CARTA PÚBLICA
29 de abril de 2015.
C. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos
PRESENTE

Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM); la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género; la Red Nacional de Periodistas y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) nos ponemos en contacto con Usted para manifestar nuestra preocupación por la situación de alto riesgo en la que se encuentra la periodista y defensora de los derechos humanos Jade Ramírez, quien a su vez es Consejera del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)[2].

Es de nuestro conocimiento que a lo largo de su trayectoria Jade Ramírez ha tenido diversas agresiones y amenazas en su contra, vinculadas al periodismo de investigación que realiza, enfocado principalmente a visibilizar violaciones a los derechos humanos y problemáticas sociales en diversas partes de nuestro país.

Cabe destacar que diversas organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión, hemos documentado el incremento de las agresiones contra Jade Ramírez desde 2012, luego del inicio de su participación dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo.

En diversos momentos, la periodista y Consejera ha asumido un papel crítico y propositivo frente a las grandes deficiencias del Mecanismo Nacional de Protección, entre otras cosas se ha manifestado contra la re-victimización de las y los beneficiarios. Lo que la ha colocado como una Consejera “incómoda” al interior de la Junta de Gobierno.

Entre las agresiones de las que ha sido objeto recientemente, se encuentran: “llamadas telefónicas intimidantes, amenazas de agresión física, correos electrónicos con amenazas de muerte para ella y otros colegas cercanos, la presencia de personas no identificadas en su domicilio particular e intervención de su cuenta de correo electrónico”.

Se ha identificado que algunas de las agresiones están vinculadas con su postura crítica frente al actuar del Mecanismo de Protección en casos como el de la defensora Nestora Salgado, Coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, detenida arbitrariamente desde el 21 de agosto de 2013; y a quien en un primer momento se negó a sus familiares acceder al Mecanismo para su protección. Así como en la revisión de casos de periodistas de Veracruz y Guerrero, entre otras entidades, que han sido desplazadas/os y violentadas/os de manera sistemática por los gobiernos locales, cuyos delitos cometidos contra la libertad de expresión no han sido plenamente investigados ni sancionados.

El pasado 7 de marzo de 2015, Jade Ramírez se percató de que la puerta de su domicilio había sido forzada desde el exterior.

Días más tarde, el 17 de marzo de 2015, encontró a las afueras de su casa un sobre amarillo doblado que tenía escrito su nombre “Jade” en la parte superior derecha, al interior del sobre la periodista encontró la siguiente amenaza de muerte: “Resa la cuenta en tus madrugadas porque una no la vas a contar la contraseña ponla en twitter #OD o entramos no siempre te cuidan el trazero”; asimismo encontró una imagen de la defensora cortada en 9 piezas a manera de rompecabezas y con una perforación en la parte del cráneo.

“A pesar de que estos hechos se hicieron de conocimiento de Ia Coordinación Ejecutiva del Mecanismo de Protección, la titular de la Unidad de Evaluación de Riesgos se negó a brindar protección urgente y descartó cualquier acción pues según señaló, se seguiría el trámite marcado en la ley para las solicitudes catalogadas como ‘procedimientos ordinarios’ “.

Ante la omisión de las autoridades de la SEGOB, a las que se suma la falta de respuesta y negligencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), Jade Ramírez se vio forzada a estar en constante desplazamiento o movilidad para permanecer fuera de su lugar de residencia. Esto ha interrumpido sus labores cotidianas de periodismo en detrimento de los temas que aborda y la continuidad de información en los medios donde publica.

La periodista e integrante del Consejo del propio Mecanismo de Protección, con el apoyo de organizaciones civiles, tuvo que diseñar, ejecutar y asumir financieramente los costos de sus propias medidas de seguridad, a fin de salvaguardar su vida.

Cabe recordar que en el Examen Periódico Universal (EPU) realizado a México por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2013, dicho Consejo emitió al Estado Mexicano diversas recomendaciones en materia de libertad de expresión y protección para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos e instó a las autoridades en México a:

“Adoptar medidas eficaces para prevenir todo tipo de violencia contra periodistas o defensores de los derechos humanos”.

De igual forma, la violencia y el ataque que se ejerce contra comunicadoras y periodistas por su labor profesional, ha sido en México particularmente una estrategia para inhibir su ejercicio, interrumpir sus actividades y atomizar los riesgos que implica su trabajo a asuntos personales dejando en la arena del criterio personal, sin protocolos de investigación adecuados, los delitos cometidos contra la libertad de expresión con uso excesivo de violencia de género.

Ante ello, las 180 defensoras de derechos humanos que integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, pertenecientes a 99 diversas organizaciones ubicadas en 22 estados de la República y el Distrito Federal; la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género; la Red Nacional de Periodistas y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) manifestamos nuestra preocupación por la vida e integridad física de Jade Ramírez; así como por las omisiones y actuar de las autoridades federales y exigimos:

Que se implementen de manera urgente, efectiva y eficaz medidas de seguridad que garanticen la vida, seguridad y la labor de Jade Ramírez.
Se inicien las investigaciones necesarias con el objetivo de identificar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones contra Jade Ramírez, en donde se tome en cuenta su labor como periodista y su papel como Consejera del Mecanismo de de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Asumir como asunto prioritario los procesos judiciales ya iniciados desde el año 2010, dado que a la fecha permanecen en total impunidad, lo que ha generado que incremente el nivel de riesgo y la permisibilidad de acción por parte de sus agresores.
Realizar las medidas necesarias en los tres niveles de gobierno para garantizar el derecho a la información y libertad de expresión de las periodistas en México.
Sin más por el momento, quedamos atentas a las acciones que el Gobierno Federal implemente de manera inmediata a favor de la periodista, defensora y Consejera Jade Ramírez.