los ejemplos tangibles, basados en la realidad, y los sometemos a cuestionamiento, entonces podremos concluir si éstos tienen una connotación de búsqueda del bien común en sus aspiraciones y poseen la capacidad de llevarlos a los hechos, o si todo se queda en simples ideales o cuestiones sin sustento.
Habría que pasar por ese tamiz lo ocurrido en 2006. Nueve años después, puede verse con total claridad que lo que fue un movimiento que verdaderamente tuvo respaldo social, y que gracias a ello abanderó causas de democratización y replanteamiento de los límites y las prácticas abusivas del gobierno, hoy no parece ser sino un mal chiste de lo que, en otros tiempos, fue un auténtico dique de resistencia que, además, prometía plantear los cambios políticos, legales y democráticos que eran urgentes para nuestra entidad.
No está de más seguirlo preguntando. Lo real, más allá de los idealismos, radica en que ni los profesores de la Sección 22, ni quienes integraron la APPO, tuvieron los elementos y la lucidez suficiente para entender que los cambios de fondo para beneficio de la sociedad, no ocurren cerrando calles o encabezando protestas o acciones de lucha, que luego son reproducidas por la prensa nacional e internacional y merecen la solidaridad de grupos disidentes de otros países. Esos cambios ocurren, fríamente, cuando se puede comprender de modo eficaz la lógica del poder, y se decide actuar dentro de ella para —como dicen los clásicos— generar los cambios desde dentro.
Uno y otro grupo, en estos últimos años, han sido incapaces de comprender que los cambios reales, para bien o para mal, ocurren únicamente por la vía institucional, o por los caminos de la verdadera violencia insurreccional. Todos sus postulados y aspiraciones se quedaron simplemente en eso, porque fueron incapaces de sumarse a las fuerzas que representan el acceso al poder.
Así, tal parece que su desconfianza y lejanía hacia los partidos políticos, su ánimo poco racional por criticar sin construir, y sus anhelos infundados de conseguir todo lo que se proponían, o simular que lo buscaban, a través de marchas, plantones y pancartas, los llevaron únicamente a dejar constancia de cómo se puede llegar a nada cuando una parte importante de una comunidad le apuesta a un todo.

CAMBIOS POSPUESTOS
Finalmente, es imposible decir que las cosas no han cambiado de 2006 a la fecha en la vida institucional y política de Oaxaca. Pero pudo haber evolucionado más si hubiera habido mayor compromiso tanto de los partidos en el poder, como del magisterio, por privilegiar la evolución pública a la satisfacción de sus intereses. Esos cambios pudieron haber sido impulsados y concretados por quienes encabezaron una lucha que para muchos era genuina, y no otorgados como una concesión graciosa del régimen de gobierno en turno, a los que en los últimos cinco años muchas de sus grandes promesas democratizadoras terminaron haciendo agua.