San Raymundo Jalpan, Oax. febrero de 2024.- La diputada Mariana Benítez Tiburcio propuso una reforma al artículo 17 del Código Penal de Oaxaca, para implementar programas especializados dentro y fuera de los sistemas penitenciarios para la reeducación y reinserción social de agresores de delitos contra las mujeres.

De igual manera, en su iniciativa plantea modificaciones al artículo nueve de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, mediante lo cual busca que se establezca el criterio para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El objetivo de la propuesta es establecer que en la sentencia condenatoria por delitos de violencia de género deberá incluirse la condena al sentenciado de participar en programas de reeducación para facilitar su reinserción social y prevenir la reincidencia.

“Con esta propuesta legislativa nos aseguramos de que quien es liberado de prisión y regresa a la sociedad haya cambiado, haya aprendido, y ya no represente un peligro para las mujeres, y esté listo para contribuir positivamente a nuestra sociedad”, destacó la congresista.

En este contexto, expuso que en 2023 se registraron 38 carpetas de investigación por el delito de feminicidios, 1,728 por delitos contra la libertad y la seguridad sexual y 7,889 delitos contra la familia, mismos que corresponden al 23% del total de carpetas de investigación.

A su vez, detalló que durante 2021 el porcentaje de población que fue sentenciada por algún delito de forma previa fue de 11.7%, lo que se traduce en más de la mitad del promedio nacional de reincidencia delictiva que fue del 20.5%.

“No se trata de ser más indulgentes con los delitos de violencia de género; se trata de ser más efectivos en prevenir su recurrencia y en curar las heridas de nuestra sociedad. Por eso propongo una visión que va más allá del castigo: la reeducación y la reinserción social de quienes han cometido estos delitos”, agregó.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.