Imagen ilustrativa Ciudad de México, 30 de junio de 2022 – La falta de investigación de casos de tortura sistemática en Aguascalientes es uno de los principales retos para avanzar en la erradicación de esta práctica, señala el Informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), presentado el día de hoy a nivel nacional y el día de mañana en la capital de dicha entidad federativa, en el marco de las actividades conmemorativas del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura. El informe, titulado “Hasta perder el sentido: Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014” , es el resultado de un detallado proceso de documentación y acompañamiento integral de la ONU-DH a personas sobrevivientes de tortura.

“El Informe es un testimonio de la valentía de las personas sobrevivientes de tortura en Aguascalientes”, dijo Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH. “Sus voces interpelan a las autoridades para que tomen medidas firmes, contundentes e inequívocas a fin de que estas prácticas no vuelvan a ocurrir”, añadió.

Con base en la documentación realizada, la ONU-DH cuenta con sólidos elementos para afirmar que en dicho período existió una práctica sistemática de tortura y malos tratos, mediante actos organizados, ordenados y planeados desde la entonces Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes, ejecutados por funcionarios de esa y otras instituciones estatales, y con diversos tipos de vinculación de altos mandos de dicha Procuraduría.

Las conclusiones del Informe se basan en casos documentados de al menos 40 personas (33 hombres y siete mujeres) que habrían sido sometidas a tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014. Adicionalmente, la ONU-DH recibió alegaciones creíbles de docenas de casos similares que se habrían presentado en dicho contexto.

La ONU-DH concluyó que, entre 2010 y 2014, en Aguascalientes se implementaron políticas de procuración de justicia incompatibles con los derechos humanos –de forma opaca y sin controles–. El informe señala que esto ocurrió en el contexto de una narrativa oficial de aumento de la violencia y la justificación del uso del arraigo, que funcionó como un mecanismo para ejecutar, continuar y ocultar los actos de tortura y malos tratos.

“Una de las principales lecciones que nos deja el Informe sobre Aguascalientes, es que la implementación de políticas de seguridad y procuración de justicia, sin respeto por las normas de derechos humanos, impide la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que genera una doble injusticia: una para las personas que sufren graves abusos por parte de funcionarios y otra para las víctimas de los delitos, quienes tienen derecho a que las personas verdaderamente responsables rindan cuentas ante la justicia y no se fabriquen indebidamente culpables” dijo el representante de la Alta Comisionada en México. “Estas prácticas lesionan los derechos y expectativas de la sociedad en su conjunto, la cual espera de las instituciones encargadas de protegerles resultados confiables y duraderos con pleno respeto a la ley”, agregó.

A la fecha de publicación de este Informe, ninguna persona ha sido procesada o sancionada por los actos de tortura. En contraste, la mayoría de las personas cuyos casos se incluyen en el Informe están privadas de la libertad y tienen sentencias, algunas con recursos pendientes de ser resueltos.

En cumplimiento de su mandato, la Oficina observa el desempeño estatal a la luz de las normas y estándares internacionales de derechos humanos, plantea recomendaciones y ofrece su asistencia técnica. Corresponde al Estado cumplir con su deber de investigar los actos individuales y determinar las responsabilidades administrativas o penales, en especial en casos de tortura, sobre los cuales la obligación estatal de investigar y sancionar es imperativa y nunca prescribe.  

El Informe incluye un apartado amplio de recomendaciones dirigidas a reparar en forma integral a las personas sobrevivientes de tortura e investigar este delito de oficio y de forma pronta, imparcial, independiente, exhaustiva y con pleno respeto del debido proceso, a efecto de imponer el castigo adecuado a los responsables. Para cumplir con ello, es fundamental que el Gobierno estatal garantice las condiciones para que una investigación de esta naturaleza se materialice.

La ONU-DH reitera su reconocimiento a las personas sobrevivientes de tortura que compartieron su testimonio y refrenda que les seguirá acompañando en su exigencia de verdad, justicia y reparación integral. La ONU-DH recuerda que nadie que haya participado o contribuido con información para la elaboración del Informe debe ser objeto de represalias.

Finalmente, la ONU-DH refrenda su compromiso para seguir brindando asistencia y cooperación técnicas al Estado mexicano y a las autoridades de Aguascalientes tanto para la efectiva implementación de las recomendaciones emanadas de este Informe, como para el continuo cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención, investigación y erradicación de la tortura, seguridad ciudadana, procuración de justicia y reparación integral a las víctimas.