Oaxaca, Estado fallido por la delincuencia y criminalidad

Salvador Flores Durán

 
El doctor en derecho constitucional y catedrático de la UABJO, Ernesto Serna García, acusó que en Oaxaca como en México, se vive un estado fallido por el imparable crecimiento de la delincuencia y la criminalidad, y consideró que en Oaxaca se le abrieron las puertas a los grupos delictivos desde el 2006.

 
En entrevista, el abogado planteó que en ambos casos el Ejecutivo ha sido omiso para atender la problemática que afecta a toda la ciudadanía, porque las policías, que dependen directamente del Ejecutivo, están coludidas con la delincuencia organizada, “abusan a la ciudadanía pero no hacen frente a los grupos delictivos”, acusó.

 
El catedrático de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, señaló que la inseguridad es producto de lo que el Estado mexicano ha dejado de hacer, “la ley establece que los servicios públicos los debe prestar el Estado, algunos los concesiona, pero nosotros como contribuyentes no recibimos lo que el estado mexicano está obligado a proporcionarnos”.

Oaxaca, Estado fallido por la delincuencia y criminalidad
Dijo que cuando los ciudadanos y contribuyentes no recibimos nada a cambio por el pago de nuestros impuestos, estamos en “un estado fallido, no queda la menor duda. Incluso los ricos de México se van a Estados Unidos a vivir porque ahí tienen seguridad, ahí no se sienten amenazados o en riesgo de que los secuestren, los roben o asesinen”.

 
Serna García explicó que la situación de violencia y crímenes que se registran en Oaxaca es parte de la ausencia de gobierno, fenómeno que ocurre en el año final de los gobiernos en los estados como en el país.

 
“Es una práctica del estado mexicano en el último año de gobierno, el gobernador y el presidente, no gobiernan, en este caso es muy grave.Creo que ante este clima de inseguridad quien puede hacer algo es el gobierno federal porque tiene los recursos para hacerlo, pero el gobierno federal lo que hace es apagar fuegos tiene demasiados frentes, por las demasiadas las torpezas del presidente”, explicó.

 
Como se informó en Tiempo, Oaxaca ocupa el 5° lugar nacional en la estadística de homicidios de enero a junio, y es el noveno lugar en las cifras de homicidios dolosos, lo que nos ubica como uno de los estados más violentos de México.Julio, el “mes de la Guelaguetza”, se convirtió en el más crítico por 33 asesinatos en lo que va del mes.

Oaxaca, Estado fallido por la delincuencia y criminalidad (2)
En Oaxaca se han registrado hasta junio de este año, 922 homicidios, de los cuales 431 son dolosos y 491 culposos, según el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2016, elaborado por el Centro Nacional de Información, que comprende cifras de enero a junio, por lo que se ubica como el quinto estado con más muertes violentas.

 
El abogado señaló que hace poco Andrés Manuel López Obrador decía que a Gabino Cué lo salvaba que “no era un represor, pero parece que ahora ya no lo salva, con los acontecimientos recientes de Nochixtlán, donde hubo muchos muertos”.

 
En Oaxaca, el gobierno que creíamos muchos electores que era el del cambio, sí sólo el de la alternancia, “no hay que decir muchos adjetivos si no los hechos por sí solos hablan”, cuestionó.

 
La situación de criminalidad, dijo, señala que Oaxaca es un estado fallido, “no como una cuestión retorica sino descriptiva,son las estadísticas. La gente no sale si es de noche y la gente vive atemorizada”

 
Dijo que el problema de la delincuencia organizada se inició “desde el 2006.Llegaron muchos grupos, no me consta, pero la vox populi señala que se establecieron en el Mercado de Abasto, la Costa y el Istmo, y concretamente en Salina Cruz y Juchitán. Parece ser que hay mucha delincuencia de ese tipo, porque les abrieron las puertas”.

 
Serna García dijo que la presencia de la delincuencia organizada se manifiesta en ejecuciones y secuestros, “parece ser que Oaxaca no está como Tamaulipas, Jalisco o Michoacán, pero no estamos bien, y ha ido empeorando la situación”.

 
Dijo que como ciudadanos, “exigimos a las autoridades, al Ejecutivo, que es el encargado de la seguridad, que hagan algo. Seguramente el Ejecutivo termina su mandato y se va a ir de Oaxaca como lo hacen todos, los exgobernadores.Recuerdo que Ulises se paseaba antes de ser candidato, ahora todo el tiempo se la pasa en la Ciudad de México o fuera de México, donde tienen seguridad”.

 
Acusó que las corporaciones policiacas han fallado desde hace mucho tiempo en Oaxaca y en el país, “si no los cárteles no hubieran crecido. Hay demasiadas pruebas de cómo han estado coludidos con el crimen organizado y con la delincuencia. Eso todo mundo lo sabe, y en Oaxaca no es la excepción”.

 
Dijo que anteriormente en Oaxaca la situación no era tan grave porque esos grupos no se habían instalado en la entidad.

 
Ante ello Serna García dijo que la ciudadanía tiene que organizarse para enfrentar al poder público “porque se ha vuelto una amenaza para los ciudadanos.No estamos seguros y somos los únicos que podemos defendernos”.

 
Dijo que la situación es más grave porque en México los funcionarios, diputados, magistrados y jueces son inimputables y no se les puede castigar por sus actos y omisiones que afectan a los ciudadanos.

 
“Son inimputables, ni los diputados ni los funcionarios del Ejecutivo ni del Poder judicial pueden ser castigados. Un juez puede hacer lo que le de la gana, prácticamente, y no hay responsabilidad.Ese es un gran problema, las autoridades de todo tipo deben ser responsables y tener una sanción”, recalcó.

 
Dijo que en las leyes hay muchos vacíos que impiden castigar a funcionarios responsables por comisión u omisión “tenemos un montón de normas imperfectas que no contemplan sanciones, y no hay manera de cómo juzgar a los funcionarios del estado por sus irresponsabilidades”.

 
Abundó que la nueva Ley ya acepta el amparo por omisión, por lo que la sociedad civil puede pedir un amparo y exigir a los funcionarios para cumplan con lo que les ordena la ley y tengan responsabilidad sobre sus actos, para dar seguridad y certeza jurídica en el país.

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